La imagen de un jet privado estadounidense aterrizando en Colombia para movilizar a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella es el centro de un debate jurídico que podría tener implicaciones tanto en Colombia como en Estados Unidos. Las fotografías, videos y registros de vuelos conocidos durante las últimas semanas reabrieron preguntas sobre el origen de los recursos que respaldaron la candidatura presidencial del hoy presidente electo y sobre la eventual violación de las estrictas normas que prohíben la financiación extranjera de campañas electorales.
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La controversia tomó fuerza después de la publicación de una extensa investigación de La Nueva Prensa, en la que se documenta la participación del empresario y abogado estadounidense Dan Newlin, reconocido por ser uno de los mayores donantes del presidente Donald Trump y antiguo nominado por este para ocupar la embajada de Estados Unidos en Colombia.
Según la investigación periodística, Newlin no solo habría acompañado públicamente la campaña de De la Espriella, sino que puso a disposición de la misma su avión privado, un Cessna Citation Latitude, matrícula N444DN, conocido como «Dan Force One», utilizado en diferentes desplazamientos realizados durante la segunda vuelta presidencial.
Avión de magnate de EE. UU. en campaña de De la Espriella destapa evidencias sobre financiación ilegal https://t.co/tnrEJ7hpeD a través de @lanuevaprensaco
— Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) July 9, 2026
Las imágenes muestran la aeronave movilizando integrantes de la campaña en recorridos por Cartagena, Medellín, Bogotá y Sopó, además de la presencia activa del propio Dan Newlin en eventos políticos donde repartía camisetas, balones y participaba junto al cantante Andrés Cabas, la empresaria Marianne Schaller y otros aliados del entonces candidato.
El punto que hoy genera mayor controversia no es únicamente la utilización del avión, sino el eventual valor económico que representó ese apoyo. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1475 de 2011, el Acto Legislativo 01 de 2009 y el artículo 396A del Código Penal, las campañas presidenciales en Colombia tienen prohibido recibir financiación directa o indirecta proveniente de personas naturales o jurídicas extranjeras.
La restricción no solo aplica para dinero en efectivo. También cobija los llamados aportes en especie, categoría dentro de la cual podría entrar el préstamo gratuito de una aeronave privada para actividades de campaña. Precisamente ese es el punto que hoy está siendo cuestionado por distintos sectores políticos y jurídicos. La investigación sostiene que el uso del jet privado constituye un beneficio económico que debía ser reportado oficialmente dentro de los informes financieros entregados al Consejo Nacional Electoral.
🎥 #SeñalInvestigativa La huella de Dan Newlin en la campaña presidencial de De la Espriella
— Revista RAYA (@revistaRAYA) July 10, 2026
Dan Newlin, abogado y empresario estadounidense cercano a Donald Trump y financiador de sus campañas, desempeñó un papel visible en el respaldo internacional a la candidatura de… pic.twitter.com/elJN0LLM6Q
Sin embargo, al revisar la plataforma Cuentas Claras, utilizada por todas las campañas presidenciales para registrar ingresos y gastos, el reporte correspondiente a la candidatura del movimiento Defensores de la Patria muestra un dato que ha despertado nuevas dudas. En el apartado correspondiente a donaciones aparece registrado un monto de cero pesos por aportes. Para los investigadores, ese dato contrasta con el enorme despliegue logístico observado durante las semanas finales de campaña.
La Nueva Prensa sostiene que solo los costos de transporte aéreo privado durante la segunda vuelta podrían representar cientos de millones de pesos, teniendo en cuenta que el alquiler de un jet ejecutivo para trayectos nacionales puede oscilar entre 40 y 90 millones de pesos por vuelo, dependiendo del recorrido, combustible, tripulación y disponibilidad del hangar. A ello se suman conciertos, tarimas, logística, merchandising, publicidad y eventos masivos que, según el reportaje, superarían ampliamente las cifras reportadas oficialmente.
Las conexiones internacionales también llaman la atención. En los recorridos de campaña apareció Andrés Depew, ciudadano colombo-estadounidense que trabaja en Mar-a-Lago, el exclusivo club privado de Donald Trump en Florida. Depew publicó numerosas fotografías junto a Abelardo de la Espriella utilizando prendas con el logotipo oficial de las empresas Trump y también compartió imágenes del recorrido realizado en el «Dan Force One».
Oiga, señor Abelardo, ya usted respondió sobre porque el señor Dan Newslin puso 1.9 millones de dólares en Google para hcerle publicidad a usted, está ese gasto reflejado en sus cuentas.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 6, 2026
¿No sabe que el apoyo financiero extranjero está prohibido por la constitución?
Ante su…
En algunas fotografías incluso aparecen integrantes de la campaña utilizando prendas y cobijas con el Sello Oficial del Presidente de los Estados Unidos, símbolo cuyo uso se encuentra regulado por la legislación federal estadounidense. La investigación también menciona al empresario español Javier Negre, fundador de varios medios digitales de orientación conservadora, quien igualmente acompañó parte de la campaña presidencial y promovió internacionalmente la candidatura del abogado colombiano.
El caso adquirió una dimensión política aún mayor después de que el presidente Gustavo Petro afirmara públicamente que existían indicios según los cuales Dan Newlin habría invertido 1,8 millones de dólares en publicidad digital para favorecer a De la Espriella y atacar a sus rivales políticos. Newlin respondió rechazando esa acusación y negó haber realizado ese aporte económico. No obstante, sí reconoció públicamente su respaldo político al entonces candidato colombiano y difundió en sus redes sociales múltiples publicaciones promoviendo su campaña.
Hasta el momento no existe una decisión oficial de las autoridades electorales que establezca que la campaña de Abelardo de la Espriella incurrió en financiación ilegal. Tampoco se conocen pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral que concluyan que los vuelos del «Dan Force One» constituyeron aportes prohibidos.
Yo no he dicho que Dan Newlin contribuyó a la campaña de Abelardo no son tan tontos.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 6, 2026
La pregunta es: ¿el señor Dan Newlin invirtió en "Meta" 1.8 millones de dólares para pagar propaganda por Abelardo y agregaría y propaganda contra Iván y contra mi? https://t.co/NoxCe8DIXy
Sin embargo, las revelaciones periodísticas han abierto un debate que podría terminar en investigaciones administrativas, electorales e incluso penales, dependiendo de si las autoridades encuentran evidencia de que dichos apoyos logísticos debían ser reportados como financiación en especie.
La discusión no gira únicamente alrededor de un avión privado. Lo que está en juego es determinar si durante la campaña presidencial ingresaron apoyos extranjeros que la legislación colombiana prohíbe expresamente para proteger la independencia del proceso democrático. Mientras las investigaciones periodísticas continúan revelando nuevos documentos, fotografías y registros de vuelo, serán los organismos de control los que deberán establecer si se cruzó una línea que la Constitución colombiana prohíbe de manera expresa.
