Enrique Gómez Martínez podría perder su curul en el Senado por una maniobra presupuestal que involucra directamente a su hermano, el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez. El senador Wilson Arias presentó una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, al considerar que el congresista de Salvación Nacional intervino en el Presupuesto General de la Nación para 2027 pese al conflicto de intereses. Esto se suma a una reciente investigación que mostró designaciones en 68 entidades públicas e identificó 22 personas con vínculos personales o políticos con el presidente o con Miguel Gómez Martínez.
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El escándalo tiene un ingrediente todavía más explosivo. Según la denuncia, Enrique Gómez presentó una proposición para reducir la financiación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y esa habría sido la única propuesta respaldada por el Ministerio de Hacienda antes del primer debate, cartera dirigida precisamente por su hermano, Miguel Gómez Martínez. «Uno hace el presupuesto, el otro lo modifica a su conveniencia», afirmó el senador Arias.
La acusación fue difundida por Wilson Arias mediante un video publicado en su cuenta de X. El congresista lanzó una advertencia directa contra Enrique Gómez y aseguró que su actuación podría tener consecuencias sobre su permanencia en el Senado. El punto central de la denuncia es la participación de Enrique Gómez en la discusión presupuestal pese al vínculo familiar con el responsable de Hacienda. Arias sostiene que el senador presentó una proposición sin pertenecer a las comisiones económicas del Congreso. Esa circunstancia, sumada al parentesco con el ministro, constituye uno de los argumentos que plantea para solicitar la pérdida de investidura.
Denuncié a Enrique Gómez ante el Consejo de Estado por conflicto de intereses; el congresista metió mano al presupuesto general de su hermano, el ministro Miguel Gómez. Uno hace el presupuesto, el otro lo modifica a su conveniencia. Si se falla en derecho, perdería su curul. https://t.co/zPI6z4ov41
— Wilson Arias (@wilsonariasc) October 26, 2026
La controversia también involucra a las víctimas del conflicto armado. Según Arias, la proposición presentada por Gómez buscaba afectar económicamente a la JEP, institución encargada de investigar y juzgar graves crímenes cometidos durante el conflicto. El senador denunciante considera que la iniciativa pretendía debilitar la justicia transicional mediante una reducción de recursos.
Otro elemento que podría resultar determinante es el momento en que Enrique Gómez manifestó su impedimento. Arias asegura que el congresista lo presentó tardíamente ante la plenaria, cuando ya había intervenido en la discusión del presupuesto. La denuncia sostiene que esa actuación previa habría vulnerado las normas sobre conflictos de intereses. Corresponde al Consejo de Estado establecer si existió una infracción.
El caso adquiere una dimensión política mayor por lo ocurrido con el presupuesto de 2027. Según Arias, después de los problemas que enfrentó su aprobación en el Congreso, el Gobierno de Abelardo de la Espriella terminó expidiéndolo mediante decreto. El denunciante afirma que el texto incorporó la proposición cuestionada, circunstancia que podría aumentar la controversia sobre las decisiones del Ejecutivo.
La demanda aparece además en medio de cuestionamientos por los nombramientos de personas cercanas a Abelardo y a los hermanos Gómez en empresas estatales. Una investigación de La Silla Vacía, elaborada por Pablo Manrique, examinó designaciones en 68 entidades públicas e identificó 22 personas con vínculos personales o políticos con el presidente o con Miguel Gómez Martínez.
La impúdica lagartería de los que se autodenominaban “nunca”. El nudo de canonjias, prevendas y favores de quienes gritaban por el mérito y los cazatalentos, ahora al desnudo. Rosqueros de siempre, es que son 👇🏾 https://t.co/AmOQkF3ggh
— Wilson Arias (@wilsonariasc) October 27, 2026
El reportaje también identificó otros tres nombramientos en la junta de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entre los casos mencionados figura Wilson Ruiz, excandidato al Senado por Salvación Nacional, quien llegó a las juntas de Findeter y Fiduprevisora. Según La Silla Vacía, Ruiz obtuvo 17.411 votos y podría recibir alrededor de 81 millones de pesos anuales por su participación en Findeter.
La investigación señaló igualmente que Carlos Suárez, estratega de campaña y cercano al presidente, ocupa la presidencia de la junta de Ecopetrol. Suárez también mantiene vínculos políticos con Salvación Nacional, partido que pagó 1.925 millones de pesos a su firma por asesorías electorales. Los datos recopilados muestran que la participación de expertos sectoriales en las juntas disminuyó del 36 % al 19 %, una diferencia que plantea interrogantes sobre los criterios de selección.
Enrique Gómez, cuyo partido respaldó políticamente a De la Espriella, enfrenta ahora un cuestionamiento distinto al de los nombramientos. La controversia presupuestal exige determinar si su intervención produjo un conflicto de intereses jurídicamente relevante. La relación familiar con el ministro constituye el elemento central de la demanda presentada.
La decisión final estará en manos del Consejo de Estado, que deberá evaluar las pruebas y los argumentos de las partes. Wilson Arias insiste en que el caso no puede quedar sin respuesta y reclama una actuación oportuna de la justicia. Para Enrique Gómez, el proceso representa una amenaza política y jurídica que podría terminar con su permanencia en el Congreso.
