Luego de que las Fuerzas Militares anunciaran resultados contra una estructura del ELN en el Catatumbo, la preocupación se trasladó a las comunidades que quedaron en medio de la operación. La Defensoría del Pueblo alertó sobre tres campesinos que habrían resultado heridos y posibles desplazamientos forzados después del bombardeo registrado en la zona rural de San Calixto, en límites con El Tarra.
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En el pronunciamiento de la Defensoría, dirigida por Iris Marín Ortiz, la entidad informó que tuvo conocimiento del bombardeo registrado durante la noche del lunes 10 de agosto, en jurisdicción de la vereda El Sinaí, municipio de San Calixto, Norte de Santander. Según la comunicación preliminar recopilada por autoridades y medios locales, tres personas civiles campesinas resultaron heridas, entre ellas una mujer de 44 años.
La entidad también informó sobre posibles desplazamientos forzados hacia la cabecera municipal de El Tarra, una situación especialmente delicada en una región que arrastra desde hace años una profunda crisis humanitaria y de seguridad. Para la Defensoría, el nuevo episodio vuelve a demostrar que la población civil continúa expuesta a graves riesgos en medio del conflicto armado del Catatumbo.
Hemos tenido conocimiento, a través de autoridades y medios de comunicación locales, de un bombardeo registrado en la noche del lunes 10 de agosto en jurisdicción de la vereda El Sinaí, municipio de San Calixto, en límites con El Tarra, Norte de Santander.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 11, 2026
De manera preliminar,… pic.twitter.com/jkBXEkcnNo
La respuesta institucional fue inmediata. Equipos de la Defensoría comenzaron a movilizarse hacia la zona para verificar directamente lo ocurrido y acompañar la respuesta de las autoridades. El organismo señaló que trabaja junto con las personerías municipales para establecer las necesidades de protección y atención de las comunidades afectadas.
Adicionalmente, la Defensoría pidió a las autoridades municipales y departamentales disponer oportunamente de los recursos necesarios para atender a las personas afectadas y a quienes eventualmente hayan tenido que abandonar sus hogares. En una región donde el desplazamiento forzado se ha convertido en una de las consecuencias más graves del conflicto, la advertencia adquiere especial relevancia.
También hubo un llamado a la Fuerza Pública. La Defensoría solicitó “reforzar la planeación y evaluación de las operaciones militares” teniendo en cuenta los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad establecidos por el Derecho Internacional Humanitario. El objetivo, según la entidad, es prevenir que las operaciones militares terminen generando nuevas afectaciones sobre la población civil.
El pronunciamiento llega después de una operación militar que, según información conocida por medios nacionales, dejó un balance preliminar de dos muertos, cinco campamentos y dos búnkeres destruidos. Las tropas también encontraron armamento, explosivos y drones en el área intervenida.
#Voces | Reportan tres campesinos heridos tras bombardeo contra el ELN en Norte de Santander
— Voces (@vocesco) August 12, 2026
Tres campesinos, entre ellos una mujer de 44 años, habrían resultado heridos durante un bombardeo de las Fuerzas Militares contra integrantes del ELN en una zona rural de Norte de… pic.twitter.com/PUS8L815XH
El Ejército ha señalado que la operación estaba dirigida contra integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Según información difundida, durante la noche del lunes se registraron combates entre hombres del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y miembros del Frente Oriental del ELN. Posteriormente, la Fuerza Aérea utilizó dos aviones Kfir para realizar el bombardeo.
Las Fuerzas Militares sostienen que los ataques ocurrieron entre las 8 y las 9 de la noche y que no se extendieron hasta el amanecer, como habían señalado inicialmente algunos habitantes de la región. Sin embargo, la discusión que plantea la Defensoría no depende únicamente de cuánto duró la operación. El punto central está en determinar qué ocurrió con las personas que habitaban en las zonas intervenidas y si se adoptaron todas las medidas necesarias para evitar que civiles quedaran expuestos durante las acciones militares.
La Alcaldía de El Tarra también expresó preocupación. Según información recogida, la administración municipal habló de “detonaciones prolongadas” que generaron temor entre los habitantes y que habrían ocasionado daños en algunas viviendas. Desde el municipio se hizo un llamado a garantizar “la protección de la vida, la integridad y los derechos de la población civil”.
La situación resulta particularmente sensible porque en el Catatumbo existen graves antecedentes donde la población civil ha sido víctima de la violencia. Desde enero de 2025, la región enfrenta una crisis derivada de los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc. Comunidades campesinas han quedado atrapadas en medio de disputas armadas, restricciones a la movilidad, desplazamientos y diferentes formas de presión ejercidas por los grupos ilegales.
No no no no y no, simplemente esto no puede ser posible, parece que se estuviera burlando adrede del dolor que hoy tienen miles hermanos que lo han perdido todo, este tipo no puede presidir este país. pic.twitter.com/VX0kXv2kq1
— María Mulata 🌷🔻 (@atisiram) August 11, 2026
Ahora, una operación militar de gran magnitud vuelve a poner a esas comunidades en el centro de los ataques. La Defensoría fue clara al advertir que no desconoce la existencia del conflicto ni la necesidad de que el Estado actúe frente a los grupos armados. Su llamado está concentrado en que las operaciones legítimas de la Fuerza Pública se desarrollen bajo criterios que reduzcan al máximo los riesgos para quienes no participan directamente en las hostilidades.
La entidad también insistió en que continuará verificando la situación directamente en territorio. Eso significa que el número de personas afectadas podría cambiar a medida que los equipos institucionales logren acceder a las zonas rurales y obtener información más completa. Por ahora, la cifra preliminar conocida por la Defensoría es de tres campesinos heridos, entre ellos una mujer de 44 años, además de posibles desplazamientos hacia El Tarra.
El caso también plantea una tensión entre dos obligaciones del Estado. Por un lado, combatir militarmente a las estructuras armadas que operan en el Catatumbo. Por otro, proteger a las comunidades que viven en los mismos territorios donde se desarrollan esas operaciones.
Y precisamente ahí está la importancia del pronunciamiento de la Defensoría. La entidad cerró su pronunciamiento con una advertencia contundente al señalar que el episodio “evidencia nuevamente los graves riesgos que enfrenta la población civil en el contexto del conflicto armado en la región del Catatumbo y exige una respuesta preventiva y humanitaria oportuna”.
Señor @ABDELAESPRIELLA , no es momento de centralizar la respuesta social del Estado.
— Alejandra Omaña (@aleomanao) August 12, 2026
En plena emergencia nacional, preocupa la Resolución 213319 del 11 de agosto, que revoca desde hoy las delegaciones territoriales de Prosperidad Social y concentra estas funciones en su nueva… pic.twitter.com/6HVABpkEgy
Mientras las autoridades consolidan el balance de la denominada operación Beta, las comunidades esperan respuestas. Los resultados militares pueden medirse en campamentos destruidos, armamento incautado y estructuras neutralizadas. Pero en el Catatumbo también existe otra medida que no puede ignorarse. La cantidad de civiles que logran salir de una operación militar sin convertirse en víctimas del conflicto.
Por eso, las autoridades deben atender el llamado de la Defensoría. En esta región donde sus comunidades se han tenido que acostumbrar a vivir entre enfrentamientos, bombardeos y desplazamientos, proteger a los campesinos no puede quedar como una consideración secundaria. La seguridad del territorio también debería medirse por la capacidad del Estado para garantizar que quienes no hacen parte de la guerra puedan sobrevivir a ella sin pagar sus consecuencias.
