El que fuera uno de los hombres fuertes del gobierno de Gustavo Petro, el excanciller Álvaro Leyva, salió por la puerta de atrás: la Procuraduría General de la Nación le confirmó en segunda instancia una sanción que lo destierra del sector público durante 10 años, tras comprobar que cometió una falta gravísima en el millonario contrato de los pasaportes.
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“Se descartaron los alegatos de violaciones al debido proceso y falta de imparcialidad del procurador delegado”, dejó en claro el organismo, echando por tierra la defensa del exministro, quien alegaba persecución y supuestas irregularidades.
La decisión, firmada por el procurador general Gregorio Eljach, concluyó que Leyva actuó con dolo al declarar desierta la licitación pública 001 de 2023, a pesar de que la Unión Temporal Pasaportes 2023 había cumplido todos los requisitos y obtenido el puntaje máximo. En otras palabras: ignoró la ley, ignoró la técnica y abrió la puerta a un escándalo que sacudió al país.
🚨ATENCIÓN: La @PGN_COL confirmó el fallo de destitución e inhabilitación por diez años contra el excanciller Álvaro Leyva.
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) September 2, 2025
La decisión ratifica la sanción impuesta por las presuntas irregularidades en el proceso de licitación de los pasaportes, un caso que marcó la salida de… pic.twitter.com/PrvD4IwLnr
El Ministerio Público fue tajante: la actuación de Leyva violó los principios más básicos de la contratación estatal, transparencia, economía y responsabilidad, y convirtió en un capricho personal un proceso que debía ser objetivo.
El fallo no admite recurso alguno y deja a Leyva fuera de cualquier cargo público durante una década, un golpe demoledor para un político que por años se vendió como defensor de la ética y la legalidad.
Mientras tanto, el terremoto de los pasaportes no se detiene. La Procuraduría amplió la lupa sobre la actual canciller Rosa Yolanda Villavicencio y otros altos funcionarios por un convenio de 1,3 billones de pesos con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, en el que ya se detectaron posibles irregularidades.
El caso deja claro un mensaje: ni la improvisación ni los favores políticos caben en contratos de miles de millones. Leyva, que alguna vez fue considerado un “cerebro” del gobierno, hoy se convierte en ejemplo de lo que la Procuraduría llama “falta gravísima con dolo”.
Un castigo que no solo lo marca a él, sino que expone otra vez la fragilidad de la contratación pública en Colombia.
