¡Otra vez contra quienes defienden la paz! Asesinan en su propia casa a pareja de líderes sociales que dedicó su vida a defender la paz y el territorio en Cajibío – Cauca

El asesinato de María Ovidia Palechor y James Edimer Flor en Cajibío vuelve a encender las alarmas sobre la violencia contra líderes sociales en Cauca. La pareja, reconocida por su trabajo comunitario, fue atacada en su vivienda, en un territorio donde organizaciones venían advirtiendo graves riesgos para la población rural caucana.

El horror golpeó directamente una casa convertida durante años en escenario de organización, defensa comunitaria y trabajo por la paz. María Ovidia Palechor y James Edimer Flor, esposos y reconocidos líderes sociales del municipio de Cajibío, Cauca, fueron asesinados en la mañana del 1 de septiembre en el corregimiento de La Pedregosa, dejando a comunidades campesinas, indígenas y organizaciones de víctimas enfrentadas otra vez a una realidad brutal advertida de antemano. “Este hecho está ligado al interés del exterminio físico y cultural de los pueblos y comunidades”, mencionó Aida Quilcue en su cuenta de X.

La Asociación Nacional Campesina Unidad y Reconstrucción, ANUC-UR, confirmó el doble asesinato y señaló que ambos eran líderes sociales y campesinos vinculados al Proceso Territorio de Paz. La organización precisó que el crimen ocurrió en su propia vivienda y destacó que María Ovidia y James habían dedicado una parte importante de sus vidas al trabajo comunitario, la defensa del territorio y el fortalecimiento de procesos organizativos campesinos.

Las primeras versiones conocidas apuntan a una incursión armada. Hombres armados habrían llegado hasta el lugar en el que permanecían los esposos y dispararon repetidamente contra ellos. Los dos murieron como consecuencia de las heridas. Hasta ahora no se conoce públicamente quién ordenó el ataque, cuáles fueron sus móviles ni qué estructura estaría detrás del doble homicidio.

El crimen golpea con particular fuerza por el perfil de las víctimas. James Flor era reconocido por su trabajo comunitario, su vinculación con espacios de víctimas y su participación en procesos de defensa de los derechos de las comunidades rurales. María Ovidia Palechor, por su parte, había desarrollado una trayectoria como lideresa indígena y defensora de derechos humanos, con un trabajo especialmente orientado hacia las mujeres, las víctimas del conflicto y la organización territorial.

Las piezas divulgadas por Indepaz dimensionaron todavía más la gravedad de lo ocurrido. James Flor fue registrado como el líder social asesinado número 102 durante 2026 y María Ovidia Palechor como la número 103. Es decir, detrás del asesinato de una pareja hay también una cifra que continúa creciendo y que representa personas concretas, familias destruidas y procesos comunitarios que quedan expuestos después de perder a sus referentes.

Indepaz recordó además que la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 007 de 2023 y su informe de seguimiento 008 de 2026, instrumentos que advierten sobre riesgos para los derechos humanos en Cajibío derivados del control territorial ejercido por estructuras armadas.

Entre las organizaciones cuya presencia se ha reportado en el municipio aparecen el Frente Jaime Martínez, además del tránsito de estructuras como el Frente Dagoberto Ramos y el Frente Carlos Patiño del Bloque Occidental, junto con bandas locales. Eso no permite atribuirles automáticamente este crimen. La autoría debe ser determinada por la investigación de las autoridades, pero el contexto demuestra que María Ovidia y James vivían y trabajaban en un territorio sometido a enormes presiones armadas.

La ANUC-UR fue contundente al advertir que asesinar líderes no representa solamente quitarles la vida a dos personas. También golpea directamente las organizaciones comunitarias, rompe procesos colectivos y pone en peligro proyectos construidos durante años en lugares profundamente afectados por el conflicto armado.

La reacción política tampoco tardó. La senadora indígena Aída Quilcué recordó a María Ovidia como una amiga y una de las lideresas indígenas femeninas más significativas del Cauca. “Duelen estas palabras”, expresó al informar sobre el crimen. Quilcué destacó que los dos formaban parte de la Mesa Departamental de Víctimas del Cauca y exigió una investigación exhaustiva.

El senador Iván Cepeda también condenó el doble asesinato y recordó el trabajo de ambos en defensa de los derechos humanos. Según Cepeda, María Ovidia era dirigente del Pacto Histórico y de Vamos por los Derechos. El congresista exigió al Gobierno esclarecimiento y captura de los responsables, además de expresar solidaridad con sus familiares y con las comunidades indígenas.

El expresidente Gustavo Petro aseguró en X que conocía personalmente a los dos dirigentes. “Han asesinado a los compañeros James Flor y María Ovidia Palechor”, escribió, antes de lanzar fuertes acusaciones políticas sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Habló especialmente de organizaciones paramilitares en el territorio.

La dirigente Alejandra Miller también lamentó lo ocurrido y puso el foco en una de las contradicciones más desgarradoras del doble asesinato. María Ovidia y James habían trabajado precisamente por la paz en una región castigada históricamente por la guerra.

La ANUC-UR sintetizó esa indignación en una exigencia que ahora cae directamente sobre las autoridades. El asesinato debe ser esclarecido y las comunidades de Cajibío necesitan garantías efectivas de protección para sus organizaciones y liderazgos.

Si las alertas estaban emitidas, si el riesgo territorial era conocido y si las comunidades venían viviendo bajo presión de estructuras armadas, la respuesta institucional debe explicar qué medidas existían antes de que dos nuevos líderes terminaran asesinados dentro de su propio territorio. María Ovidia Palechor y James Edimer Flor dedicaron años a trabajar con víctimas, mujeres, campesinos y comunidades golpeadas por la violencia. Hoy sus nombres aparecen en una lista que Colombia debería estar haciendo todo lo posible por detener. La exigencia lanzada desde Cajibío es tan sencilla como estremecedora. “¡Que defender el territorio, organizarse y trabajar por la paz nunca sea una sentencia de muerte!”.

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