Juez argentino da luz verde a querella contra Álvaro Uribe por crímenes de lesa humanidad

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 de Buenos Aires reconoció a las víctimas de la querella contra Álvaro Uribe Vélez, permitiéndoles participar en el proceso por crímenes de lesa humanidad.

El 1 de julio de 2024, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 de Buenos Aires, Argentina, dio un paso decisivo al reconocer a las víctimas que presentaron una querella contra Álvaro Uribe Vélez en noviembre de 2023. Invocando el principio de Jurisdicción Universal, el tribunal admitió que las víctimas tienen pleno derecho a participar en el proceso, afirmando que “poseen la facultad de ejercer el derecho de querella de acuerdo a los vínculos particulares acreditados en autos”.

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Las denuncias presentadas por las víctimas encuadran en las conductas tipificadas por el Estatuto de Roma, que establece una Corte Penal Internacional para juzgar genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En este caso, se trata de asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

Este avance judicial marca un hito en la lucha de las víctimas del conflicto armado en Colombia, quienes han sido históricamente privadas de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Las víctimas y organizaciones no gubernamentales han presentado esta querella contra Uribe Vélez, acusándolo de permisividad y autorización en la comisión de crímenes como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas durante su mandato.

La querella, presentada el 7 de noviembre de 2023, agrupa a tres colectivos de víctimas: las familias de cuatro víctimas identificadas, siete víctimas sin identificar y tres organizaciones defensoras de derechos humanos: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, y la Corporación Jurídica Libertad.

Ocho meses después, el juez Sebastián Ramos reconoció oficialmente a estas víctimas como partes querellantes, permitiéndoles aportar y practicar pruebas para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades penales. Además, para las víctimas aún no identificadas, se abre la posibilidad de recurrir a expertos para determinar su identidad y localizar a sus familiares.

El proceso judicial se enmarca en la jurisdicción universal, que permite juzgar a autores de crímenes graves cometidos en cualquier parte del mundo. El 13 de noviembre de 2023, el juez Ramos solicitó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional información sobre cualquier investigación existente contra Álvaro Uribe Vélez. El 29 de abril de 2024, la Fiscalía respondió que no hay investigaciones abiertas contra él, lo que fue comunicado oficialmente el 1 de julio de 2024.

El fiscal Carlos Stornelli solicitó, el 19 de diciembre de 2023, la práctica de pruebas contra Uribe Vélez por crímenes de guerra y lesa humanidad, documentando 6.112 casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas durante su mandato, conocidas como «falsos positivos». Esta petición aún espera resolución por parte del juzgado.

La querella sostiene que el gobierno de Uribe Vélez promovió una división de la población entre «amigos» y «enemigos» del Estado, en el contexto de su política de Seguridad Democrática y la llamada «Guerra contra el Terrorismo».

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