En Fiduprevisora y FOMAG no solo están cambiando los nombres en los escritorios. Según denuncias conocidas en las últimas semanas, se estaría produciendo una profunda recomposición de la estructura interna de ambas entidades, con despidos que se acercarían al centenar y el retorno de funcionarios que ya ocuparon posiciones estratégicas que han sido cuestionadas.
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La dimensión del movimiento es la primera señal que ha encendido las alarmas. De acuerdo con la información suministrada por funcionarios y documentos puestos en conocimiento de la opinión pública, en apenas dos semanas habrían salido cinco vicepresidentes, más de quince directores y más de cincuenta profesionales entre Fiduprevisora y FOMAG.
La pregunta resulta inevitable. ¿Se trata de una reestructuración administrativa ordinaria o de una operación para cambiar el mapa de poder en entidades que manejan recursos fundamentales para la salud y las prestaciones sociales del magisterio?
El nombre que aparece en el centro de esta tormenta es Marco Aurelio Reina Fernández. Documentos oficiales del FOMAG lo identifican como Director Nacional Administrativo y Financiero de la Gerencia de Salud y también registran su participación en procesos relacionados con la administración del sistema. Un instructivo oficial publicado por el FOMAG en 2025 aparece aprobado por Reina y revisado, entre otros funcionarios, por Diego Alejandro Fernández Zamudio y Gisella Paola Martínez.
Ahora, según las denuncias, Reina asumió como presidente suplente de Fiduprevisora el pasado 10 de agosto y desde entonces comenzó un acelerado movimiento de personal. Y aquí aparece el primer gran interrogante. Varios de los nombres que estarían regresando a posiciones de responsabilidad ya habían ocupado cargos durante la administración de Aldo Cadena en FOMAG o durante el periodo de Jhon Mauricio Marín en Fiduprevisora.
Fiduprevisora es la administradora del FOMAG, fondo encargado de recursos destinados a la atención en salud y al reconocimiento de prestaciones de los docentes. La propia documentación oficial de FOMAG reconoce a Fiduprevisora como administradora del fondo y mantiene mecanismos específicos para prevenir fraude, corrupción y malas prácticas.
Los nombres que vuelven a levantar sospechas. Entre los nombres señalados en las denuncias aparece Aidé Galindo, quien habría ejercido como directora de tutelas durante la administración de Aldo Cadena y ahora estaría llamada a ocupar una posición de alta responsabilidad jurídica.
También aparece Gisela Martínez, cuyo eventual regreso a la Dirección de Auditoría adquiere especial relevancia precisamente por la naturaleza de esa dependencia. Auditoría no es una oficina cualquiera. Es uno de los lugares desde donde se revisan operaciones y actuaciones que pueden comprometer recursos públicos.
Otro nombre mencionado es Enrique Zambrano, quien habría estado al frente de comunicaciones durante una administración anterior y ahora volvería a asumir responsabilidades en esa misma área.
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— Al Punto (@AlPuntoCol) April 27, 2026
Diego Fernández también figura en las denuncias. Según la información recibida, habría ocupado un nivel relevante dentro de la estructura financiera anterior y ahora asumiría la Dirección Administrativa y Financiera.
La lista incluye además a Luz Angélica Medellín, vinculada documentalmente al proceso de construcción del modelo de atención y prestación de servicios de salud del magisterio. En documentos oficiales del FOMAG aparecen también Fredy Jiménez Montaña y otros funcionarios relacionados con aquella estructura técnica.
Fredy Jiménez vuelve a aparecer ahora en las denuncias por posibles movimientos relacionados con afiliaciones e información. Y luego está Laura Medina. Según la información suministrada, durante la administración de Aldo Cadena fue coordinadora de Prestaciones Económicas y ahora asumiría la dirección de esa área.
El dato es especialmente sensible. Prestaciones Económicas tiene bajo su órbita procesos relacionados con pensiones, cesantías y otros derechos económicos de los docentes. Es decir, una de las áreas donde cualquier cambio de dirección puede tener consecuencias directas para miles de afiliados.
El fantasma de Jhon Mauricio Marín La controversia inevitablemente conduce a Jhon Mauricio Marín, expresidente de Fiduprevisora y una figura que ya había generado fuertes cuestionamientos alrededor de la entidad. En diciembre de 2024, investigaciones periodísticas abordaron el poder alrededor de Marín y examinaron un millonario pago del FOMAG a operadores de salud. El medio reportó que en ese momento se había cuestionado un proceso que involucraba alrededor de 1,6 billones de pesos y que Marín había sido señalado públicamente por presuntas irregularidades. Tales señalamientos deben entenderse como denuncias y cuestionamientos, no como una condena penal.
También en medios nacionales se publicaron declaraciones de Augusto Rodríguez sobre la llegada de Marín a Fiduprevisora. Rodríguez afirmó que había advertido sobre el nombramiento y utilizó la expresión “retén o peaje” al referirse a las preocupaciones que le habían transmitido sobre el proceso. Ese antecedente vuelve explosiva cualquier discusión sobre el regreso de funcionarios que estuvieron vinculados a estructuras anteriores.
