Las cifras hablan por sí solas y el impacto es inmediato. Aranceles que llegaron al 100% contra productos colombianos, una economía regional golpeada y más de 400 mil personas afectadas terminan conectándose con un nombre que vuelve a aparecer en el centro de la polémica. Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia son señalados de haber tenido un papel directo en la crisis comercial con Ecuador, una situación que hoy no solo afecta al comercio, sino que abre un frente político de alto voltaje contra el gobierno de Gustavo Petro.
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El punto de quiebre se ubica en las decisiones adoptadas por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. La imposición de una “tasa de seguridad” que llegó al 100% sobre productos colombianos generó un golpe inmediato en sectores clave como el manufacturero y el alimentario, especialmente en regiones como Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Pero lo que parecía una medida estrictamente económica comenzó a adquirir un tinte político cuando se conocieron los movimientos paralelos de sectores del uribismo.
Paloma Valencia no ocultó su participación. La candidata presidencial aseguró haber sostenido una conversación directa con Noboa el 4 de mayo de 2026. Según sus propias declaraciones, tras plantear una cooperación en seguridad fronteriza, logró que el mandatario ecuatoriano redujera el arancel del 100% al 75%. “Fue un gesto de buena voluntad”, señaló, intentando presentar la decisión como un logro diplomático. Sin embargo, la lectura en distintos sectores políticos fue completamente distinta.
Paloma confirma que la afectación al comercio con Ecuador, afectando a miles de familias, hace parte de su campaña a la presidencia. Noboa golpea la relación con su principal socio comercial subiendo aranceles con una excusa débil. Luego aparece el libreto: visita de Uribe a… pic.twitter.com/cp8gmq5uQC
— Santiago Osorio M. (@osoriosantiago) May 5, 2026
Desde el oficialismo, voces como la de la senadora Isabel Zuleta calificaron el episodio como una maniobra calculada. La frase que empezó a circular con fuerza fue contundente. “Crean el problema para vender la solución”. La crítica apunta a que la reducción del arancel no sería un triunfo, sino parte de una estrategia que primero permitió el golpe económico para luego aparecer como salvadores en medio de la crisis. No se puede evadir la intención electoral de estos movimientos de la derecha y que demuestran que no les importa la afectación a miles de familias.
El papel de Álvaro Uribe en este escenario también ha sido objeto de cuestionamientos. Informes y versiones divulgadas en distintos espacios señalan que el expresidente sostuvo reuniones con Daniel Noboa en Ecuador desde enero de 2026, justo antes de que se intensificaran las medidas arancelarias. Esas reuniones habrían coincidido con el inicio de incrementos que pasaron del 50% al 100% en algunos sectores, lo que refuerza las sospechas sobre una posible coordinación política detrás de la decisión.
Incluso se ha hablado de articulaciones más amplias. Versiones conocidas en círculos políticos apuntan a que estas acciones habrían sido coordinadas desde escenarios internacionales, incluyendo reuniones en Miami con sectores cercanos al Partido Republicano en Estados Unidos. El objetivo sería claro. Golpear la imagen del gobierno de Gustavo Petro y afectar el escenario electoral en Colombia, particularmente frente al crecimiento del proyecto político del Pacto Histórico.
Hoy conversé con el presidente Noboa y le expresé nuestra voluntad de cooperar en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera. Como muestra de su buena voluntad con Colombia, el gobierno de Ecuador informó que baja los aranceles del 100% al 75%. Una… pic.twitter.com/s9ldOdrV9C
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 5, 2026
El impacto económico no es menor. Más de 400 mil colombianos dependen directamente del comercio con Ecuador, especialmente en zonas fronterizas. La imposición de aranceles del 100% paralizó exportaciones, generó pérdidas millonarias y puso en riesgo miles de empleos. La reducción al 75%, presentada como alivio, sigue siendo considerada por empresarios como una carga desproporcionada que mantiene la presión sobre los sectores productivos.
Mientras tanto, el gobierno de Gustavo Petro ha insistido en la defensa del comercio nacional y en la necesidad de proteger a los productores colombianos frente a decisiones externas que afectan la economía interna. Desde distintos sectores se ha advertido que este tipo de movimientos no solo tienen consecuencias económicas, sino que pueden ser utilizados como herramientas de presión política en contextos electorales.
El episodio deja al descubierto una tensión que va más allá de una simple relación bilateral. Lo que está en juego es la forma en que actores políticos como Valencia y Uribe pueden influir en decisiones internacionales que terminan impactando directamente a millones de ciudadanos, con el aliciente de buscar réditos electorales a expensas de las familias afectadas.
