Colombia acaba de vivir un sacudón histórico en su sistema universitario. En un acto cargado de simbolismo en la Universidad del Cauca, el presidente Gustavo Petro estampó su firma a la Ley 2568 de 2026 y, con ello, enterró una fórmula que durante más de tres décadas dejó a las universidades públicas respirando con dificultad. No fue una firma más: fue el cierre de una deuda estructural que tenía en jaque a la educación superior.
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Durante 30 años, la financiación de las instituciones públicas estuvo amarrada al IPC, un indicador que mide cuánto suben los alimentos o el transporte, pero que poco o nada tiene que ver con lo que cuesta pagar profesores, sostener laboratorios, financiar investigación o mantener infraestructura tecnológica. Mientras los costos reales de las universidades crecían en promedio un 9% anual, el IPC caminaba por debajo. La consecuencia fue evidente: más estudiantes, más demanda y menos capacidad real de respuesta.
Con la nueva ley, ese rezago deja de ser la regla. Ahora el crecimiento presupuestal estará ligado al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE, un indicador que sí refleja lo que realmente cuesta formar profesionales en Colombia. Además, la inversión quedará vinculada progresivamente al crecimiento del PIB, con una meta ambiciosa y clara: alcanzar el 1% del Producto Interno Bruto para la educación superior pública, acercando al país a estándares regionales e internacionales.
Acaba de pasar en la Universidad del Cauca. Miles de estudiantes quieren escuchar los resultados de la política del gobierno sobre la educación superior en el país. pic.twitter.com/HS8G609pkf
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 4, 2026
Las cifras ya muestran un giro que rompe con la inercia histórica. Las transferencias a universidades públicas pasaron de 5,5 billones de pesos al inicio del actual gobierno a cerca de 12 billones en 2025. Para 2026, el presupuesto supera los 13,3 billones, lo que significa un aumento del 104% en recursos de funcionamiento frente a 2022. Y con la reforma ya sancionada, en 2027 el sistema recibirá cerca de un billón adicional. No es un ajuste menor: es un rediseño estructural.
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, fue contundente al recordar el alcance de la decisión: “Los recursos que se aumentaron en IPC más 30 puntos, cinco veces más de lo que exigía el movimiento estudiantil, tenían que hacer base presupuestal, para que la gratuidad dejara de ser un programa coyuntural y se convirtiera en un programa estructural”. La gratuidad, que durante años fue promesa, hoy alcanza el 97% de cobertura en universidades públicas e instituciones tecnológicas.
El propio presidente dejó clara la dimensión política del momento. “Si la juventud de Colombia tiene abiertas las puertas de la universidad gratuita, porque fue nuestra promesa y lo cumplimos: la cobertura de gratuidad en la universidad pública y en las instituciones tecnológicas es del 97%”, afirmó. Y lanzó un reto que ya marca el debate nacional: “¿Por qué si pasamos de 54 a 60 en este gobierno, no podríamos pasar de 60 a 70 en el próximo gobierno?”. La cobertura pasó del 54,9% en 2022 al 60% en 2025, lo que representa 347.710 nuevos cupos creados en apenas cuatro años.
En el coliseo de la universidad del Cauca Popayán, Cauca.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 4, 2026
Hay mil personas que no pudieron entrar.
Hablaremos del balance de la politica de educación superior en mi gobierno pic.twitter.com/NXNjSNcEAQ
Pero el discurso no se quedó en números. Desde el Cauca, una de las regiones más golpeadas por la violencia y la exclusión, el mandatario insistió en que la educación pública es el verdadero cemento de la paz. “No podemos hablar de paz al mundo si no podemos hacer la paz de nosotros”, declaró. Y fue aún más lejos: “Una persona que sepa leer no es capaz de matar a otra persona”. Para el jefe de Estado, la universidad pública no es un gasto: es la herramienta definitiva para romper los ciclos de violencia y desigualdad.
La Ley 2568 no solo cambia una fórmula presupuestal; redefine el modelo. Incorpora recursos adicionales para ampliar cobertura, cerrar brechas regionales, fortalecer la formalización docente y consolidar la capacidad instalada de las instituciones. Vincula el crecimiento educativo al desempeño de la economía y deja una base sólida para el próximo gobierno, que recibirá un sistema con reglas distintas y con horizonte de expansión.
En Popayán, durante la promulgación de la Ley 2568 que fortalece el presupuesto de la educación superior pública, el Presidente @PetroGustavo resaltó el papel de la Universidad del Cauca como referente de libertad y conocimiento.
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 3, 2026
“Esta Universidad del Cauca es el centro de la… pic.twitter.com/UoCJ6xb8U4
Con esta promulgación, el Gobierno de Petro convierte en política estructural lo que durante años fue reclamo estudiantil. La educación superior pública deja de depender de una fórmula que la asfixiaba y entra en una etapa de financiación ajustada a sus costos reales. Para sus defensores, no es exagerado hablar de un antes y un después: por primera vez en décadas, la universidad pública no solo sobrevive, sino que proyecta crecer con respaldo legal y presupuestal. Y ese giro, guste o no a sus críticos, lleva la firma del actual gobierno.
