¡Adiós a la coca! Campesinos del Catatumbo recibirán pago por parte del Gobierno por erradicar cultivos ilícitos

El Gobierno Nacional implementará un plan de sustitución de cultivos ilícitos en el Catatumbo, pagando a campesinos por erradicar la coca y promoviendo una economía legal.

El Gobierno Nacional ha dado un paso firme en su compromiso con la erradicación de cultivos ilícitos en el Catatumbo, una región golpeada por la violencia y el conflicto armado. En el segundo Consejo de Ministros televisado durante el mandato de Gustavo Petro, se anunció una estrategia integral para reemplazar la economía ilícita por alternativas legales y sostenibles.

Durante la sesión, el presidente enfatizó que la erradicación de cultivos de hoja de coca, que ya alcanzan las 55.000 hectáreas en el departamento de Norte de Santander, será una prioridad dentro del Decreto de Conmoción. Esta decisión llega en un momento crítico, ya que desde enero la región ha sido escenario de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc.

Gloria Miranda, directora del Programa de Sustitución de Cultivos, detalló los pilares de esta estrategia, cuyo eje central será el trabajo conjunto con las comunidades campesinas. «El 52% de los cultivos ilícitos se encuentran en Tibú, por lo que este municipio será la prioridad del programa, seguido por El Tarra, con 6.800 hectáreas, y Sardinata, con 4.300», explicó la funcionaria.

Uno de los puntos clave del programa es el apoyo económico a los campesinos que decidan sumarse a la erradicación voluntaria. Para ello, se otorgará un pago mensual de $1.280.000, equivalente al 90% de un salario mínimo legal vigente, durante un año. Este incentivo busca garantizar la estabilidad económica de las familias mientras se consolidan nuevas oportunidades productivas.

Pero la estrategia no se detiene en la eliminación de los cultivos ilícitos. La directora del programa señaló que la iniciativa contempla un plan integral para reemplazar la economía basada en la coca. «No se trata solo de erradicar, sino de construir un nuevo circuito económico. Para ello, el programa está articulado con el Ministerio de Transporte, que desarrollará una vía clave para mejorar la logística y la comercialización de productos legales», explicó Miranda.

Para que la transición sea efectiva, el Gobierno también está trabajando en alianzas con entidades bancarias como el Banco Agrario, ofreciendo créditos con plazos de hasta cinco años. Además, se destinarán entre $10 y $15 millones por proyecto, dependiendo de las necesidades de cada comunidad.

El plan también tendrá un enfoque especial en mujeres y madres cabeza de familia, asegurando su participación activa en la nueva economía rural. «El mercado de la coca ha sido exitoso porque garantiza ingresos a los campesinos. Nosotros debemos hacer lo mismo con productos legales, generando seguridad económica y estabilidad», afirmó Miranda.

Este ambicioso programa no solo representa un cambio en la lucha contra los cultivos ilícitos, sino también una oportunidad para transformar la vida de miles de familias en el Catatumbo. Con apoyo financiero, infraestructura y garantías comerciales, el Gobierno busca allanar el camino hacia una economía legal y sostenible en la región.

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