El fiscal Gabriel Jaimes, conocido por haber intentado sin éxito cerrar el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, enfrenta ahora una investigación por presuntas irregularidades cometidas en su paso por la Procuraduría. La Corte Suprema de Justicia ha compulsado copias a la Fiscalía General para que determine si Jaimes incurrió en faltas disciplinarias o incluso delitos cuando certificó indebidamente la idoneidad de una contratista inhabilitada.
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Jaimes, quien en 2021 solicitó la preclusión del caso Uribe bajo el argumento de que no había delito, está siendo investigado por un episodio que se remonta a 2010, cuando fungía como procurador segundo delegado para la Casación Penal. En ese entonces, emitió un documento en el que aseguraba que Guiomar Patricia Riveros Gaitán no tenía impedimentos para contratar con el Estado, a pesar de que en 2009 había sido condenada a cinco años de prisión por abuso de confianza. Gracias a esa certificación irregular, Riveros logró firmar un contrato con el Hospital Militar Central, pero más tarde fue condenada por violar el régimen de inhabilidades.
El fallo de la Corte Suprema es contundente: Jaimes «consignó afirmaciones carentes de veracidad» y actuó sin competencia para avalar contrataciones públicas. El alto tribunal también cuestiona por qué un procurador delegado ante la Corte Suprema estaba emitiendo certificaciones de antecedentes cuando esa no era su función.
Por esto la @FiscaliaCol investigaría a Gabriel Ramón Jaimes, a petición de la Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ)@NoticiasUno pic.twitter.com/hV4F0CEF3u
— ¡No más corrupción! (@carlos_franco78) March 3, 2025
Este escándalo se suma al historial de Jaimes, un abogado con más de 30 años en la rama judicial, quien fue designado en 2020 para manejar el caso de Uribe. Su actuación como fiscal generó controversia desde el principio, pues su estrategia siempre pareció orientada a favorecer al expresidente, al punto de solicitar la preclusión del proceso. Sin embargo, los jueces rechazaron su petición en 2022, obligándolo a apartarse del caso.
Ahora, la Corte Suprema pone bajo la lupa su trayectoria y exige que se esclarezca si utilizó su poder para beneficiar a terceros de manera irregular.
