¡Atentan contra el bolsillo de los paisas! Nuevo impuesto en servicios públicos impulsado por Andrés Rendón desata furia en Medellín

La aprobación de una nueva tasa de seguridad en Antioquia, que será cobrada a través de servicios públicos, desató rechazo en Medellín por su impacto en ciudadanos y empresas.

Con una estrecha votación de 14 votos a favor y 10 en contra, la Asamblea de Antioquia aprobó este miércoles la implementación de una controvertida tasa de seguridad que será recaudada a través de las facturas de servicios públicos. La decisión ha generado un fuerte rechazo, particularmente en Medellín, donde tanto ciudadanos como autoridades locales expresaron su descontento.

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La aprobación de la tasa despertó inquietudes legales. En un comunicado de noviembre pasado, EPM señaló posibles riesgos jurídicos relacionados con la medida, advirtiendo sobre la vulneración del principio de legalidad tributaria y las posibles consecuencias para la compañía y los usuarios.

Durante el debate, diversos sectores expusieron sus posturas. Agremiaciones como Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial de Antioquia insistieron en que los empresarios no soportan más cargas tributarias y criticaron la falta de concertación en la implementación de la tasa. Por otro lado, algunos alcaldes municipales respaldaron el impuesto argumentando que los recursos son indispensables para mejorar la seguridad en sus territorios.

Pese a las críticas, el gobernador Rendón defendió la medida como una solución necesaria para recaudar $1,2 billones en lo que resta de su mandato. “La realidad fuera de Medellín es difícil, y debemos actuar. Este tributo fue diseñado para ser lo más progresivo posible; el 85% de los suscriptores residenciales no lo pagarán”, afirmó Rendón.

El rechazo en Medellín no se limita a las autoridades locales. Ciudadanos expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el costo del impuesto se traslade a las tarifas de servicios públicos. Además, la controversia se intensificó con las declaraciones del gobernador, quien criticó a EPM por oponerse al proyecto en Antioquia mientras implementa medidas similares en otros departamentos a través de sus filiales.

Por ahora, la decisión de la Asamblea deja a Medellín en una encrucijada. La postura firme del alcalde Gutiérrez y los reparos legales de EPM podrían derivar en acciones para revisar la legalidad del nuevo tributo, mientras que el rechazo ciudadano sigue creciendo.

Con la aprobación de la tasa, el gobierno departamental parece decidido a implementar el recaudo. Sin embargo, la resistencia en Medellín podría dificultar su ejecución. En las próximas semanas, se espera un pulso jurídico y político que definirá el futuro de este controvertido impuesto.

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