Tres adolescentes murieron bajo las bombas de una operación militar que Abelardo de la Espriella había presentado ante el país como un “golpe contundente” contra las estructuras armadas de alias Calarcá. Dos tenían apenas 15 años y el tercero 16. La revelación sacudió el balance triunfalista de la denominada Operación Amón y alerta sobre qué información tenía el Estado acerca de quienes estaban en el lugar antes de ordenar y ejecutar el ataque.
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El bombardeo se realizó el jueves 27 de agosto en tres zonas de campamentos ubicadas cerca del río Inírida, en jurisdicción de El Retorno, Guaviare. Diez personas murieron, una fue capturada y otro menor de edad fue recuperado con vida. Pero el balance del ataque sufrió un giro demoledor cuando Medicina Legal avanzó en la identificación de los cadáveres. Entre ellos había cuatro personas de sexo femenino, cinco de sexo masculino y tres menores de edad.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, participaron de manera conjunta y coordinada las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño dirigida por alias Cotiz y perteneciente a la facción comandada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. El resultado inicial fue presentado con contundencia. Nueve de los diez cuerpos pudieron ser identificados. El décimo cadáver continúa bajo análisis forense debido al estado en que quedó después del ataque.
El propio Ministerio de Defensa terminó confirmando el dato que encendió la controversia nacional. “Dos de 15 años y uno de 16 años”, precisó la cartera al informar las edades de los adolescentes muertos. La cifra resulta especialmente estremecedora porque no se trata de un asunto abstracto dentro de las estadísticas del conflicto. Son tres personas que legalmente seguían siendo menores de edad y cuya presencia dentro de una estructura armada debería disparar todas las alertas sobre reclutamiento, utilización de niños y capacidad preventiva del Estado.
Defensa sostiene que los tres eran “combatientes ilegales en función continua de combate” y aseguró que el ataque cumplió “todos los estándares legales” exigidos para operaciones aéreas estratégicas durante su planeamiento y ejecución. También señaló que los cuerpos fueron entregados a Medicina Legal para realizar su identificación. Pero esa explicación no clausura el debate.
Por el contrario, la muerte de los adolescentes obliga a examinar con enorme rigor la inteligencia utilizada para definir el objetivo, la evaluación previa de presencia de menores y las medidas de precaución aplicadas antes de lanzar un ataque de semejante capacidad destructiva. Que los grupos armados recluten niños constituye una atrocidad y una grave violación del Derecho Internacional Humanitario, pero precisamente por esa realidad conocida, el Estado enfrenta un desafío adicional al planear operaciones en territorios donde el reclutamiento infantil es persistente.
Y las señales de alarma existían. Human Rights Watch había advertido sobre aproximadamente 1.500 niños reclutados desde 2021. Datos de la Defensoría del Pueblo recogidos en ese informe muestran que entre 2020 y 2025 las edades más frecuentes de reclutamiento estuvieron entre los 15 y 16 años, exactamente el rango de edad de los tres menores que terminaron muertos en Guaviare. Además, información del Ministerio de Defensa indica que entre enero de 2016 y octubre de 2025 la edad promedio de reclutamiento fue de 15 años y que más del 30 por ciento de los casos reportados involucraron a menores de entre 10 y 14 años.
Ahora el gobierno dice que los tres menores muertos en el bombardeo eran “combatientes”, ¿y entonces qué pasó con eso de “con los niños no te metas”?
— Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) August 31, 2026
Durante años, la extrema derecha ha utilizado de manera conveniente las cifras de la JEP sobre reclutamiento de menores para… https://t.co/G3gv7tgl5f
El Gobierno ha responsabilizado directamente a las organizaciones armadas. “Su reclutamiento y utilización por parte de grupos armados constituye una grave violación al DIH y un crimen de guerra”, afirmó el Ejecutivo, que anunció coordinación con otras entidades para perseguir las redes de captación y castigar a quienes instrumentalizan menores.
No hay discusión sobre la gravedad del reclutamiento infantil. Quienes incorporan menores a la guerra deben responder ante la justicia. Sin embargo, esa responsabilidad de los grupos ilegales no elimina automáticamente el escrutinio que debe existir sobre las decisiones tomadas por las autoridades antes de un bombardeo.
El contraste se hizo todavía más fuerte por la manera en que el propio De la Espriella había presentado inicialmente la operación. El mandatario habló de un “golpe contundente” contra la facción de alias Calarcá, cuando todavía no había terminado la identificación de los cuerpos. El balance pasó posteriormente de ocho muertos anunciados inicialmente a diez, y después apareció el dato que cambió el centro de la discusión nacional, tres de ellos eran menores de edad.
La operación también dejó un arsenal considerable. Defensa reportó 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 milímetros, 22 granadas para mortero, ocho granadas de 40 milímetros, 174 proveedores, 184 minas antipersona, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones. Son cifras que muestran el poder militar de la estructura atacada y la peligrosidad de las organizaciones armadas que operan en la región.
Gritan a viva voz que los niños deben estar primero, pero tres menores murieron en un bombardeo ordenado por este Gobierno.
— Lalis 🐆 (@smilelalis) August 31, 2026
Presidente @ABDELAESPRIELLA , así no.
Los niños, niñas y adolescentes tienen una protección reforzada y no pueden convertirse en víctimas de la guerra ni… https://t.co/oMqfZm1jy5
Pero toneladas de munición y decenas de armas no pueden hacer desaparecer del balance a tres adolescentes. La representante María Fernanda Carrascal reaccionó con fuertes cuestionamientos al Gobierno. Otros líderes de la política nacional advirtieron sobre una posible vulneración del Derecho Internacional Humanitario y calificaron la muerte de los menores como “terrible”. Las críticas apuntan precisamente a que la protección de la infancia no puede aparecer únicamente después del bombardeo, cuando Medicina Legal determina las edades de quienes quedaron entre los muertos.
El país necesita conocer ahora algo más que el inventario del armamento encontrado. Necesita saber qué inteligencia precedió el ataque, qué evaluación existió respecto a la presencia de menores, qué protocolos fueron aplicados y qué revisión independiente se adelantará después de descubrir que tres adolescentes murieron.
El reclutamiento de niños es responsabilidad criminal de quienes los llevan a la guerra. La obligación del Estado, sin embargo, también incluye desplegar todos los mecanismos disponibles para protegerlos. La Operación Amón terminó con diez muertos y un poderoso arsenal incautado. Pero desde la confirmación de Medicina Legal hay tres números que pesan mucho más que cualquier parte militar.
