En una decisión que sacude el panorama de la justicia transicional en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha remitido al Tribunal de Paz a 22 personas acusadas de ejecutar a inocentes y presentarlos como bajas legítimas en combate. Entre ellos figuran 11 oficiales militares, el exdirector seccional del DAS Orlando Rivas Tovar y dos civiles que sirvieron como piezas clave del engaño mortal contra comunidades campesinas.
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El epicentro del escándalo es el subcaso Casanare, donde la Sala de Reconocimiento de Verdad impuso su fuerza acusatoria sobre el general en retiro del Ejército Henry William Torres Escalante y otros 18 militares, señalados de estar detrás de nada menos que 318 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’. A este listado se suman Orlando Rivas Tovar, y los civiles Wilson Rodríguez y Miguel Fernando Ramírez, quienes engañaban víctimas para entregarlas a cuerpos militares con fines homicidas.
La JEP estableció que estos perpetradores ya aceptaron las imputaciones que cargan sobre sus espaldas, por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, y por tanto, están habilitados para recibir sanciones restaurativas ante el Tribunal de Paz. Pero ojo: esas sanciones no implican prisión, sino castigos simbólicos orientados a reparar el daño brutal infligido.
La Sala de Reconocimiento de la JEP remitió al Tribunal para la Paz a 19 exmiembros de la fuerza pública, dos civiles y un exdirector seccional del DAS para que reciban sanciones propias, tras reconocer su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ de Casanare. Entre ellos, el… pic.twitter.com/FBX42UGqah
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 9, 2025
Las víctimas han sido testigos del desfile macabro: agentes del Ejército que, disfrazados de luchadores del deber, actuaban con saña institucional para inflar los “resultados operacionales”. Torres Escalante comandó la Brigada 16 entre diciembre de 2005 y junio de 2007, lapso en el cual ocurrieron múltiples desapariciones y muertes que luego se disfrazaron como “combate”. Durante su gestión, unidades como el Batallón ‘Birno 44’ y el Gaula Casanare fueron artífices del engaño, en colaboración con el DAS y redes de informantes civiles.
Una directiva interna del Ejército alentaba estas artimañas: recompensas, condecoraciones y reconocimientos “por resultados” empujaban a oficiales y soldados a priorizar las muertes sobre las capturas. Organizaciones de derechos humanos ya habían denunciado esos incentivos perversos.
Seis de los imputados enfrentarán cargos por crímenes de guerra añadidos: torturas y tratos crueles antes del asesinato de sus víctimas, según hallazgos de la JEP. El magistrado Óscar Parra reveló que estos militares ya reconocieron los hechos en el proceso transicional.
Este relato del gral (r) Henry Torres Escalante aceptando su responsabilidad en decenas de ‘falsos positivos’ es escalofriante y doloroso.
— Camilo Romero (@CamiloRomero) September 20, 2023
Es la ratificación de que Colombia fue engañada y que la vieja política hizo del Estado un aparato criminal.
¡Nunca más las armas del… pic.twitter.com/CQgmRQtn4Q
Curiosamente, dos comparatros no aceptaron la responsabilidad en un inicio: el coronel Cipriano Peña, quien falleció en 2023, y el coronel Germán Alberto León Durán, quien fue remitido a la Unidad de Investigación. No obstante, León Durán finalmente admitió su responsabilidad, lo que lo reincorpora al coro de acusados. Dos más, el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo y el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes, siguen siendo sujetos de examen por parte de la Sala de Reconocimiento, y en el caso de García se abrió un incidente por reconocer haber mentido.
Estas imputaciones se suman al hecho de que ya hay 29 imputados en este subcaso, con un universo de 612 víctimas reconocidas. En abril pasado, la JEP ascendió otra tanda de oficiales al Tribunal de Paz por hechos similares. Algunos ya respondieron, otros guardan silencio.
Uno de los elementos más provocativos de esta decisión es que el Tribunal deberá decidir si revocar las condecoraciones y felicitaciones que esas personas recibieron por “resultados” fraudulentos. El Ministerio de Defensa fue instado a actuar en consecuencia.
En cuanto a reparación, las víctimas lograron imponer sus voces: la mesa de concertación en Yopal definió proyectos simbólicos y materiales: un Parque Memoria y Paz, una Universidad de la Memoria y la Justicia, monumentos al campesino, y acciones de búsqueda e identificación de desaparecidos. El general Torres Escalante, incluso, solicitó devolver una medalla que le otorgaron por operaciones que resultaron estar teintadas de sangre inocente.
Pero lo que también sacudió el país fue la explosiva confesión pública de Torres Escalante ante la JEP en 2023. El oficial no escatimó en apuntar a poderes mucho más altos, y dejó al descubierto una red de presiones que involucraba a Álvaro Uribe Vélez, al Ministerio de Defensa y a altos mandos militares: “Decía que si no podíamos con el cargo, pues que avisáramos para que pudiera gestionar un relevo. Entonces eso era presión por el cumplimiento”, dijo Torres Escalante.
ATENTOS | Por primera vez un militar de tan alto grado, como el General (r) Henry Torres Escalante, confirma ante la @JEP_Colombia que se cometieron crímenes atroces en cumplimiento de las órdenes del entonces presidente Uribe.#UribeDioLaOrden pic.twitter.com/zRlOVLr9TB
— Maria Niny Echeverry (@Marianiniecheve) September 20, 2023
Y lanzó su bomba: “En honor a esas personas que murieron entre 2005 y 2008, más que nunca acepto mi máxima responsabilidad como máximo comandante. Después de haber conocido todas las atrocidades que se estaban cometiendo allá, yo tenía el poder para haberlas parado y no lo hice; por el contrario.”
Uribe no tardó en responder en ese momento. En un video divulgado en sus redes, defendió su gestión y arremetió contra la JEP: “El diseño de la JEP estimula en aras de la libertad a reconocer incluso delitos no cometidos”. También aseguró: “Nunca fui pasivo ante las quejas sobre violación de derechos humanos”.
Finalmente, el expresidente rechazó acudir ante la JEP para responder por estos crímenes. Dijo que no reconoce esa jurisdicción.
Queda claro: el caso Casanare, que revela el rostro más oscuro de los falsos positivos, se traslada ahora al Tribunal de Paz. Allí se decidirá el destino simbólico y restaurador de quienes orquestaron sistemáticamente matanzas disfrazadas de heroísmo. Si las sanciones serán verdaderas, solo el Tribunal lo determinará. Pero lo que no admite duda es que Colombia y las víctimas han dado un paso gigantesco en la búsqueda de verdad, reparación y justicia contra los verdugos del pasado.
