En pleno consejo de ministros del pasado 13 de abril, el presidente Gustavo Petro lanzó una frase que retumbó como un misil directo contra la Fiduprevisora: “Siguen robando la plata de los maestros, por que el señor Marín sigue tomándose la Fidu… se acabó, no me aguanto más eso, no debimos aguantarlo nunca”. No fue una advertencia cualquiera, fue una declaración de guerra política que destapó lo que muchos ya susurraban: una estructura que, según denuncias, seguía operando por debajo de la mesa.
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Apenas 24 horas después, el Gobierno movió ficha. Con el Decreto 0402 de 2026, aterrizó como presidenta encargada Rosa Dory Chaparro Espinosa, mientras la salida de Vanessa Gallego Pérez se daba en medio de un escándalo que ya venía hirviendo: contrataciones del FOMAG bajo sospecha y un Paro Nacional de FECODE que encendió las calles. El sindicato no se guardó nada y habló de un modelo de salud del magisterio “tergiversado”, denunciando sobrecostos, doble facturación, cobros acumulados y un colapso que se siente en la piel de miles de docentes sin medicamentos ni citas oportunas.
Pero el escándalo no se queda ahí. La figura de Vanessa Gallego empezó a desmoronarse bajo el peso de sus propios antecedentes. Señalada por su paso en la Fiduprevisora de la mano de Jhon Mauricio Marín y por haber sido abogada de despacho de Karen Abudinen, su nombre también apareció salpicado por denuncias de presuntos vínculos familiares con Marín, lo que alimentó aún más las sospechas de una red cerrada, casi impenetrable.
Avanzan los diálogos entre la Fiduprevisora y los sindicatos filiales para la estabilización del modelo de salud del magisterio colombiano. pic.twitter.com/vJjioA11Qd
— fecode (@fecode) April 26, 2026
Y cuando parecía que el escándalo no podía escalar más, apareció otro ingrediente explosivo: un sindicato recién creado dentro de la entidad, justo cuando la presión pública aumentaba. Funcionarios enviaron la notificación de su constitución el 23 de febrero, un movimiento que muchos interpretan como una jugada calculada para blindarse. ¿La razón? El fuero sindical que impediría su salida durante al menos seis meses. Entre los 47 sindicalizados hay nombres que no pasan desapercibidos: salarios que alcanzan los 32 millones de pesos y una lista donde más de 30 superan los 10 millones.
Las alarmas se disparan aún más cuando aparecen figuras como María Paula Duque Tabares, vinculada a una polémica modificación del código de ética que habría permitido el ingreso de familiares a la entidad, una jugada que en su momento fue denunciada públicamente. Su hermano, Santiago Duque Tabares, también figura en el entramado con un cargo de alto nivel y salario de élite. Todo, según versiones, bajo la sombra de decisiones que favorecieron a círculos cercanos al poder político.
Los nombres siguen y el patrón parece repetirse. Camilo Barrera Sánchez, señalado en investigaciones por presuntos malos manejos en el FOMAG, regresó a la entidad con un alto cargo y millonario sueldo. Carlos Cortés Acuña, quien había salido en medio de cuestionamientos, reapareció como si nada en una posición estratégica. Para muchos, no es coincidencia, es continuidad.
#AlPunto 🎯 Votos a cambio de conservar su empleo: Cambio Radical es señalado de obligar a trabajadores de Fiduprevisora y del FNA a “poner votos” para uno de sus candidatos ⤵️https://t.co/pRpMEhNdlm pic.twitter.com/0I7z38RkaD
— Al Punto (@AlPuntoCol) February 4, 2026
Como si fuera poco, también se suman denuncias aún más delicadas: presuntas presiones a funcionarios durante las elecciones del pasado 8 de marzo para votar por partidos como Cambio Radical y el Partido de la U, incluso con versiones que hablan de ofrecimientos de cargos a cambio de apoyo político. Un señalamiento que, de confirmarse, elevaría el escándalo a otro nivel.
En medio de este panorama, la Fiduprevisora no es cualquier entidad. Maneja recursos gigantescos del Estado, incluidos los del FOMAG y otros patrimonios clave. Por eso, las palabras del presidente no suenan menores: abren la puerta a una confrontación directa contra lo que él mismo denunció como un sistema enquistado.
Hoy, tras el remezón del consejo de ministros en Ipiales, la pregunta no es si había irregularidades, sino hasta dónde llegan. Porque lo que empezó como una denuncia encendida terminó destapando una olla a presión que amenaza con explotar en el corazón mismo del manejo de los recursos públicos en Colombia.
