La tragedia provocada por el terremoto del 10 de agosto no terminó cuando dejaron de temblar las calles. Ahora comienza otra batalla, silenciosa pero decisiva, en la que miles de familias esperan saber quién responde por los recursos, dónde están las ayudas, cuántos damnificados han sido registrados y qué está haciendo realmente el Gobierno para reconstruir sus vidas. En ese escenario, el senador Walter Rodríguez, Wally, decidió llevar las preguntas al Congreso y puso bajo la lupa a cuatro funcionarios clave de la administración nacional.
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La proposición presentada el 18 de agosto ante la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado plantea citar al director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, David Santiago Tamayo Roldán, a la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, y al ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez. El objetivo es que rindan informe y respondan un extenso cuestionario sobre la atención de la emergencia.
Y las cifras que sustentan el llamado son estremecedoras. Según la proposición, cuatro días después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se contabilizaban 281 personas fallecidas, 3.971 heridas y 379 desaparecidas. La emergencia golpeó especialmente a Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, dejando a decenas de miles de familias en una situación crítica.
¡El control político no tiene el objetivo de entorpecer, responde a la necesidad de garantizar que las ayudas y la atención lleguen verdaderamente a la gente!
— Wally. (@MeDicenWally) August 18, 2026
📄👉#Hoy radiqué ante la Comisión Vl de Senado una proposición para citar a debate al director de la UNGRD, a los… pic.twitter.com/bZvKa4uDGq
Pero la dimensión del desastre siguió creciendo. Para el 17 de agosto, el documento presentado por Wally reportaba más de 127.000 viviendas averiadas, más de 26.000 destruidas y cerca de 200 edificios colapsados. A esto se suman daños en infraestructura educativa, hospitales, vías y servicios públicos. La propia proposición advierte que el país enfrenta uno de los mayores desafíos de recuperación y reconstrucción de las últimas décadas.
Ahí aparece uno de los puntos centrales del llamado de control político. Para Wally, no basta con anunciar ayudas o desplegar funcionarios. El Congreso debe conocer qué está ocurriendo sobre el terreno y, sobre todo, si las decisiones anunciadas están convirtiéndose en resultados verificables para las familias damnificadas.
La proposición pregunta directamente cuántas personas y hogares están inscritos en el Registro Único de Damnificados, RUD, y exige que esa información sea discriminada por departamento y municipio. También pide conocer qué municipios terminaron el proceso de registro, cuáles siguen pendientes y qué obstáculos están impidiendo que personas afectadas por pérdida de documentos, desplazamiento, falta de conectividad o dificultades de acceso puedan ser incorporadas.
Este punto resulta especialmente importante porque el registro puede convertirse en la puerta de entrada a las ayudas. Si una familia damnificada no aparece correctamente caracterizada, surge una pregunta incómoda que el Gobierno tendrá que responder. ¿Cómo se garantiza que la ayuda llegue realmente a quienes la necesitan?
La preocupación va incluso más allá. Wally pregunta qué mecanismos de verificación, actualización y depuración existen para evitar duplicidades, exclusiones o registros que no correspondan a personas efectivamente afectadas. Es decir, no solo se quiere saber cuántos damnificados aparecen en los sistemas oficiales, sino qué tan confiable es esa información y cómo se está utilizando para decidir quién recibe asistencia.
Otro de los asuntos que promete generar discusión es la coordinación de la respuesta institucional. La citación pide explicar cómo está funcionando la articulación entre la UNGRD, las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, los gobiernos departamentales, las alcaldías y las demás instituciones involucradas en la recuperación.
Y hay una pregunta particularmente sensible. El cuestionario solicita explicar cómo se está coordinando la UNGRD con las acciones y medidas que asume la primera dama y su fundación y qué mecanismos preventivos existen frente a una posible duplicidad o suplantación de funciones misionales.
La discusión no se queda en la emergencia inmediata. También apunta directamente al dinero. El senador exige conocer cuál será el mecanismo de entrega de recursos a los entes territoriales y qué seguimiento y control realizará la UNGRD sobre esos recursos. En una emergencia de semejante magnitud, la pregunta resulta inevitable. No basta con saber cuánto dinero se anuncia. También hay que saber cuánto llega, a dónde llega, quién lo administra y en qué termina gastándose.
