El Juzgado Tercero Penal de Medellín compulsó copias a la Fiscalía para que investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago Uribe como presuntos determinadores del homicidio de dos prominentes defensores de derechos humanos en 1998.
Le puede interesar: Luisa Postres finge arrepentimiento: su “perdón” llega justo cuando posiblemente se desploman sus ventas y salpica la campaña de su madre, María Fernanda Cabal
Le puede interesar: Madres de falsos positivos estallan en acto oficial y le exigen a Uribe pedir perdón por las ejecuciones del Ejército
La decisión no se limita al pasado remoto: surge en el marco de una condena de 28 años al exsubdirector del extinto DAS, José Miguel Narváez, por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba. Sin embargo, el fallo va más allá del caso Córdoba: incorpora revelaciones escalofriantes que salpican directamente al clan Uribe.
El corazón del escándalo es el testimonio del desmovilizado Francisco Enrique Villalba Hernández, rendido en 2008 y citado por la jueza Claudia Marcela Castro como pieza decisiva. Según Villalba, en 1997 se habría celebrado en la finca La Marranera una reunión para decidir “silenciar” a defensores de derechos humanos.
🚨 ATENCIÓN 🚨 Un juzgado de Medellín ordenó investigar al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe por su presunta relación con el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, y del profesor universitario Eduardo Umaña Mendoza.
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) October 6, 2025
📄 La… pic.twitter.com/4LR58qCJMl
“Ahí estaban de las Autodefensas Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, ‘Mono Leche Junior’ … De los militares estaba el general Ospina … el gobernador de entonces, Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago Uribe … quienes estaban ahí”, declaró Villalba. Y cuando la Fiscalía le preguntó por el motivo: “La orden que dieron fue que a esas personas había que callarlas para que no molestaran más”.
La jueza, en su fallo, asegura que esos testimonios, valorados bajo criterios de coherencia interna y corroboración periférica, permiten inferir la existencia de una “estructura organizada con capacidad de planeación, ejecución y adoctrinamiento, que operaba en coordinación con actores estatales”.
El documento ordena: “COMPULSAR COPIAS a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez y al general Ospina como presuntos determinadores del homicidio de los ciudadanos Jorge Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo”.
Fiscalía ordenó compulsar copias contra Álvaro y Santiago Uribe por ser "presuntos" determinadores de los asesinatos de Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza pic.twitter.com/6oAYzdoM7Z
— Aguijon (@Aguijon2025) October 6, 2025
Las víctimas no eran figuras anodinas: Jorge Eduardo Umaña Mendoza era un abogado que defendía sindicatos, víctimas del Palacio de Justicia y denunció la connivencia entre Estado y paramilitares. El 18 de abril de 1998 fue asesinado por sicarios que se hicieron pasar por periodistas.
Jesús María Valle Jaramillo, oriundo de Ituango (Antioquia), denunció públicamente las masacres de La Granja y El Aro, y sus acusaciones alcanzaron a estrechar alianzas entre militares y paramilitares. El 27 de febrero de 1998, fue masacrado en su oficina luego de intimidar incluso a su propia hermana.
Sus muertes, declaradas de lesa humanidad por la CIDH, llevaban décadas en la penumbra del olvido. Ahora, la justicia pone nuevamente su peso sobre los implicados.
Como era previsible en su estilo combativo, Álvaro Uribe reaccionó de inmediato mediante su cuenta en X, calificando la compulsa de “miserable por una ‘declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente’”.
Qué rabia política en fallos contra mí, basta ver las personas que supuestamente estábamos en esa reunión, además del sitio, para concluir como concluyó la Fiscalía en la época que esa declaración fue mentirosa.
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 7, 2025
Después asesinaron a Villalba, trataron de acusarme, nada dijeron…
Uribe insiste en que nunca estuvo en La Marranera ni participó de planes criminales, y rechaza el valor que la jueza le atribuye al testimonio de Villalba. Para él, todo es un montaje: “Una compulsa miserable (…) sobre una reunión inexistente”
También cuestionó la imparcialidad de la decisión judicial y tachó el proceso de ser nuevamente una supuesta persecución política.
Este giro procesal representa un desafío monumental para la élite política colombiana. Durante años, el clan Uribe logró mantenerse indemne frente a acusaciones por parapolítica, ejecuciones extrajudiciales y vínculos con estructuras criminales. Pero con una condena ya en curso por fraude procesal y soborno (12 años de prisión domiciliaria, en primera instancia), esta nueva compulsa despliega un horizonte aún más oscuro.
Para los familiares de las víctimas, como Camilo Umaña (hijo de Eduardo Umaña), esta decisión llega como un alivio y, al mismo tiempo, una advertencia: “Llevamos más de dos décadas esperando que la Fiscalía adelante una investigación […] espero que esta compulsa no se quede en el aire como las otras líneas de investigación”.
La justicia colombiana debe decidir ahora: ¿responderá con rigor a la sombra del poder o cederá nuevamente ante los fantasmas del miedo?
