El nombre de la primera dama Ana Lucía Pineda se convierte en un proyecto de ley que busca ponerles controles a las fundaciones que reciben donaciones de los colombianos. El senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, radicó la iniciativa después de cuestionar el manejo de los recursos recaudados luego del terremoto del 10 de agosto, que dejó miles de damnificados esperando soluciones. «Tras el terremoto, los colombianos donaron, y aún no sabemos qué se hizo con ese dinero» señaló el congresista.
Más de 54.589 millones de pesos en donaciones y una polémica que no deja de perseguir a Abelardo de la Espriella y a la primera dama. La Fundación Colombia Luz y Sonrisas presentó datos sobre los dineros, pero el senador Alejandro Ocampo exige cuentas claras sobre el manejo y destino de los recursos que debían atender a miles de afectados. Por eso radicó la Ley Ana Lucía Pineda y lanzó una dura advertencia, «En otros países, rendir cuentas de cada colecta es una obligación, no un favor.».
La propuesta establece que cualquier fundación u organización que solicite dinero al público deberá informar cuánto recibió y en qué lo gastó, utilizando el mismo medio empleado para recaudarlo. Ocampo considera que la rendición de cuentas debe convertirse en una obligación legal. «Quien pida plata al público deberá informar, por el mismo medio, cuánto recibió y en qué la gastó», afirmó.
Radiqué el Proyecto de Ley “Ana Lucía Pineda”. 📄 Tras el terremoto, los colombianos donaron, y aún no sabemos qué se hizo con ese dinero. Cuando un país cede sus rentas, lo mínimo es saber: quien dona a una fundación del Régimen Tributario Especial puede descontar el 25 % de lo donado de su impuesto de renta. En otros países, rendir cuentas de cada colecta es una obligación, no un favor. Quien pida plata al público deberá informar, por el mismo medio, cuánto recibió y en qué la gastó. Sin trampas ni gabelas a la norma.
— Alejandro Ocampo (@alejoocampog) October 27, 2026
El escándalo tiene antecedentes que aumentaron la presión sobre la Casa de Nariño. El 24 de agosto, Ocampo presentó un derecho de petición ante la Presidencia para conocer los montos recaudados, su administración y los mecanismos de auditoría. Posteriormente interpuso una tutela, admitida en septiembre por el Juzgado 38 de Familia de Bogotá, debido a la falta de respuesta que denunció.
Las preguntas del senador también llegaron a los organismos de control. Ocampo solicitó actuaciones de la Contraloría y la Procuraduría para examinar las donaciones destinadas a los damnificados. Su preocupación aumentó cuando una presentación del Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto de 2027, realizada el 29 de septiembre, dejó las donaciones relacionadas con el terremoto en la categoría de recursos por cuantificar.
Sin embargo, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas publicó el 16 de octubre un informe que reportó exactamente 54.589.523.791 pesos en donaciones privadas. Según la organización, el 81 % de los aportes provino del Grupo Gilinski. También aseguró que no recibió ni administró recursos públicos y que sus gastos administrativos durante el período informado ascendieron a 11.916.639 pesos.
Tercer día desmintiendo a @ABDELAESPRIELLA Dice que las donaciones no entran a las arcas del Estado. FALSO. Su propio @MinHacienda, @miguel_gomez_m, presentó en el Congreso la plata de la fundación de la primera dama como “fuente disponible para la atención de la emergencia”, junto al Fonpet y la @UNGRD. O el presidente no sabe lo que dice su ministro, o nos cuentan dos versiones. ¿Dónde está la plata? ¿Por qué no responden? No nos van a enredar más. #DóndeEstáLaPlata
— Alejandro Ocampo (@alejoocampog) October 27, 2026
La fundación afirmó que su operación humanitaria movilizó 5.652 toneladas de ayudas y benefició a más de 48.000 personas en 80 municipios. Reportó la participación de 1.250 voluntarios, más de 100 empresas y 24 compañías de transporte. Estas cifras muestran una operación considerable, aunque no resuelven por sí solas todas las preguntas sobre la trazabilidad financiera de las donaciones. Ana Lucía Pineda rechazó los señalamientos. Explicó que los recursos pendientes de ejecución se destinarían a una segunda fase de reconstrucción.
El 13 de octubre, la DIAN confirmó que la fundación de la primera dama, Colombia Luz y Sonrisas, estaba habilitada para recibir donaciones y pertenecía al Régimen Tributario Especial. Esa certificación aclara su situación jurídica, pero no sustituye las verificaciones sobre la ejecución de cada aporte recibido.
Precisamente, otro punto del proyecto de Ocampo busca reforzar la vigilancia sobre los beneficios tributarios. El senador recordó que determinadas donaciones a entidades del Régimen Tributario Especial pueden generar un descuento del 25 % en el impuesto de renta. Por eso sostiene que los recursos asociados con esos incentivos deben estar sujetos a mayores exigencias de información y transparencia.
Otra vez evidencian que no saben ni dónde están parados. O son muy despistados o no les importa el país. @MinHacienda pide $2,7 billones para la reconstrucción… y no sabe ni cuándo fue el terremoto. “19 de diciembre”, dijo hoy en comisiones. Fue el 10 de agosto, ministro. 335 muertos y miles de familias sin casa, y para el encargado de las finanzas del país es una fecha más. Y esos $2,7 billones dependen de que los deudores de la DIAN paguen. Si no pagan, no llegan. #MinistroRenuncieYa
— Alejandro Ocampo (@alejoocampog) October 27, 2026
La iniciativa también cuestiona las colectas realizadas en supermercados y establecimientos comerciales. Ocampo mencionó mecanismos utilizados en cadenas como Éxito y Carulla y propuso impedir que las contribuciones de los clientes sean presentadas como aportes propios de las empresas. Su objetivo es que los ciudadanos aparezcan como verdaderos donantes y evitar beneficios tributarios atribuidos indebidamente a terceros.
Para Abelardo de la Espriella, el proyecto representa un nuevo frente de cuestionamientos políticos alrededor de la reconstrucción. La controversia enfrenta las explicaciones de la fundación con las exigencias de Ocampo sobre el destino de las donaciones. La presión por conocer cuánto dinero permanece disponible y cómo será ejecutado continúa sobre el Gobierno.
La Ley Ana Lucía Pineda apenas comienza su trámite legislativo y todavía deberá superar los debates del Congreso. Su alcance definitivo dependerá del articulado que resulte aprobado. Entretanto, Ocampo insiste en que las fundaciones deben responder por cada peso recibido. La discusión ya dejó una pregunta incómoda para el Gobierno de Abelardo y la primera dama sobre cómo garantizar una rendición de cuentas verificable.
