La denuncia fue publicada por Gonzalo Guillén en redes sociales y rápidamente escaló hasta la cuenta del presidente de la República. Según el periodista, Keralty habría citado a empleados no sindicalizados en el hotel Grand Hyatt de Bogotá y, de acuerdo con versiones que dijo haber recibido de asistentes, les habrían exigido conseguir cinco votos para el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Guillén recordó que constreñir al elector es un delito contemplado en el Código Penal y adjuntó una imagen que, según su denuncia, habría sido distribuida a los colaboradores después de la reunión.
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La reacción de Petro fue inmediata y contundente. El mandatario compartió la denuncia y escribió en su cuenta de X que “si Keralty, firma extranjera, está violando la ley colombiana y cometiendo crímenes electorales hay que proceder”. La frase cayó como una bomba en medio de una campaña presidencial cada vez más caliente, marcada por denuncias, acusaciones cruzadas y una creciente preocupación por el papel de empresas privadas, contratistas y estructuras de poder económico en la movilización electoral.
El caso es especialmente delicado porque Keralty es el grupo empresarial detrás de EPS Sanitas, una de las entidades más grandes y discutidas del sistema de salud colombiano. Su nombre ya ha estado en el centro de fuertes choques con el Gobierno Petro por el manejo de recursos, las intervenciones a EPS y el debate nacional sobre la reforma a la salud. Por eso, la sola posibilidad de que una compañía vinculada a un servicio esencial como la salud esté participando en presiones políticas a trabajadores genera un escándalo de enormes proporciones.
Muéranse de la risa
— Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) May 20, 2026
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Para sacar este comunicado tratando de desvirtuar que mandó a sus empleados no sindicalizados a hacerle campaña y buscarle votos a Espriella, Keralty corrió como culebra en un incendio para que los constreñidos quitaran el logotipo que ya habían puesto en… pic.twitter.com/vzgRSRrXxe
Keralty respondió horas después y negó categóricamente las acusaciones. En un comunicado, la compañía calificó lo dicho en redes como una “flagrante mentira” y una “calumnia” que, según la empresa, afecta el buen nombre de la institución y la integridad de sus procesos internos. La organización reconoció que sí realizó un encuentro con más de 1.500 colaboradores, pero aseguró que allí no se promovió ningún candidato, partido o campaña política.
La empresa también sostuvo que el evento estuvo enfocado en respaldar el proceso democrático, el respeto por las instituciones y la autodeterminación del voto. “No existe persona alguna que pueda manifestar que se mencionó un solo nombre, candidato o partido político por parte de quienes intervinieron institucionalmente en el evento”, afirmó Keralty. Además, negó que la pieza gráfica difundida en redes haya sido elaborada o circulada por canales oficiales de la organización.
Sin embargo, el ruido político ya estaba instalado. El problema para Keralty es que la denuncia aparece en un contexto donde la campaña de Abelardo de la Espriella ha sido señalada por presuntas movilizaciones organizadas, buses, contratistas y presiones para llenar eventos. En el material compartido también se mencionan denuncias en audios y videos sobre la concentración política de De la Espriella en Valledupar, donde se habría citado a equipos básicos para asistir al evento y se habría hablado de buses contratados por maquinarias políticas.
Si Keralty, firma extranjera, está violando la ley Colombiana y cometiendo crímenes electorales hay que proceder. https://t.co/ASO0iYOLaN
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 19, 2026
En uno de los apartes del material se advierte que no se puede tolerar que trabajadores públicos o privados sean obligados a participar en política, asistir a eventos o llevar personas “planilla en mano” para llenar concentraciones. Esa frase resume el fondo del escándalo. Una cosa es que un ciudadano vote libremente por el candidato que prefiera y otra muy distinta es que una empresa, un contratista o una estructura de poder presione a empleados para respaldar una campaña presidencial.
El nombre de Abelardo de la Espriella aparece otra vez en medio de una tormenta. El candidato, que ha intentado venderse como una figura fuerte, independiente y ajena a la política tradicional, acumula cuestionamientos por sus apoyos, sus polémicas declaraciones y los sectores que empiezan a rodear su aspiración presidencial. Si se confirma que trabajadores fueron presionados para conseguir votos, el golpe no sería menor. Ya no se trataría solo de simpatías empresariales, sino de una posible vulneración directa a la libertad del elector.
¡El voto no tiene jefe! 🇨🇴
— Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) May 19, 2026
Desde @MinTrabajoCol tomamos atenta nota de la denuncia contra KERALTY por presuntas presiones a trabajadores para conseguir votos en favor de una campaña presidencial. Las debidas labores de inspección, vigilancia y control serán ejercidas en este… https://t.co/nmB9dQP0py
La controversia también revive la dura pelea entre Petro y Keralty. Durante 2025, el presidente lanzó fuertes señalamientos contra Joseba Grajales, presidente del grupo empresarial, por asuntos relacionados con el sistema de salud y presuntos manejos irregulares.
Pero esta vez el punto no es solamente la vieja disputa entre el Gobierno y Keralty. El punto es si una empresa con poder económico, presencia en el sistema de salud y miles de trabajadores puede terminar metida en una campaña presidencial. Petro pidió investigar. Guillén denunció. Keralty negó. Y ahora la pelota queda en manos de las autoridades electorales y judiciales, que tendrán que establecer si hubo una reunión empresarial normal o si detrás de ese encuentro se escondía una maquinaria de presión política.
