En medio de las alertas sobre el futuro del servicio de energía en el Caribe colombiano, el Gobierno Nacional activó una jugada decisiva que marca un antes y un después para la estabilidad del sistema eléctrico. Con la expedición del Decreto Legislativo 0044 de 2025, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cabeza de Felipe Durán Carrón, junto al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y la empresa Air-e, salen al frente para blindar la prestación del servicio y evitar un colapso que habría golpeado directamente a millones de usuarios.
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La medida, de carácter excepcional y temporal, fortalece el Fondo Empresarial de la Superservicios y le permite financiar acciones urgentes para garantizar la continuidad del suministro eléctrico en Atlántico, Magdalena y La Guajira, territorios históricamente golpeados por la inestabilidad del servicio. El decreto establece una contribución del 2,5 % sobre la base gravable, que se realizará en dos pagos, y ordena además que ciertas generadoras hidráulicas destinen el 12 % de la energía vendida en bolsa exclusivamente a respaldar la operación de las empresas intervenidas, una decisión que busca apagar cualquier crisis antes de que estalle.
Desde la Superservicios, el respaldo fue total y sin titubeos. El superintendente Felipe Durán Carrón dejó claro que la prioridad del Gobierno es proteger a los usuarios y evitar riesgos mayores para el sistema. “Total respaldo a la medida del gobierno que busca garantizar la prestación del servicio de energía en el país y evitar posible riesgo sistémico a través de un cobro transitorio de 8 pesos Kw/h a los usuarios del Sistema Interconectado Nacional y que NO afectará a los usuarios de estrato 1 y 2 del país puesto que el pago de estos últimos está condicionado por la Resolución 003 de 2021 que fija unas reglas de juego particulares para estos estratos”, afirmó.
El mensaje es contundente: no habrá golpe a los hogares más vulnerables y sí una acción firme para preservar la estabilidad del sector eléctrico, en línea con las Leyes 142 y 143 de 1994 y la Constitución Política. Bajo el liderazgo del ministro Edwin Palma, la estrategia del Gobierno del Cambio apunta a un sistema más confiable, sostenible y con tarifas justas, mientras Air-e se consolida como pieza clave en la operación y recuperación del servicio en la región Caribe.
Lejos de improvisaciones, el decreto se presenta como una respuesta técnicamente sustentada que busca cerrar la puerta a un riesgo sistémico y abrirle paso a una nueva etapa de orden y responsabilidad en el sector. La Superservicios, el Ministerio de Minas y Energía y Air-e aparecen así alineados en una ofensiva institucional que pone en el centro a los usuarios y envía un mensaje claro: la energía en el Caribe no se deja caer y el Estado está actuando para garantizarla.
