El Consejo Nacional Electoral podría sufrir la transformación más profunda de las últimas décadas si prospera el proyecto de acto legislativo que un grupo de congresistas acaba de radicar con la consigna “No más fichas políticas”. La iniciativa apunta directamente al corazón de una vieja contradicción colombiana, que los mismos partidos sometidos a vigilancia sean quienes terminen participando en la elección de las personas encargadas de investigarlos, controlarlos y tomar decisiones capaces incluso de comprometer su futuro electoral.
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Los representantes Laura Beltrán, conocida como Lalis, Óscar Benavides, Mauricio Toro, Jorge Palacio y Camilo Torres, junto con los senadores Jennifer Pedraza, Walter Rodríguez, Luis Carlos Rúa, John Amaya, Ferney Silva, Duvalier Sánchez y Esmeralda Hernández, aparecen entre los promotores de una propuesta que pretende cambiar los artículos 264 y 265 de la Constitución.
El planteamiento cuenta con un argumento demoledor a su favor. El CNE decide sobre financiación de campañas, personerías jurídicas, derechos de los partidos, candidaturas y múltiples asuntos que pueden inclinar la balanza del poder político. Pese a semejante responsabilidad, actualmente sus nueve integrantes son escogidos por el Congreso mediante listas presentadas precisamente por partidos y movimientos políticos.
Hoy radicamos junto a @DuvalierSanchez @MauroToroO @JenniferPedraz y @ODBenavidesA una reforma para que el CNE deje de ser un espacio de cuotas y politiquería.
— Lalis 🐆 (@smilelalis) August 31, 2026
El @CNE_COLOMBIA toma decisiones que afectan partidos, candidatos y derechos políticos. Por eso proponemos mérito,… pic.twitter.com/02RYShfN2A
Laura Beltrán defendió la iniciativa y apuntó directamente contra el reparto burocrático. “Hoy radicamos una reforma para que el CNE deje de ser un espacio de cuotas y politiquería”, señaló la congresista. Según Beltrán, las decisiones del organismo “afectan partidos, candidatos y derechos políticos”, razón por la cual sus miembros deberían llegar por “mérito, experiencia e independencia”.
De otro lado, Mauricio Toro resumió la contradicción con una expresión mucho más gráfica. “Ya no va a ser ‘el ratón cuidando el queso’”, escribió el congresista al defender la propuesta. Toro explicó que el proyecto pretende impedir que el Consejo Nacional Electoral continúe funcionando como refugio para figuras que salen de la política partidista y aterrizan casi inmediatamente en la institución que debe vigilar esa misma actividad.
“No más escampadero para políticos quemados”, lanzó el representante, al explicar que quienes hayan sido candidatos o directivos de partidos durante los cuatro años anteriores no podrían aspirar al nuevo organismo. La fórmula representaría un vuelco frente al modelo que acaba de utilizar el Congreso para elegir el CNE del periodo 2026 a 2030.
La propuesta no se limita a cambiar nombres. Pretende desmontar prácticamente todo el mecanismo actual de elección. La Comisión Nacional del Servicio Civil tendría que realizar un concurso público de méritos y producir una lista con las 30 personas mejor calificadas. Después entrarían las altas cortes. La Corte Constitucional escogería tres integrantes, la Corte Suprema de Justicia elegiría otros tres y el Consejo de Estado completaría los nueve puestos restantes.
Vamos a cambiar la forma de elegir al CNE
— Mauricio Toro 🌻 (@MauroToroO) September 1, 2026
No más políticos quemados y debiendo favores!
Proponemos que el CNE sea elegido por las Altas Cortes y con concurso de méritos
Nuestra democracia merece a los mejores! No más fichas políticas! #ReformaCNE pic.twitter.com/V0cgo3Oz5H
También aumentarían las exigencias técnicas. Los aspirantes tendrían que ser abogados, acreditar diez años de experiencia profesional y demostrar por lo menos cinco años de trabajo específicamente relacionado con derecho electoral. Además, deberían superar evaluaciones de mérito, experiencia académica y profesional.
Y aparece otro candado que puede resultar incómodo para buena parte de la clase política. Quien quiera llegar al CNE no podría haber ocupado una dirección partidista, una candidatura o una curul durante los cuatro años anteriores. Después de terminar su periodo, tampoco podría saltar inmediatamente otra vez a la arena electoral. El proyecto plantea prohibiciones durante dos años para ocupar ciertas posiciones políticas o aspirar a cargos de elección popular.
Óscar Benavides fue todavía más enfático al explicar por qué considera necesaria la reforma. “Las decisiones deben estar en manos de personas competentes, que lleguen por mérito y experiencia, no por ser fichas políticas”, escribió. El representante también señaló que los propios autores de la iniciativa han sufrido decisiones que consideran arbitrarias provenientes del CNE y aseguró que la reforma busca evitar que esas situaciones vuelvan a repetirse.
El momento elegido para presentar el proyecto tampoco es menor. Apenas el pasado 25 de agosto, Senado y Cámara se encerraron hasta después de las once de la noche para definir los nueve integrantes del Consejo Nacional Electoral que ejercerán durante los próximos cuatro años.
La votación terminó con siete de nueve puestos en manos de sectores diferentes al Pacto Histórico, que obtuvo únicamente dos espacios. La nueva composición incluye representantes respaldados por el Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, La U, Salvación Nacional, MIRA, Cambio Radical y Pacto Histórico.
¡El CNE tiene que dejar de ser un espacio donde los políticos persiguen y sancionan a quienes piensan diferente!
— Oscar Benavides (@ODBenavidesA) September 1, 2026
Por eso acompañamos a nuestros compañeros @smilelalis, @maurotoroo y @duvaliersanchez en la radicación de un proyecto de ley que busca reformar de una vez por todas… pic.twitter.com/SR0SRhft3P
Aquella jornada volvió a desnudar la lógica de alianzas, cálculos, remanentes y acuerdos partidistas que rodea la conformación de una autoridad que, paradójicamente, debe presentarse ante los ciudadanos como árbitro electoral. El proyecto también propone darle al CNE autonomía presupuestal, administrativa, técnica y organizativa. Sus integrantes dejarían además de denominarse magistrados y pasarían a llamarse consejeros, bajo el argumento de que el organismo ejerce esencialmente funciones administrativas y no jurisdiccionales.
Duvalier Sánchez, Jennifer Pedraza y sus compañeros promotores también quieren reforzar la coordinación entre el CNE y la Registraduría para disminuir decisiones contradictorias alrededor de candidaturas y requisitos electorales. La propuesta incorpora, además, mecanismos de cooperación entre autoridades administrativas y judiciales cuando aparezcan irregularidades relacionadas con la financiación de campañas.
El golpe de fondo, sin embargo, está en sacar las manos de los partidos de la elección directa de sus vigilantes. La reforma podría empezar a funcionar desde 2030, cuando termine el periodo de los integrantes recién escogidos. Antes tendrá que superar un camino político feroz. Como modifica la Constitución, deberá aprobar ocho debates en el Congreso antes de completar su trámite constitucional.
Allí aparecerá la gran prueba. Los parlamentarios tendrán que decidir si están realmente dispuestos a desprenderse de una facultad que durante años ha significado poder, negociación y representación dentro de uno de los organismos electorales más importantes del país. Por eso el proyecto presentado por Beltrán, Toro, Benavides, Sánchez, Pedraza y los demás congresistas va mucho más allá de cambiar unas reglas administrativas. Pone al Congreso frente a una pregunta incómoda sobre la calidad misma del sistema democrático colombiano.
