La Isla de Providencia, un paraíso raizal y turístico también resultó ideal para los corruptos de siempre en Colombia. En noviembre de 2020 el paso del Huracán Iota dejó destruida el 98% de la isla, con la promesa pública de Iván Duque de reconstruirla en 100 días. Pero tras 100, 200 y hasta 1,000 días, lo que quedó fue una isla traicionada.
Le puede interesar: ¡Vuelve y juega! Caracol y otros medios propagan miedo con inexistente racionamiento de gas en Colombia: Ministro de Minas y Presidente los desmienten
Le puede interesar: COP16: Noruega dona 20 millones de dólares a Colombia para frenar la deforestación mientras el uribismo ignora la crisis ambiental
Desde un comienzo, la reconstrucción fue manejada sin licitación y con contratistas cercanos al uribismo. Nombres como el de Susana Correa, encargada de la “gerencia” de la reconstrucción, muestran el patrón de figuras estrechamente vinculadas a los grandes poderes y la economía nacional, dejando de lado la experiencia o el interés en las necesidades del pueblo raizal. Además, no faltaron Raquel Garavito y Sandra Gómez, quienes administraron los millonarios fondos del Estado, con contratos desmesurados y materiales de dudosa calidad.
El proyecto terminó costando $1.6 billones, un 46% más de lo presupuestado, y aunque el gobierno Duque mostró al cierre de 2023 la “finalización” de las 1831 viviendas, hoy las casas se caen a pedazos y no cumplen con las medidas necesarias para resistir huracanes futuros. El salitre de la isla ya corroe las estructuras metálicas, la madera es de pésima calidad, y la infraestructura básica de agua y saneamiento está al borde del colapso.
El clan de contratistas incluyó firmas directamente relacionadas con amigos y donantes de la campaña de Duque. Empresas como Du Brands SAS y VyV, vinculadas al uribismo, cobraron sumas millonarias para construir unas pocas casas de madera y metal que hoy ya muestran grietas y óxido. Según los registros, hasta los tornillos fueron cobrados a precios absurdos, evidenciando sobrecostos injustificables en cada detalle.
A diferencia del enfoque de la administración Duque, el actual Gobierno Petro ha logrado llegar a acuerdos con el pueblo raizal para construir viviendas resistentes y sustentables, con paneles solares y sistemas antihuracanes, la construcción de un hospital nivel 2, y un barco ambulancia. Además, se han adquirido 170 hectáreas para entregarlas a la gente, un gesto significativo para compensar la ausencia de apoyo real durante el mandato anterior.
Ante el desastre humanitario y la negligencia evidente, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-333/22, que exige al Estado cumplir con el respeto a la consulta previa y reparar los daños. Pero la pregunta persiste: ¿quién responderá por los sobrecostos, la mala calidad de las obras, y el abuso de confianza con los habitantes de Providencia?
Mientras se aclaran las cuentas y se exige justicia, el Gobierno Petro sigue avanzando para devolver la dignidad a una isla que merece un trato justo y humano, no ser un botín más de los de siempre.
