Álvaro Uribe Vélez, el expresidente que polariza como nadie, lanzó una bomba política: propone que los militares involucrados en la tragedia de Toma y Retoma del Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985) sean absolutos de cualquier responsabilidad judicial. Según él, los uniformados que participaron, ya condenados, bajo investigación o incluso fallecidos, deberían gozar de “todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria”.
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El planteamiento no es menor. Uribe pidió a la bancada de su partido, Centro Democrático, que impulse en el Congreso de la República de Colombia una ley o acto legislativo con ese alcance. “Debe buscarse un texto que no afecte el honor militar. Deploro que sea tarde, pero es de justicia”, escribió él mismo. Asimismo, señaló que la responsabilidad estatal no se vería eliminada: “Para no afectar las víctimas, la responsabilidad del Estado se mantendrá sin extenderla al militar”.
Aquí no se trata de un ajuste técnico menor, la propuesta es una clamorosa reivindicación que para muchos equivale a impunidad simbólica. El episodio del Palacio de Justicia, que dejó decenas de muertos, magistrados asesinados y desaparecidos, sigue siendo la herida abierta de una Colombia que exige verdad y justicia.
Presidente @AlvaroUribeVel cuente con mi concurso activo en esta iniciativa legislativa por el honor de nuestra Fuerza Pública, muchos de ellos perseguidos y encarcelados injustamente.
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 6, 2025
El M19 es victimario, no víctima. pic.twitter.com/lYk2Yw39M5
Voces de víctimas y organizaciones de derechos humanos no se han hecho esperar. Desde ya advierten que la iniciativa, al reconocer absolución para militares sin investigación plena, “representa un retroceso en materia de verdad, justicia y garantías de no repetición”. Uno de los afectados lo resume con una pregunta punzante: “¿Por qué no se promueve una ley de amnistía o indulto para todos? Verdad, justicia y reparación, pero para todos, porque si no, va a haber un desequilibrio que es lo que estamos viviendo hoy, unos en la cárcel y otros en el gobierno”.
La propuesta de Uribe pone sobre la mesa un caldo político explosivo: ¿Se busca honrar la “legítima acción militar” o se pretende borrar, con un solo trazo, la responsabilidad individual de agentes del Estado en una de las mayores tragedias judiciales del país? ¿Es verdad que el honor militar está en riesgo, o lo que se está cuestionando es la impunidad de facto?
En este cruce de memoria, poder y política, la pregunta es clara: ¿Colombia estará dispuesta a pasar la página sin que todos los capítulos hayan sido verdaderamente ventilados? Porque alguien propone cerrar el libro… ¿Y las víctimas quién las protege?
