En un revelador informe presentado el 3 de diciembre de 2024, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) dio a conocer una alarmante denuncia sobre la apropiación irregular de tierras en Colombia. Bajo el título de «El cartel de la tierra: así se quedan con los bienes de víctimas y campesinos», la ANT expuso que, a pesar de los esfuerzos por recuperar terrenos destinados a las víctimas del conflicto armado, más de 100.000 hectáreas siguen en manos equivocadas: narcotraficantes, políticos, empresarios y exparamilitares que no solo han incumplido la ley, sino que han profundizado el despojo a los campesinos y comunidades vulnerables.
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En una rueda de prensa que reunió a figuras clave como el director de la ANT, Felipe Harman, y varios senadores del Pacto Histórico, se expusieron detalles escalofriantes de cómo, en varias regiones del país, se han mantenido ocupaciones ilegales de tierras que debían ser entregadas a las víctimas del conflicto armado y a campesinos. En su intervención, Harman afirmó que los responsables de esta usurpación no solo violan las leyes de restitución, sino que han logrado mantener el control de vastos terrenos mediante prácticas corruptas y violentas.
«El latifundio mafioso está más intacto que nunca», advirtió Harman, destacando que, aunque el gobierno ha logrado recuperar algunas tierras en regiones como Córdoba y Cesar, las estructuras de poder que controlan estos predios siguen operando de manera impune.
Desde la @AgenciaTierras denunciamos públicamente el ‘Cartel de la Tierra’. Seis casos específicos demuestran cómo empresarios, políticos, narcotraficantes y testaferros se apropiaron de más de 100 mil hectáreas que fueron entregadas por los paramilitares al Estado y eran para… pic.twitter.com/AhyzXci9zT
— Harman Felipe (@harmanfelipe) December 3, 2024
Entre los casos más alarmantes, la ANT destacó varios ejemplos de apropiación ilegal. En Buenavista, Córdoba, el político José Félix Gutiérrez se ha quedado con 6.000 hectáreas que, según testimonios, fueron entregadas por grupos paramilitares. En Chimichagua, Cesar, Hugues Manuel Rodríguez, conocido como ‘Comandante Barbie’, ocupa ilegalmente 1.400 hectáreas. Además, el narcotraficante Charif El Hadaui, con vínculos con el crimen organizado, posee 283 hectáreas en Caucasia, Antioquia. Y en el Meta, los herederos de Víctor Carranza, reconocido empresario de esmeraldas, controlan más de 900 hectáreas de tierras que debían ser para los campesinos.
Esta situación ha desnudado una red de corrupción que va desde las esferas políticas y empresariales hasta los carteles del narcotráfico, todos operando bajo la complicidad de funcionarios y actores locales. «La reforma agraria es fundamental para la paz y la seguridad alimentaria de Colombia», afirmó Harman, señalando que la verdadera recuperación de estas tierras es clave para el futuro del país.
En un trabajo de más de 7 meses, nos hemos dado cuenta que más de 100 mil hectáreas del Fondo de Reparación de Víctimas están en manos de un ‘Cartel de Tierras’ conformado por paramilitares, narcotráficantes y clanes políticos a lo largo y ancho del país.
— Harman Felipe (@harmanfelipe) December 4, 2024
Desde ya, estamos… pic.twitter.com/NKL2GwrqVq
En cuanto a los próximos pasos, la ANT ha establecido un convenio con el Fondo de Reparación que asciende a 700.000 millones de pesos, lo que permitirá continuar con el proceso de recuperación de tierras y la identificación de más casos de ocupación irregular. Además, la agencia trabaja en conjunto con la Fiscalía General de la Nación para seguir de cerca los predios ocupados por estos actores ilegales.
El proceso de reforma agraria, impulsado por el gobierno, busca no solo la reparación de las víctimas, sino también transformar estas tierras en verdaderos motores de desarrollo y paz para las comunidades rurales. Harman enfatizó que el éxito de la reforma depende de la colaboración efectiva entre el Estado, las instituciones y la sociedad civil, pero advirtió que los intereses poderosos siguen bloqueando el acceso legítimo a la tierra para los más necesitados.