Porque una cosa es que una persona vuelva a una entidad por su experiencia profesional y otra muy distinta es que una administración tenga que explicar por qué, después de una barrida de directivos y profesionales, reaparecen nombres asociados a equipos anteriores en áreas tan sensibles como auditoría, finanzas, jurídica, comunicaciones y prestaciones.
El interrogante político llega inevitablemente hasta la Casa de Nariño. Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia el 7 de agosto por eso las denuncias conocidas plantean una pregunta que todavía no tiene una respuesta pública concluyente. ¿Estos movimientos cuentan con instrucciones o respaldo directo del nuevo Gobierno?
El asunto no puede despacharse con facilidad. Si el Gobierno conocía los movimientos, debería explicar qué criterios se están aplicando. Si no los conocía, también tendría que aclarar por qué una entidad estratégica puede experimentar una transformación de esta magnitud pocos días después del cambio de Gobierno.
La situación es todavía más llamativa porque el país atraviesa una emergencia extraordinaria después del terremoto del 10 de agosto. El desastre ha golpeado con especial fuerza al occidente y al Pacífico colombiano, incluido Chocó. Los balances oficiales y periodísticos han mostrado centenares de fallecidos, miles de heridos y enormes daños materiales.
En medio de esa crisis aparece otra denuncia que merece atención. Según el boletín suministrado en redes sociales, siete funcionarios del FOMAG en Quibdó habrían recibido cartas de terminación de sus vínculos laborales en menos de 72 horas. El dato resulta todavía más dramático por las circunstancias personales que rodearían a algunos de los afectados. De acuerdo con la denuncia, varios trabajadores habrían sufrido daños o pérdidas en sus viviendas como consecuencia del terremoto y, pocos días después de la emergencia, habrían recibido la notificación de su salida.
La frase utilizada por Gerardo Mosquera Murillo resume el impacto humano denunciado “Una emergencia dentro de otra emergencia”. Pero el problema no sería únicamente laboral. La denuncia sostiene que con estas salidas prácticamente desaparecería el equipo territorial encargado de funciones relacionadas con atención primaria en salud, gestión del riesgo, epidemiología y atención al usuario.
Si la información se confirma, la discusión dejaría de ser solamente sobre contratos y pasaría directamente al terreno de la continuidad del servicio. Chocó ya enfrenta enormes dificultades de infraestructura y acceso a servicios. Que en plena emergencia sísmica se produzcan salidas de funcionarios responsables de atención territorial requiere, como mínimo, una explicación detallada sobre quién asumirá sus funciones y cómo se garantizará la atención a docentes, pensionados y beneficiarios.
Las denuncias también han comenzado a generar preocupación entre algunos prestadores de servicios de salud que temen que con el regreso de determinados funcionarios puedan reaparecer prácticas de intermediación que en el pasado fueron descritas informalmente como “peajes”.
El temor está relacionado con el poder que concentran las áreas donde se estarían produciendo algunos de los movimientos. Red de prestadores, auditoría, contratación, pagos, afiliaciones, prestaciones económicas y finanzas son precisamente los espacios donde una decisión administrativa puede terminar teniendo efectos millonarios.
FOMAG ya ha enfrentado fuertes controversias por la implementación de su modelo de salud. En 2024 se documentó dificultades alrededor de contratos, operadores y recursos, mientras distintas investigaciones periodísticas pusieron el foco en la gestión de los recursos destinados a la salud del magisterio. Por eso, cualquier cambio que afecte las áreas estratégicas debería venir acompañado de transparencia absoluta.
La respuesta debería estar en documentos, no en rumores. Fiduprevisora y FOMAG tienen la posibilidad de publicar las cifras exactas de desvinculaciones, los actos administrativos, los nuevos nombramientos y los criterios utilizados. El Gobierno también puede aclarar si tuvo participación o conocimiento de estos movimientos.
El fantasma de Jhon Mauricio Marín vuelve a aparecer en el debate por la sencilla razón de que algunos de los nombres mencionados pertenecen a una historia administrativa que ya había sido objeto de cuestionamientos públicos. Ahora el reto es determinar si se trata simplemente de profesionales que regresan por experiencia o si detrás de las coincidencias existe una recomposición organizada de viejas redes de influencia.
Y en ese punto Abelardo de la Espriella tampoco puede quedar completamente al margen del escrutinio político porque cualquier administración tiene la obligación de responder cuando entidades estratégicas del Estado experimentan cambios de esta magnitud. Fiduprevisora y FOMAG no son oficinas menores. Allí están en juego recursos públicos, atención en salud y derechos económicos de cientos de miles de docentes, pensionados y beneficiarios.
Por eso la pregunta que queda instalada es tan sencilla como incómoda. ¿Estamos ante una reorganización administrativa o ante el regreso de una estructura que parecía haber quedado atrás? En este punto debe revelarse en los documentos oficiales y en las explicaciones públicas de quienes hoy tienen la responsabilidad de manejar las fichas.
