Presidente del Senado Lidio García en la cuerda floja: lo investigan por adueñarse de tierras de campesinos

El presidente del Congreso, Lidio García, quedó en la mira de la ANT: investigan sus fincas en Bolívar por posible acaparamiento de tierras baldías que deberían estar en manos de campesinos.

La sombra del acaparamiento de tierras golpea de frente al presidente del Congreso, Lidio García Turbay. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) abrió procesos administrativos contra dos predios de su propiedad en Mahates, Bolívar, que podrían tratarse de baldíos ocupados de manera irregular, terrenos que, según la ley, deberían estar en manos de campesinos sin tierra.

La bomba estalló este 3 de septiembre, cuando la ANT expidió dos resoluciones que formalizan las investigaciones sobre las fincas El Limón y Guayabal. Los documentos, revelados por la revista Cambio, ordenan a García explicar cómo adquirió esas tierras que hoy están bajo la lupa del Estado.

El director de la ANT, Felipe Harman, ya había encendido las alarmas meses atrás en un consejo de ministros: “Nosotros hemos revisado de forma clara cuáles son presuntamente los congresistas que acaparan la tierra en Colombia”, advirtió. Entre los señalados aparecen nombres de peso, incluido el del propio presidente del Senado.

La revelación es aún más explosiva porque García acaba de dirigir la polémica sesión en la que fue elegido Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Es decir, mientras defendía “la transparencia” en la elección de una de las cortes más importantes del país, sus tierras quedaban bajo investigación oficial.

El listado divulgado por la ANT es demoledor: Marcos Daniel Pineda, Liliana Esther Vitar, Ana Paula García, Carlos Cuenca, Javid Méndez y Luis Eduardo Díaz Mateus figuran junto con García como congresistas con predios cuestionados. Un tercio del Legislativo podría estar salpicado por la sospecha de robarles la tierra a los campesinos.

Aunque García no ha dado declaraciones sobre el proceso, la indignación crece en sectores sociales y políticos que exigen que los baldíos vuelvan a manos de quienes sí los trabajan. Las pesquisas apenas empiezan, pero el mensaje es claro: el poder político también tendrá que rendir cuentas en la batalla por la tierra en Colombia.

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