El silencio llegó a las frecuencias que durante años fueron creadas precisamente para romperlo. Las 20 Emisoras de Paz dejaron de emitir su programación habitual luego de una instrucción impartida el lunes festivo 17 de agosto por Inravisión. Desde el martes, las estaciones quedaron enlazadas con Bogotá y comenzaron a transmitir únicamente música, dejando en pausa contenidos periodísticos, culturales y comunitarios que durante años habían servido como puente con comunidades de territorios marcados por la guerra.
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La decisión genera cuestionamientos porque no se trata de 20 emisoras comerciales que puedan modificar su parrilla como parte de una estrategia empresarial. Son frecuencias concebidas dentro del punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz de 2016, precisamente para llevar comunicación pública a zonas históricamente afectadas por el conflicto armado. El propio Sistema de Medios Públicos ha reconocido que estas estaciones fueron diseñadas para contribuir a la convivencia, la reconciliación, la pedagogía sobre el acuerdo y la visibilización de las comunidades.
La orden, según la investigación publicada por El Armadillo, fue comunicada a periodistas y directores mediante un mensaje de WhatsApp. “Nos dijeron que era una orden de la nueva gerente”, contó uno de los periodistas consultados por ese medio, quien pidió mantener su identidad en reserva. La consecuencia fue inmediata. Las voces que producían contenidos desde las regiones fueron reemplazadas por una programación musical centralizada desde Bogotá.
Inravisión les ordenó el pasado festivo a los directores de las 20 emisoras de paz detener su programación. Desde ayer se transmite música en lugar de los espacios que se producen en esas estaciones que fueron creadas con el Acuerdo de Paz de 2016.https://t.co/GBiuOTgzIf
— El Armadillo (@elarmadilloco) August 19, 2026
El problema de fondo no parece ser simplemente un cambio de programación. La discusión está relacionada con qué papel debe cumplir la radio pública en territorios donde todavía existen profundas heridas sociales, dificultades de conectividad, presencia de comunidades rurales y una larga historia de exclusión mediática.
La llegada de Ángela María Mora a la gerencia de Inravisión coincidió con una reestructuración de contenidos anunciada por la administración de Abelardo de la Espriella. El Ministerio de las TIC informó el 16 de agosto que se pondría fin a lo que calificó como “el aparato de propaganda en el Sistema de Medios Públicos de Colombia” y anunció la revisión de contenidos, contratos y convenios, además de la finalización de franjas noticiosas y de opinión en radio y televisión.
El Gobierno aseguró que su propósito es construir “un sistema plural, independiente, transparente y al servicio de la ciudadanía”. Sin embargo, la contradicción que preocupa a periodistas y organizaciones está precisamente en la manera como se está ejecutando esa transformación. Si el objetivo es garantizar pluralidad y fortalecer el servicio público, resulta difícil ignorar que una de las primeras consecuencias en los territorios sea la desaparición temporal de espacios producidos desde las propias regiones.
La particularidad de las Emisoras de Paz hace todavía más delicada la decisión. El proyecto comenzó a implementarse en 2019 y alcanzó las 20 frecuencias previstas en el Acuerdo de Paz con la entrada en operación de Buenaventura, Tierralta, Agustín Codazzi y Riosucio en 2024. Radio Nacional explicó entonces que estas estaciones permitían a las comunidades contar sus historias, necesidades, iniciativas territoriales y expresiones culturales.
Colombia: suspenden la programación de las Emisoras de Paz, red de 20 estaciones que transmiten solo música por orden gubernamental. César Gualdrón analizó para teleSUR la posible razón de la medida.#Colombia #EmisorasDePaz #teleSUR pic.twitter.com/WG9EiAzwMO
— teleSUR TV (@teleSURtv) August 20, 2026
No eran, por tanto, simples repetidoras de una señal nacional. En 2024, Radio Nacional reportaba que las Emisoras de Paz habían superado las 45.000 horas al aire desde el inicio de sus operaciones, con contenidos locales y participación de campesinos, comunidades indígenas, gestores culturales, firmantes de paz, organizaciones sociales, víctimas y habitantes de los territorios.
Ese dato permite dimensionar lo que está en juego. La suspensión de la parrilla no significa únicamente retirar determinados programas de una frecuencia. Significa interrumpir una estructura de comunicación que tardó años en construirse y que tenía como una de sus principales características la producción desde territorios donde históricamente los grandes medios nacionales han tenido una presencia limitada.
El caso de Ituango resulta especialmente ilustrativo. Según El Armadillo, su Emisora de Paz llega a 16 municipios y cubre más de 100 veredas. Allí la programación incluía contenidos relacionados con la vida campesina, música autóctona, expresiones culturales y asuntos ambientales. Jhonatan Sucerquia, artista y gestor cultural y uno de sus oyentes, resumió el temor ante el cambio al advertir que la estación podría terminar convertida “en una emisora más”.
