Una nueva denuncia desató indignación en el Valle del Cauca luego de que el candidato al Senado por el Pacto Histórico, Kevin Gómez, lanzara una denuncia que sacude la contratación pública en plena antesala electoral. Con documentos en mano, cifras oficiales y nombres propios, el aspirante encendió las alarmas sobre lo que califica como un uso cuestionable de $31.400 millones en vigencias futuras comprometidas por la Gobernación para ejecutar a través de Indervalle.
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“No vamos a permitir que se sigan robando el Valle”, indicó Gómez, señalando directamente a la gobernadora Dilian Francisca Toro por haber comprometido $31.000 millones del departamento “justo en época electoral”. La cifra no es menor. Según el convenio oficial, el proyecto de fortalecimiento de infraestructura deportiva y recreativa asciende a $31.400.000.000 distribuidos entre 2025, 2026 y 2027, con una partida inicial de más de $7.050 millones solo para el primer año.
Pero lo que más indignación ha causado es un contrato específico firmado antes de que entrara en vigor la ley de garantías: $4.859.768.921 para adecuar una cancha de fútbol en Puerto Merizalde, Buenaventura. Casi cinco mil millones de pesos para una sola obra deportiva en un territorio que enfrenta graves carencias sociales, falta de servicios básicos y profundas necesidades estructurales.
No vamos a permitir que se sigan robando el Valle.@DilianFrancisca comprometio 31.000 Millones de vigencias futuras del departamento para ejecutar justo en época electoral con Indervalle.
— Kevin Gómez Paz (@ckevingomez) February 25, 2026
Encontramos que justo antes de la ley de garantías la gobernadora que busca reelegir a… pic.twitter.com/I0CaNcfGmx
El contrato fue suscrito con el Consorcio Canchas Deportivas 2025. Según expuso Kevin Gómez, dentro de ese consorcio participan dos contratistas con antecedentes delicados. “Encontramos que justo antes de la ley de garantías la gobernadora que busca reelegir a @normahurtados al senado, firmó un contrato para adecuar una Cancha de futbol en Puerto Merizalde, Buenaventura por 4,859 millones de pesos con el consorcio cancha deportiva 2025, del cual hacen parte 2 contratistas, uno al que la fiscalía imputó cargos por peculado, celebración indebida y falsedad en documento público y el otro tiene hallazgos disciplinarios y lo sindican de hacer parte de la red corrupta que tiene a buenaventura sin agua”, denunció textualmente.
Los señalamientos no son menores. En uno de los casos, se trata de un contratista al que la Fiscalía ya le imputó cargos por delitos relacionados con contratación pública. En el otro, existen cuestionamientos disciplinarios y señalamientos sobre su presunta participación en redes de corrupción en Buenaventura. Pese a ello, terminaron integrando un consorcio beneficiado con un contrato multimillonario.
¡Muy grave la denuncia del Presidente @petrogustavo!
— Kevin Gómez Paz (@ckevingomez) February 24, 2026
Intentaron robarnos 400.000 votos del Pacto Histórico para engordar artificialmente el partido de @DilianFrancisca, el partido de la U.
Un partido que no tiene respaldo popular, pero tenía al registrador Alexander Vega, que… pic.twitter.com/KEIpWVh1em
La indignación crece porque el gasto es percibido como desproporcionado. En un departamento con crisis hospitalaria, problemas de seguridad y enormes brechas sociales, destinar casi cinco mil millones de pesos a una cancha genera preguntas inevitables sobre prioridades y transparencia. Más aún cuando los recursos provienen de vigencias futuras, es decir, compromisos que amarran presupuestos de los próximos años.
Kevin Gómez ha insistido en que el debate no es contra el deporte, sino contra lo que considera un manejo irresponsable de los recursos públicos en plena coyuntura electoral. La denuncia ya comenzó a mover el tablero político regional y promete convertirse en uno de los temas más explosivos de la campaña al Senado.
