Federación Internacional por los Derechos Humanos advierte graves amenazas para la democracia si Abelardo De La Espriella llega al poder

Una de las organizaciones de derechos humanos más influyentes del planeta encendió las alarmas sobre el proyecto político de Abelardo de la Espriella. A pocos días de la segunda vuelta presidencial, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) advirtió que varias de las propuestas del candidato podrían representar riesgos para las libertades democráticas, el Estado social de derecho, la implementación de la paz y la protección de millones de víctimas en Colombia.

La recta final de la campaña presidencial quedó marcada por una advertencia internacional que sacudió el debate político colombiano. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), organización con presencia en más de cien países y reconocida mundialmente por su trabajo en defensa de las libertades fundamentales, emitió un duro pronunciamiento sobre la candidatura de Abelardo de la Espriella y los efectos que podrían tener varias de sus propuestas en caso de llegar a la Casa de Nariño.

El documento fue publicado apenas días antes de la segunda vuelta presidencial y no pasó desapercibido. La organización aseguró que varias iniciativas promovidas por el candidato representan potenciales amenazas para la democracia, los derechos humanos y las instituciones creadas para proteger a las víctimas del conflicto armado.

La primera gran preocupación tiene que ver con la propuesta de replicar en Colombia el llamado «modelo Bukele». De la Espriella ha defendido la construcción de megacárceles y medidas para acelerar capturas y encarcelamientos. Sin embargo, la FIDH recordó que experiencias similares han sido ampliamente cuestionadas por organismos internacionales debido a denuncias de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y afectaciones masivas contra jóvenes y personas de escasos recursos.

La organización fue particularmente contundente al afirmar que este tipo de modelos terminan persiguiendo a los eslabones más débiles de las estructuras criminales mientras los grandes responsables de la violencia permanecen intactos. Según la FIDH, lejos de resolver el problema de la inseguridad, estas políticas pueden terminar criminalizando la pobreza.

La federación también expresó profunda preocupación por la propuesta de recuperar el control territorial mediante el uso intensivo de la fuerza militar y el regreso de los bombardeos aéreos. Según el organismo internacional, este tipo de medidas podrían tener graves consecuencias humanitarias y entrar en tensión con normas del Derecho Internacional Humanitario relacionadas con la protección de la población civil.

La advertencia cobra especial relevancia en un país que durante décadas sufrió las consecuencias del conflicto armado y donde las discusiones sobre operaciones militares siempre han estado acompañadas por denuncias sobre posibles afectaciones a comunidades vulnerables. Además de uno de los momentos más alarmantes del conflicto colombiano de la mano con los llamados “falsos positivos”, y de la vinculación de figuras políticas nacionales en casos de masacres. 

Otro de los puntos más preocupantes del comunicado está relacionado con la intención de desmontar parte de la arquitectura institucional creada tras el Acuerdo de Paz. La FIDH cuestionó directamente las propuestas de eliminar, fusionar o debilitar entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia para la Reincorporación y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

La organización fue categórica al señalar que acabar estas instituciones significaría abandonar compromisos adquiridos por el Estado colombiano y reducir las garantías para millones de víctimas que todavía esperan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. «Desmontar esta arquitectura implica abandonar el Acuerdo de Paz, desproteger a quienes ya están en riesgo y favorecer el crimen organizado», señaló el comunicado de la FIDH.

La controversia crece aún más cuando se revisan las propuestas de política exterior defendidas por el candidato. La organización internacional manifestó preocupación por los planteamientos de retirar a Colombia de organismos como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para la FIDH, una decisión de ese tipo dejaría a millones de personas sin mecanismos internacionales de protección cuando la justicia interna no responda adecuadamente.

La entidad también advirtió que eliminar embajadas y reducir la presencia diplomática colombiana podría aislar al país en momentos de enorme incertidumbre global. 

La FIDH recordó antecedentes relacionados con la libertad de prensa y señaló que un juzgado ordenó a De la Espriella retractarse por comentarios dirigidos contra una periodista, al considerar que constituían violencia basada en género. Además, mencionó acciones judiciales promovidas por el candidato contra periodistas que investigaron aspectos de su patrimonio y de su entorno político.

El caso más recordado es la demanda presentada contra el periodista Daniel Coronell, que posteriormente fue retirada. Para la organización, este tipo de actuaciones pueden generar presiones indebidas sobre el ejercicio libre del periodismo. A todo esto se suman investigaciones periodísticas que la FIDH considera relevantes para el debate público.

La federación citó publicaciones de medios como Cambio y Vorágine sobre presuntas relaciones económicas y comerciales vinculadas a personas investigadas por corrupción y paramilitarismo. Entre ellas aparece la información según la cual empresas relacionadas con Alex Saab habrían transferido más de 370.000 dólares a cuentas vinculadas a De la Espriella entre 2014 y 2015. También se mencionan investigaciones relacionadas con la compra de un predio en Becerril, Cesar, asociado a familiares del narcoparamilitar Hugues Rodríguez Fuentes, conocido como alias «Comandante Barbie».

Aunque la organización aclaró expresamente que rige la presunción de inocencia y que ningún abogado puede ser responsabilizado por las actuaciones de sus clientes, sostuvo que la acumulación de cuestionamientos documentados exige respuestas públicas claras de quien aspira a dirigir el país.

La FIDH concluyó con un llamado contundente a la sociedad colombiana para mantenerse alerta frente a propuestas que, bajo el argumento de combatir la inseguridad, puedan traducirse en retrocesos para derechos conquistados durante décadas. Una advertencia internacional que llega en uno de los momentos más decisivos de la campaña y que pone bajo el reflector global el proyecto político de Abelardo de la Espriella.

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