La promesa de una administración austera y eficiente vuelve a quedar en entredicho. Mientras miles de ciudadanos enfrentan diariamente trancones interminables, vías deterioradas, demoras en proyectos estratégicos y un creciente costo de vida, la Contraloría de Bogotá reveló que investiga un presunto detrimento patrimonial por $6.501.689.565, producto de pagos realizados por la Secretaría Distrital de Movilidad para efectuar consultas al Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, entre los años 2021 y 2024.
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La cifra resulta difícil de ignorar. Según el organismo de control, durante ese periodo se realizaron 5.467.476 consultas al RUNT, un servicio contratado a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. Sin embargo, la investigación preliminar encontró que buena parte de la información consultada ya estaba disponible dentro de la propia entidad mediante plataformas institucionales como SIMUR, SIMIT, Fénix y SICON, lo que abre un enorme interrogante sobre la necesidad real de gastar semejante cantidad de dinero público.
La Contraloría fue contundente al explicar que el proceso busca determinar si esos pagos desconocieron los principios de economía, eficiencia y necesidad del gasto público, pilares fundamentales de cualquier administración responsable de manejar recursos de los ciudadanos.
🚨 #Atención | Abrimos proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a $6.500 millones en la Secretaría de Movilidad ❌
— Contraloría de Bogotá D.C (@ContraloriaBta) July 8, 2026
A través de esta actuación de control fiscal, buscamos determinar si, efectivamente, se produjo una afectación al… pic.twitter.com/7kx5Jj7KZJ
Juan Camilo Corredor Pardo, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, explicó que el objetivo es establecer si efectivamente existió una afectación al patrimonio del Distrito. «Con la apertura de este proceso buscamos establecer si existió o no una afectación al patrimonio público y determinar las responsabilidades correspondientes. Nuestro deber es proteger los recursos de los bogotanos y garantizar que cada peso invertido responda a criterios de necesidad, eficiencia y legalidad».
Las cifras por sí solas generan inquietud. Más de cinco millones cuatrocientas sesenta y siete mil consultas terminaron representando un desembolso superior a 6.500 millones de pesos, pese a que, según la Contraloría, la Secretaría ya disponía de bases de datos propias con información similar para cumplir buena parte de sus funciones administrativas.
El proceso fiscal también involucra a varios exsecretarios y funcionarios de la Secretaría Distrital de Movilidad, así como a un directivo de ETB, quienes ahora deberán ejercer su derecho de defensa mientras avanza la investigación. Aunque la apertura del proceso no constituye una condena ni determina responsabilidades definitivas, sí representa un serio llamado de atención sobre el manejo de los recursos públicos en una de las entidades más importantes del Distrito.
#RTVCNoticias | La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a 6.000 millones de pesos, que comprometería a la Secretaría de Movilidad del Distrito.
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) July 9, 2026
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El caso adquiere especial relevancia porque golpea directamente la imagen de una administración que llegó al Palacio Liévano prometiendo rigor técnico, eficiencia administrativa y una nueva forma de gobernar Bogotá. Sin embargo, esta investigación alimenta las críticas de quienes consideran que la ciudad continúa enfrentando problemas estructurales de gestión mientras se conocen posibles decisiones administrativas que hoy son cuestionadas por el organismo encargado de proteger el patrimonio público.
La Secretaría de Movilidad respondió que la apertura del proceso no implica que exista un detrimento patrimonial comprobado y aseguró que colaborará plenamente con la investigación. Además, sostuvo que las consultas al RUNT hacen parte de procedimientos previstos en la normatividad para adelantar funciones como la imposición de comparendos y otros trámites administrativos, argumentando que se trata de consultas oficiales diferentes a la información gratuita disponible para la ciudadanía.
No obstante, ese argumento será precisamente uno de los puntos que deberá analizar la Contraloría durante el desarrollo del proceso. El eje de la investigación consiste en establecer si realmente era indispensable pagar por esas consultas cuando la entidad aparentemente contaba con herramientas internas que podían suministrar información equivalente para el desarrollo de sus funciones.
#Bogotá | La Contraloría de Bogotá abrió el Proceso de Responsabilidad Fiscal por un presunto detrimento patrimonial por más de 6.000 millones de pesos relacionados con pagos realizados por la Secretaría de Movilidad para consultas al Registro Único Nacional de Tránsito entre… pic.twitter.com/nNLCfthB1R
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 8, 2026
El caso también vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el uso eficiente de los recursos públicos en Bogotá. En momentos en que la ciudadanía exige mejores resultados en movilidad, mayor inversión en infraestructura y soluciones efectivas para reducir los tiempos de desplazamiento, conocer que se investiga un presunto gasto injustificado por más de $6.500 millones inevitablemente despierta indignación entre muchos contribuyentes.
Mientras la investigación avanza, la administración de Carlos Fernando Galán enfrenta un nuevo frente de cuestionamientos. Será la Contraloría la encargada de determinar si estos millonarios pagos respondieron realmente a necesidades técnicas y legales o si, por el contrario, terminaron generando un perjuicio económico para el Distrito.