La citación solicita además información sobre el monto total de recursos que la UNGRD y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres han destinado, comprometido y ejecutado por la emergencia, discriminado por concepto, departamento y municipio.
El control político también pone los reflectores sobre los albergues. El cuestionario pide conocer cuántos alojamientos temporales están habilitados, dónde están ubicados, cuál es su capacidad, cuántas personas atienden y qué entidad responde por su administración. También exige información sobre los mecanismos de seguimiento para garantizar alimentación, agua potable, saneamiento básico y otros elementos esenciales.
No es un asunto menor. Una cosa es que el Gobierno anuncie que existen albergues y otra muy diferente es que esos espacios sean realmente habitables, tengan capacidad suficiente y puedan garantizar condiciones mínimas de dignidad para quienes perdieron sus viviendas.
El senador también pone sobre la mesa las ayudas humanitarias. La proposición solicita información sobre los centros de acopio y los mecanismos de recepción y distribución, además de preguntar cómo se coordinan las entidades públicas con bancos de alimentos, organizaciones sociales, empresas privadas y otros actores que están recibiendo o entregando donaciones.
El propósito es evitar dos escenarios igualmente preocupantes. Que en algunos territorios sobren ayudas mientras en otros damnificados no reciban lo básico. Por eso el documento reclama mecanismos de coordinación que permitan evitar duplicidades y desabastecimiento.
También aparece una preocupación de largo alcance. El Gobierno deberá informar en qué estado se encuentra la formulación del Plan de Acción Específico para la Recuperación, conocido como PAE, y cómo se están articulando los ministerios de Vivienda, Educación y Salud con la UNGRD para construir esa hoja de ruta.
La importancia del llamado de Wally está precisamente en que intenta mover la discusión desde el impacto inicial de la tragedia hacia la etapa que puede definir el futuro de las comunidades afectadas. El terremoto destruyó viviendas, pero la recuperación puede prolongarse durante años. Sin planificación, recursos controlados y coordinación institucional, la emergencia puede convertirse en una crisis social mucho más profunda.
La propia proposición sostiene que el Congreso tiene la responsabilidad de hacer seguimiento a las actuaciones del Gobierno y exigir que las decisiones y recursos anunciados se traduzcan en resultados concretos y verificables.
La citación llega, además, desde un senador que ha construido buena parte de su identidad política alrededor del control ciudadano y la fiscalización. Antes de llegar al Congreso, Wally ya defendía públicamente la necesidad de fortalecer la participación ciudadana como herramienta de control político. Su programa de campaña planteaba precisamente convertir ese control en una herramienta para enfrentar la corrupción, la impunidad y la indiferencia institucional.
Ahora esa bandera llega al Senado en medio de una de las emergencias más graves que enfrenta el país. La diferencia es que esta vez las preguntas no están dirigidas únicamente a generar debate en redes sociales. Están plasmadas en un cuestionario de 24 puntos que obliga a poner sobre la mesa información concreta sobre damnificados, recursos, albergues, ayudas, coordinación territorial y recuperación.
El mensaje de fondo resulta difícil de ignorar. La atención de la emergencia no puede medirse solamente por la cantidad de funcionarios desplegados, las fotografías de reuniones o los anuncios de ayudas. Tiene que medirse por las familias que reciben asistencia, las viviendas que son recuperadas, los hospitales que vuelven a funcionar, los recursos que llegan efectivamente a los territorios y la capacidad del Estado para demostrar dónde terminó cada esfuerzo.
Por eso el llamado de control político de Walter Rodríguez, Wally, puede convertirse en una pieza importante para presionar una respuesta institucional más rigurosa. En una tragedia con 281 muertos, 3.971 heridos, 379 desaparecidos, más de 127.000 viviendas averiadas y más de 26.000 destruidas, exigir explicaciones no es un espectáculo político. Es una obligación frente a quienes todavía esperan respuestas.
Y ahora los funcionarios citados tendrán que explicar qué se ha hecho, qué falta por hacer y, sobre todo, cómo se garantizará que la enorme solidaridad despertada por la tragedia se convierta en ayuda efectiva. Porque después del terremoto viene una prueba todavía más larga y exigente. La reconstrucción de miles de vidas.