Precisamente el sentido de estas frecuencias era que no fueran una emisora más. Radio Nacional las presentó como una herramienta para reconstruir el tejido social y combatir la estigmatización de territorios afectados por décadas de violencia. La Misión de Verificación de Naciones Unidas incluso visitó algunas de estas estaciones para conocer su experiencia y su aporte a la construcción de paz.
En El Tambo, Cauca, la preocupación también se hizo pública. Jessica Molano, directora de contenidos de la emisora de paz de ese municipio, explicó que el silencio podía representar un incumplimiento del compromiso estatal derivado del Acuerdo de Paz. “Se nos señaló que esta es una medida transitoria, sin embargo, que estemos en silencio genera un incumplimiento directo del Estado al Acuerdo de Paz”, afirmó.
Han apagado las Emisoras de Paz y el sistema de medios públicos en Colombia. ¡Intentan silenciar nuestras voces!
— Jonathan Centeno (@JonathanCem) August 20, 2026
Así comienzan las dictaduras. Convoquemos a fortalecer las redes de comunicación alternativa y popular en Colombia. pic.twitter.com/YKyaI8eDBM
Molano también rechazó la idea de que estas estaciones funcionaran como instrumentos de propaganda. “No somos un medio de propaganda”, sostuvo, al explicar que en esos espacios también se habían denunciado problemas relacionados con la implementación del acuerdo y las dificultades de campesinos y firmantes de paz.
Ahí aparece una de las principales preguntas sobre la decisión. Si existían problemas editoriales, ¿por qué la respuesta debía ser apagar la producción regional completa? Si el objetivo era retirar contenidos considerados políticos, ¿por qué no revisar individualmente las piezas cuestionadas y mantener los programas culturales, comunitarios y territoriales?
Cerca del 90 por ciento de la programación de estas emisoras respondía a los enfoques y necesidades de las regiones. Es decir, la decisión no golpea únicamente una franja informativa nacional, sino una parte sustancial del trabajo producido desde los municipios.
También existe una preocupación laboral. Alrededor de 105 técnicos y periodistas trabajan en las Emisoras de Paz bajo contratos de prestación de servicios, según las fuentes consultadas por ese medio. Algunos tendrían contratos hasta octubre y desconocen qué ocurrirá posteriormente. La incertidumbre alcanza así no solamente a quienes escuchan las emisoras, sino también a quienes han construido sus contenidos desde los territorios.
Por ahora, la nueva administración sostiene que se trata de una medida transitoria dentro de una reestructuración de los medios públicos. Pero precisamente esa falta de claridad aumenta la preocupación. No se ha explicado públicamente cuánto durará la suspensión, qué programas regresarán, cuáles serán modificados ni cuál será el futuro específico de las 20 frecuencias.
Y en las regiones, donde una emisora puede ser mucho más que un aparato que transmite música, el silencio pesa distinto. Allí puede significar perder el espacio donde una comunidad denuncia un problema, anuncia una jornada, cuenta una historia, visibiliza a sus líderes o simplemente demuestra que existe.
Apagar las Emisoras de Paz es incumplir el Acuerdo de Paz y violar la Constitución Política de Colombia.
— Rodrigo Londoño (@TimoComunes) August 20, 2026
¿Cuál es el temor y la prevención hacia las emisoras creadas por el Acuerdo de Paz cuyo fin único es hacer pedagogía de la no-violencia por medio de la cultura y el arte? https://t.co/icfHvB7S7k
La discusión, entonces, no debería reducirse a si una administración tiene derecho a modificar la programación de los medios públicos. El verdadero debate está en determinar hasta dónde puede llegar esa reestructuración cuando toca un compromiso estatal nacido de un acuerdo de paz y cuando sus consecuencias recaen precisamente sobre comunidades que durante décadas reclamaron tener voz.
Las Emisoras de Paz fueron creadas para llevar información y participación a territorios históricamente afectados por la violencia. En 2024, el Estado celebró haber completado las 20 frecuencias y presentó ese cumplimiento como un avance en la implementación del Acuerdo Final.
Ahora, apenas unos años después, esas mismas frecuencias permanecen sin su programación habitual. El Gobierno habla de transformación. Las comunidades y periodistas hablan de silencio. Y en medio de esa disputa, queda la preocupación de que esta decisión, presentada como temporal, termine debilitando uno de los pocos canales públicos construidos específicamente para que las regiones más golpeadas por la guerra pudieran contar su propia historia.
