Lo que debía ser uno de los días más felices para una niña colombiana terminó convirtiéndose en una pesadilla que, según denuncia su madre, quedará marcada para siempre. Erika Leaneth Valencia Quintero aseguró que fue retenida de manera arbitraria junto a su hija menor de edad en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, cuando ambas llegaban para participar en la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia USAG 2026, certamen deportivo que se desarrolla entre el 15 y el 19 de julio.
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La mujer, firmante del Acuerdo Final de Paz de 2016, hizo pública una extensa denuncia dirigida a la comunidad internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Sistema de Naciones Unidas y a la Federación Internacional de Gimnasia, en la que relata que las autoridades migratorias panameñas les impidieron ingresar al país pese a que, según afirma, tenían toda la documentación en regla.
De acuerdo con el testimonio de Valencia Quintero, ambas presentaron sus pasaportes, visas, documentos de viaje y las credenciales oficiales que acreditaban la participación de su hija en la competencia internacional. Sin embargo, asegura que fueron separadas del resto de pasajeros y conducidas a una sala de retención.
Según su versión, funcionarios de Migración le manifestaron que existía una «circular ante el Consejo de Seguridad Nacional Panameño», razón por la cual era considerada inadmisible para ingresar al territorio. La medida, afirma, también terminó afectando a su hija, quien fue rechazada únicamente por viajar con ella.
Horas después, siempre según el comunicado difundido por Valencia Quintero, funcionarios migratorios le indicaron que la restricción estaría sustentada en el artículo 50 de la legislación migratoria panameña y que la única posibilidad de levantar esa medida dependería de una gestión directa entre los presidentes de Colombia y Panamá.
La denuncia ha despertado una fuerte ola de solidaridad porque, según explica la mujer, durante los últimos diez años ha cumplido de manera estricta todos los compromisos derivados del proceso de reincorporación tras la firma del Acuerdo de Paz. Afirma que nunca volvió a empuñar un arma y que ha dedicado su vida a estudiar, trabajar y sacar adelante a su hija como madre cabeza de hogar.
Mientras tanto, el verdadero golpe lo recibió la menor de edad. La joven deportista había entrenado durante años para alcanzar la clasificación a la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia USAG 2026, uno de los eventos internacionales más importantes del calendario para clubes afiliados al sistema USAG.
En su comunicado, Erika Leaneth describe con profunda tristeza el momento en que tuvo que explicarle a su hija por qué no podía ingresar al país donde competiría. «Hoy, mientras escribo esto, mi hija me pregunta por qué no podemos entrar, por qué nos tratan mal si ella solo quiere hacer la pirueta que tanto practicó. No tengo palabras para consolarla».
La madre sostiene que no solo fue víctima de una retención arbitraria, sino también de un acto de discriminación política por su condición de firmante del Acuerdo de Paz. En el documento enumera varias presuntas vulneraciones de derechos fundamentales. Entre ellas menciona el derecho a la libre circulación consagrado en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la prohibición de discriminación por razones políticas, la afectación al interés superior de la niña establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y la presunta privación arbitraria de su libertad.
Además, responsabiliza tanto al Gobierno de Panamá como al Estado colombiano por lo ocurrido. A las autoridades panameñas les exige una investigación sobre la actuación de los funcionarios migratorios, disculpas públicas y una reparación integral por los daños ocasionados a su hija.
Al Gobierno colombiano le solicita acompañamiento diplomático inmediato, la expedición de un documento que certifique plenamente su condición de ciudadana en proceso de reincorporación y garantías para que los firmantes del Acuerdo de Paz puedan desplazarse internacionalmente sin ser objeto de estigmatización.
Uno de los apartes más conmovedores del comunicado está dirigido a la comunidad deportiva internacional. Valencia Quintero pidió a entrenadores, jueces y familias de las demás competidoras que no permitan que decisiones políticas destruyan los sueños de los niños. «La paz no es un delito. La reconciliación no es una amenaza. Y el futuro de nuestras niñas no puede estar sujeto a los prejuicios de los gobiernos».
El caso también vuelve a poner sobre la mesa la situación de cientos de firmantes del Acuerdo Final que han denunciado dificultades para su proceso de reincorporación y para ejercer plenamente sus derechos dentro y fuera del país.
Mientras la menor perdió la posibilidad de competir en la jornada inaugural del torneo continental, Erika Leaneth insiste en que seguirá acudiendo a todas las instancias nacionales e internacionales para denunciar lo sucedido. Su mensaje final resume el sentimiento con el que asegura enfrentar este episodio que, más allá del deporte, terminó convirtiéndose en una profunda herida para una familia que creyó haber dejado atrás los años de la guerra. «¡Basta de persecución! ¡Mi hija tiene derecho a volar! ¡La paz es mi credencial, no mi condena!».
