La sombra de los crímenes de lesa humanidad vuelve a caer con fuerza sobre Álvaro Uribe Vélez y esta vez no se trata de rumores ni de polémicas recicladas: la Fiscalía General de la Nación evalúa reactivar tres procesos que tocan algunas de las páginas más sangrientas de la historia reciente de Antioquia y del país. Las masacres de La Granja y El Aro, así como el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, regresan al centro del debate judicial y político, dejando al expresidente nuevamente contra las cuerdas y bajo el escrutinio de la justicia.
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Las investigaciones, relacionadas con hechos ocurridos entre 1996 y 1998, apuntan a establecer responsabilidades por omisiones graves y posibles órdenes indirectas durante la época en la que Uribe fue gobernador de Antioquia. En El Aro, donde al menos 15 campesinos fueron asesinados por paramilitares entre octubre de 1997, persiste la denuncia de que los victimarios habrían contado con apoyo logístico y control territorial sin que el Estado actuara para impedir la barbarie. En La Granja, cinco personas fueron ejecutadas en junio de 1996 en un contexto similar, mientras que Jesús María Valle fue silenciado a balazos en Medellín tras denunciar públicamente la connivencia entre estructuras armadas ilegales y agentes estatales.
#PRIMICIA @CaracolRadio conoció el documento con el que la defensa del expresidente Álvaro Uribe ( @AlvaroUribeVel ), responde ante la posible reactivación de tres procesos en su contra por crímenes de lesa humanidad en la @FiscaliaCol. Cuestionan que sin pruebas, pretendan… pic.twitter.com/3jn3JXSJi6
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 2, 2026
La posible reapertura de los procesos no surge de la nada. Fuentes judiciales señalan que hay revisión de pruebas, nuevos análisis de testimonios y una mirada más amplia sobre patrones de violencia que, por su gravedad y sistematicidad, podrían encajar en crímenes de lesa humanidad. Es precisamente este punto el que mantiene viva la exigencia de verdad y justicia, pese a que han pasado casi tres décadas desde los hechos.
La reacción de la defensa del expresidente no se hizo esperar. En un documento presentado ante la Fiscalía, el abogado Jaime Granados negó cualquier sustento probatorio y aseguró que “no existen pruebas técnicas ni testimoniales sólidas” para reabrir los expedientes. Incluso fue más allá al afirmar que “durante más de 20 años, sectores políticos adversos y ciertos operadores judiciales han tejido una red de acusaciones basada en rumores, testimonios de oídas y manipulaciones políticas”. Para el equipo jurídico de Uribe, todo se trataría de una persecución con fines electorales de cara a 2026.
En este informe de la Fiscalía se demuestra que hubo manipulación de los radares de los aeropuertos en Antioquia para que no se comprobaran vuelos de helicópteros durante la masacre del Aro de la que se responsabiliza a Álvaro Uribe. Esta prueba jamás había sido revelada al país. pic.twitter.com/eXv3liJRha
— Juan Poe (@JuanPoe) November 20, 2023
Sin embargo, estas afirmaciones chocan con una realidad que las víctimas y organizaciones de derechos humanos no están dispuestas a olvidar. En el caso de El Aro, las denuncias sobre la actuación paramilitar durante varios días, el control del territorio y la inacción estatal siguen siendo un interrogante abierto. Aunque la defensa insiste en que “las bitácoras de vuelo oficiales, los peritajes de la Aeronáutica Civil y los testimonios de los pilotos de la Gobernación han demostrado técnicamente que ninguna aeronave oficial estuvo en la zona”, lo cierto es que la justicia busca esclarecer no solo la logística, sino las responsabilidades políticas frente a una masacre anunciada.
En La Granja, la tesis de que el gobernador no tenía mando operativo sobre la fuerza pública ha sido cuestionada una y otra vez. La obligación de proteger a la población civil y de reaccionar ante alertas tempranas sigue siendo un eje central del debate jurídico, más allá de formalismos administrativos. Y en el homicidio de Jesús María Valle, la gravedad del crimen, dirigido contra un defensor que denunciaba alianzas criminales, refuerza la necesidad de revisar a fondo el contexto y las posibles responsabilidades de alto nivel.
No hay manera de ocultar la condena contra Álvaro Uribe, ni las investigaciones por homicidio y concierto para delinquir en la Fiscalía por las masacres del Aro, la Granja, San Roque y Cañaveral. Son delitos de lesa humanidad y no prescriben. No son chats, son pruebas oficiales. pic.twitter.com/Wju9nUTxPc
— Juan Poe (@JuanPoe) August 3, 2025
La defensa también descalificó testimonios clave, como los de exjefes paramilitares, alegando contradicciones y conveniencias judiciales. Sobre Salvatore Mancuso, el documento señala que “ha cambiado su versión múltiples veces según su conveniencia jurídica”. Pero para amplios sectores de la sociedad, el peso de estos relatos no puede ser descartado de plano cuando se trata de reconstruir la verdad sobre el paramilitarismo y sus nexos con el poder.
La reactivación de estos procesos no es un capricho ni una vendetta política, como intenta presentarse, sino una deuda histórica con las víctimas y con un país que aún busca respuestas. Que la justicia vuelva a mirar de frente las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato de Jesús María Valle significa reconocer que los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni se entierran con discursos defensivos. Para Álvaro Uribe, este nuevo capítulo judicial podría marcar un punto de quiebre definitivo, y para Colombia, una oportunidad de demostrar que nadie, por poderoso que haya sido, está por encima de la verdad.
