La sede alterna de Abelardo de la Espriella ya tiene oficinas, salas de reuniones, obras de arte, mobiliario nuevo, letreros oficiales y hasta un búnker subterráneo con sala de crisis. Lo que todavía no tiene ante la opinión pública es algo mucho más elemental para una obra vinculada al funcionamiento del Estado, una explicación única, documentada y verificable sobre cuánto costó realmente la intervención, quién puso cada peso y mediante qué mecanismos ingresaron las donaciones privadas.
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El inmueble funciona dentro del Batallón Paraíso, en el sector de Riomar, Barranquilla, sobre un predio militar de aproximadamente 51 hectáreas. La construcción data de 1938 y fue sometida a una rápida adecuación para convertirla en despacho alterno presidencial. De la Espriella comenzó a operar desde allí el 17 de agosto. El problema no es únicamente cuánto se gastó. El verdadero escándalo político está en que las explicaciones entregadas por distintas instituciones no terminan de encajar.
La investigación publicada por CAMBIO reconstruyó una ruta llena de respuestas cruzadas. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, había asegurado en entrevistas a medios nacionales que la administración departamental había aportado algunos recursos y que la mayor parte de las adecuaciones provenía de donaciones privadas. “Bueno, nosotros obviamente que hemos dispuesto de algunos recursos, pero básicamente la mayor cantidad de recursos han sido donaciones que se han venido recibiendo”, dijo Verano.
Mientras me atacan dizque porque soy "antioreligiosa" JAJA.
— Lalis 🐆 (@smilelalis) August 31, 2026
Por que no se toman dos minutos para intentar explicarle al país esto. ¿De dónde salió la plata de la sede presidencial en Barranquilla?
Ni el Gobierno ni las entidades locales concuerdan sobre los recursos del… https://t.co/9XKkO7jtBX
El gobernador incluso identificó públicamente a los hermanos Daes entre los aportantes y aseguró que elementos relacionados con ventanería, puertas y vidrios de seguridad habían sido entregados por ellos. En ese momento también comenzó a circular una cifra cercana a los $2.000 millones como referencia sobre el costo de las adecuaciones. Días antes de la posesión, Verano había señalado además que todavía no existía una cifra definitiva y que la inversión superaría esa suma.
Pero los documentos oficiales posteriores contaron otra historia. El senador Ariel Ávila radicó el 22 de julio un derecho de petición ante la Gobernación del Atlántico para conocer rubros, contratos, convenios, cronogramas y recursos comprometidos. Seis días después, la Secretaría del Interior respondió que tras consultar varias dependencias no encontró “registro, contrato, convenio, compromiso presupuestal, acto administrativo o documento alguno” relacionado con la adecuación.
La Gobernación terminó asegurando que no había destinado, comprometido ni ejecutado recursos departamentales para las obras actuales. La contradicción es evidente. Primero, el gobernador habla públicamente de recursos dispuestos por su administración. Después, la propia Gobernación responde oficialmente que esos recursos no existen dentro del presupuesto departamental para la remodelación de 2026.
Sí de verdad quisiera romper el centralismo y conocer la Colombia de la que muy pocos hablan; ¿Por qué va a montar sus oficinas VIP en el norte de Barranquilla, en el corazón de Medellín y en las zonas más cómodas de Cali?
— Wally. (@MeDicenWally) July 22, 2026
Si tanto le interesa el territorio, ¿Por qué no abre una… pic.twitter.com/PTxiju7E2b
Una segunda contestación entregada el 10 de agosto intentó explicar el aparente choque. Según la administración departamental, los aproximadamente $2.000 millones mencionados correspondían realmente a inversiones realizadas entre 2008 y 2010, hace unos 16 años, y no a las obras ejecutadas para convertir el Batallón Paraíso en sede presidencial. El dinero, literalmente, empezó a cambiar de época dependiendo de la respuesta consultada.
La Gobernación también sostuvo que las remodelaciones recientes se habrían financiado mediante aportes privados entregados directamente a la Segunda Brigada del Ejército. Pero apareció un nuevo vacío. La administración departamental aseguró que no tenía el listado detallado de las empresas donantes, ni sus NIT, ni el valor individual de los aportes, ni los instrumentos jurídicos mediante los cuales fueron formalizados.
