¡Indignación en Medellín! Personería contrata como funcionario público a hombre que apuñaló 30 veces a su pareja embarazada

La Personería de Medellín contrató como responsable de comunicaciones a un hombre condenado por intento de feminicidio, desatando una ola de indignación en plena Semana de la Lucha Contra la Violencia de Género.

En pleno marco de la Semana de la Lucha Contra la Violencia de Género, un hecho insólito y profundamente indignante sacude a Medellín: la Personería de la ciudad contrató como responsable de comunicaciones a un hombre condenado por intento de feminicidio. El caso desató una ola de críticas, indignación social y exigencias de explicaciones por parte de colectivos feministas, expertos legales y la ciudadanía en general.

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Se trata de Camilo Francisco Salas Santos, un comunicador social de 35 años que intentó asesinar a su expareja, Ruby Solanny Guisao, en 2015. Según el registro judicial, Salas Santos planeó el ataque mientras la víctima, entonces embarazada de siete meses, viajaba con él. El agresor fingió una avería en el vehículo para detenerse y permitir que dos hombres en motocicleta apuñalaran a la joven 30 veces. Aunque milagrosamente Ruby y su bebé sobrevivieron, el hecho dejó una profunda cicatriz en la lucha contra la violencia de género en Colombia.

Salas Santos confesó su responsabilidad y fue condenado a ocho años y cuatro meses de prisión, obteniendo la libertad condicional en 2020. Sin embargo, a pesar de su liberación, estaba inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2025, por sanción de la Procuraduría General de la Nación.

A pesar de esta restricción, el 18 de septiembre de 2023 fue contratado por la Personería de Medellín, entidad que debería ser un bastión de los derechos humanos y de la lucha contra las desigualdades. Para conseguir el puesto, el exconvicto habría presentado un certificado falso de antecedentes disciplinarios, lo que finalmente provocó que la entidad rescindiera su contrato y denunciara el caso ante la Fiscalía.

La noticia ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores. Colectivos feministas calificaron la situación como «una burla» y «una traición» a los esfuerzos por erradicar la violencia de género. “Es inadmisible que en una semana que busca visibilizar la gravedad de estos delitos se contrate a alguien con un historial tan grave. Es una señal contradictoria y dañina para las víctimas”, expresó una líder de un colectivo local.

El abogado penalista Juan David León advirtió que este caso podría involucrar delitos adicionales, como falsedad en documento privado, falsedad material en documento público y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Aunque la Personería de Medellín afirmó en un comunicado que detectó irregularidades en el certificado presentado por Salas Santos y compulsó copias del caso a la Fiscalía, no ha explicado cómo alguien con un pasado tan alarmante logró pasar los filtros para ser contratado.

Este caso deja en entredicho los procesos de selección en las entidades públicas y evidencia una desconexión entre los discursos institucionales y sus acciones. Mientras las investigaciones avanzan, las víctimas de violencia de género y la sociedad civil exigen respuestas claras y acciones contundentes para evitar que situaciones como esta se repitan.

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