¡Juez le da tremendo golpe a Abelardo y ordena devolver las piezas retiradas del Museo Nacional! ¡La censura le quedó en jaque!

La justicia frenó la polémica intervención del Gobierno de Abelardo de la Espriella en el Museo Nacional. Un juez ordenó a la ministra Paola Holguín restituir en 48 horas las piezas retiradas de sus exposiciones. El fallo protege la memoria histórica y cuestiona decisiones motivadas por diferencias ideológicas.

La justicia le puso un límite a la cruzada cultural y de censura de Abelardo de la Espriella. El Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó devolver, en 48 horas desde la notificación, las piezas retiradas del Museo Nacional el 15 de octubre. La ministra Paola Holguín, hija del presunto testaferro de Pablo Escobar, deberá afrontar una decisión que cuestiona el uso de criterios ideológicos para modificar las exposiciones históricas.

El golpe judicial resulta especialmente crítico para una administración que presentó el desmonte como una batalla contra el «wokismo». El juez César Enrique Osorio Ortiz encontró que faltaban soportes curatoriales para retirar las piezas y advirtió que las autoridades no pueden excluir y censurar expresiones culturales por desacuerdo político. La orden obliga a restituirlas mientras se realiza una evaluación institucional debidamente sustentada.

La decisión respondió a las tutelas promovidas por el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, y por integrantes de los colectivos LGBTIQ+ León Zuleta y Revolución en Rosa. Entre los accionantes figuran Jorge Virviescas y Kevyn Muñoz Torres. El despacho protegió la libertad de expresión, el acceso a la cultura, la educación y la memoria histórica, derechos comprometidos por el retiro.

La controversia comenzó cuando desaparecieron de las salas obras y objetos asociados con la paz, los movimientos sociales y la diversidad sexual. Los reportes ofrecen conteos distintos según el alcance del inventario. Se habló inicialmente de más de 30 piezas y luego de más de 40, mientras otros registros hablaban de 63 elementos retirados.

Entre los objetos afectados aparecen el tarjetón de la Séptima Papeleta, símbolo del movimiento que impulsó la Constitución de 1991, y el balígrafo vinculado al Acuerdo de Paz con las Farc. También se mencionaron obras de Alfonso Quijano, Antonio Caro y Miguel Ángel Rojas. Incluso fue retirada la camiseta con la que Lucho Herrera ganó la Vuelta a España en 1985.

Las piezas relacionadas con comunidades LGBTIQ+ tampoco escaparon al desmonte. Se describió una bandera del orgullo gay, una camiseta de un colectivo de madres lesbianas y registros visuales de víctimas del conflicto armado. La intervención alcanzó particularmente la sala «Hacer Sociedad», dedicada a procesos civiles y transformaciones de las últimas cuatro décadas de historia colombiana.

El retiro fue ejecutado por Julián Sterling, secretario general del Ministerio de Cultura, y la directora encargada del Museo Nacional. El problema señalado por el juzgado no fue simplemente el cambio de una exposición. No encontró concepto curatorial ni acta del Comité de Gestión Patrimonial que respaldaran la decisión administrativa sobre las obras.

La ministra Paola Holguín había defendido la intervención alegando que el museo no debía convertirse en un instrumento de adoctrinamiento político. El 18 de octubre sostuvo que la institución debía conservar, restaurar, proteger y socializar la cultura nacional. Pero el fallo encontró que el desacuerdo de una autoridad con determinadas representaciones históricas no constituye, por sí mismo, justificación suficiente para retirarlas.

El juez fue contundente al señalar que la medida no se apoyó en una necesidad propia de la gestión museográfica. Su análisis destacó que la decisión estaba relacionada con el rechazo de una autoridad a expresiones culturales y representaciones de la historia. Para el despacho, ese razonamiento resulta incompatible con el pluralismo y la libre circulación de ideas.

Gabriel Becerra celebró la providencia como «una victoria de la memoria sobre la censura». También declaró que «La memoria histórica no se censura ni se borra por decreto». El representante vinculó el fallo con las memorias de Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, el movimiento LGBT y la juventud que luchó por la Constitución de 1991, entre otros sectores.

La restitución deberá garantizar condiciones técnicas de conservación y respetar los procedimientos internos del museo. El Comité de Gestión Patrimonial tendrá que intervenir dentro de sus competencias en las evaluaciones posteriores. El fallo exige considerar la memoria histórica, el enfoque diferencial y de género, la igualdad y la prohibición de censura, sin impedir futuras modificaciones curatoriales debidamente justificadas.

El despacho ya había adoptado medidas provisionales el 19 de octubre para proteger las piezas y evitar nuevos retiros sin justificación. Ahora dio el paso de exigir su regreso a las salas. No obstante, la sentencia es de primera instancia y puede impugnarse dentro de los tres días siguientes a la notificación, por lo que el litigio podría continuar.

El pronunciamiento también tiene límites que conviene precisar. El juez no obligó a mantener permanentemente todas las piezas ni concedió las solicitudes de disculpas públicas. Pero dejó una advertencia central para Abelardo y Holguín. La memoria nacional no puede reorganizarse únicamente según las preferencias ideológicas del Gobierno. Las decisiones sobre patrimonio exigen razones técnicas, procedimientos y respeto por la pluralidad.

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