Eso resulta particularmente difícil de explicar cuando Eduardo Verano sí había mencionado públicamente a algunos empresarios e incluso había detallado qué materiales habrían aportado.
El representante del Pacto Histórico Daniel Monroy intentó seguir la ruta de esas donaciones. Después de preguntar a la Gobernación, acudió el 11 de agosto directamente a la Segunda Brigada y solicitó identificar el origen de los recursos, responsables de las obras, empresas aportantes, contratos de donación, actas de recibo y comprobantes contables.
La respuesta volvió a mover el balón. La Segunda Brigada indicó que no estaba facultada para entregar una contestación integral y trasladó la responsabilidad de explicar el asunto al Ministerio de Defensa. Monroy terminó promoviendo una acción de tutela al considerar que las preguntas centrales seguían sin ser respondidas. Así se configuró una escena que parece un laberinto burocrático. La Gobernación señala al Ejército, el Ejército remite a Defensa y Defensa reconoce que todavía está consolidando información.
A mí esto me da vergüenza. Construir una Casa Blanca de Temu en Barranquilla es de lejos una cosa ridícula. Lo grave no es la falta de estética, es la PLATA.
— Lalis 🐆 (@smilelalis) August 1, 2026
La “austeridad” de Abelardo duró menos que sus promesa de campaña. Primero trasladó la posesión a Cali, con un costo de… pic.twitter.com/jOCkYhOV2N
El Ministerio de Defensa sí entregó otro dato que aumentó las dudas. En Barranquilla aparece un contrato de $730 millones durante 2026 destinado al mantenimiento correctivo, preventivo y adecuación de inmuebles administrados por la CENAC Barranquilla.
Pero la propia cartera aclaró que ese contrato corresponde a infraestructura militar y que ninguno de los procesos contractuales revisados tiene como objeto específico adecuar una sede presidencial. CAMBIO también informó que no encontró en las bases públicas un contrato cuyo objeto fuera expresamente remodelar el edificio para convertirlo en despacho presidencial.
Entonces vuelve el interrogante fundamental. Si existe una sede presidencial completamente adecuada, pero los contratos militares encontrados oficialmente no corresponden específicamente a esa obra, ¿dónde está consolidada la cuenta de lo que se hizo?
A este rompecabezas se suma una cifra entregada directamente por Abelardo de la Espriella. El presidente aseguró que él mismo aportó $700 millones para los muebles y anunció que haría públicas las facturas. De acuerdo con las investigaciones publicadas hasta el 30 de agosto, esos soportes todavía no habían sido divulgados. La ausencia de una trazabilidad completa representa un problema legítimo de transparencia, especialmente porque se trata de aportes dirigidos a adecuar un inmueble militar que actualmente funciona como sede del jefe del Estado.
Y el tamaño de la intervención hace todavía más difícil aceptar respuestas fragmentadas. Antes de la posesión se hablaba de más de 400 trabajadores involucrados en las labores y de un avance cercano al 80 por ciento. El edificio terminó acondicionado con espacios administrativos, infraestructura presidencial, elementos de seguridad y una sala de crisis bajo tierra.
Algo no cuadra con la nueva sede presidencial en Barranquilla. Mientras el Gobernador del Atlántico dice que han destinado alrededor de 2.000 millones para esta sede, Abelardo dijo que no se está financiando con recursos públicos, sino con privados. ¿A quién le creemos? pic.twitter.com/cAbxvpE28m
— Esmeralda Hernández (@EsmeHernandezSi) August 4, 2026
No se está preguntando por una pintura o por una silla. Se está preguntando por la transformación de una instalación militar histórica en una sede presidencial. Por eso el cuestionamiento del senador Ariel Ávila resulta pertinente. “¿De dónde salen los recursos de la sede alterna de la presidencial en Barranquilla? ¿De la plata de los colombianos? ¿Donaciones? ¿A cambio de qué?”, escribió el congresista en X.
La última pregunta no demuestra que haya existido contraprestación alguna, pero resume la razón por la cual las donaciones privadas a instalaciones utilizadas por el poder público deben quedar perfectamente identificadas. Quién aportó, cuánto aportó, qué recibió el Estado, cómo quedó incorporado al patrimonio público y quién autorizó cada operación. Es necesario que se aclaren las cuentas.
