¡No se salieron con la suya! Tierras que tenía en su poder el primo de Paloma Valencia fueron recuperadas por el Estado y ahora pasan a manos campesinas tras años de ocupación ilegal

Más de 6.000 hectáreas que nunca debieron salir del control del Estado caen tras años en manos del primo de Paloma Valencia, destapando un escándalo de tierras que sacude a la política nacional.

Una finca gigantesca, más grande que varios municipios del país, fue ocupada durante años como si tuviera dueño privado cuando en realidad pertenecía a todos los colombianos. La historia de la finca Buenavista, en La Primavera, Vichada, termina con una escena que sacude la política nacional. Funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras llegaron hasta el predio y ejecutaron la recuperación de más de 6.182 hectáreas que estaban en manos de Nicolás Laserna, primo de Paloma Valencia y del excongresista del Centro Democrático Gustavo Londoño.

Se trata de un baldío, es decir, tierra que por ley no puede venderse ni apropiarse por particulares, sino que debe ser destinada a campesinos sin tierra. Sin embargo, durante años fue explotada con ganadería extensiva, con cientos de reses y una infraestructura que dejaba ver el uso intensivo del terreno.

El caso expone una de las heridas más profundas del campo colombiano. Según documentos oficiales, la ocupación de este predio se remonta al menos a 2008, cuando fue adquirido a un colono por apenas 50 millones de pesos, una cifra irrisoria para semejante extensión. El problema es que ese colono nunca fue propietario legal, porque el terreno era baldío. En otras palabras, se trató de una compraventa sin sustento jurídico, una práctica que por décadas ha permitido que grandes extensiones de tierra terminen concentradas en pocas manos.

A pesar de ello, los ocupantes intentaron legalizar la propiedad a través de la figura de prescripción adquisitiva, un mecanismo que no aplica para este tipo de terrenos. Aun así, en 2017 un juzgado falló a su favor en una decisión que luego sería cuestionada por las autoridades agrarias. La Agencia Nacional de Tierras nunca fue vinculada al proceso, lo que encendió las alarmas sobre irregularidades en la decisión judicial.

La disputa escaló hasta la Corte Suprema de Justicia, que terminó confirmando lo que parecía evidente. Ese predio no podía ser adquirido por particulares. Era tierra de la Nación. La sentencia dejó sin piso la supuesta propiedad y abrió el camino para su recuperación definitiva.

Aun así, pasaron años para que el Estado lograra materializar esa decisión. Fue hasta mayo de 2026 cuando finalmente se ejecutó la recuperación. Según el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, se trata de una acción clave para la reforma agraria. “Estamos adelantando la aprehensión del predio para ponerlo al servicio de comunidades campesinas que no tienen un centímetro de tierra”, afirmó.

El dato es contundente, pues mientras unas pocas personas explotaban más de 6.000 hectáreas, cientos de campesinos en la región no tenían acceso a tierra para cultivar. La Unidad Agrícola Familiar en esa zona es de alrededor de 1.000 hectáreas, lo que evidencia la magnitud del acaparamiento.

Pero el escándalo no termina ahí. Gustavo Londoño, uno de los ocupantes, fue condenado por corrupción al sufragante tras ofrecer beneficios a cambio de votos en su campaña política. La combinación de poder político, tierra y decisiones judiciales irregulares dibuja un panorama que muchos sectores califican como una muestra de cómo operó históricamente la concentración de tierras en Colombia.

En medio de esto, Paloma Valencia ha salido en defensa de su familiar. En declaraciones públicas aseguró que la mayoría de tierras en los Llanos son baldíos ocupados históricamente y que el caso podría tratarse de una persecución. Sin embargo, los procesos para recuperar el predio iniciaron desde 2019, incluso durante el gobierno de Iván Duque, lo que debilita ese argumento.

La recuperación de Buenavista también tiene un impacto simbólico enorme. Representa el cierre de un ciclo en el que decisiones judiciales cuestionadas, vacíos legales y prácticas de acaparamiento permitieron que bienes públicos fueran explotados como privados durante años.

Hoy, esas tierras están llamadas a cumplir su verdadero propósito. Ser entregadas a campesinos, impulsar la producción agrícola y avanzar en la redistribución que por décadas ha sido una deuda histórica del Estado colombiano.

El caso plantea la cuestión sobre cuántos otros predios siguen en manos de particulares bajo esquemas similares. Y hasta dónde llegan las redes de poder que han permitido que la tierra, uno de los recursos más valiosos del país, termine concentrada en unos pocos mientras millones siguen esperando una oportunidad.

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