¡Le cantaron la tabla a Abelardo! Defensora del pueblo arremetió contra el show de los cadáveres de De La Espriella y le lanzó una durísima advertencia

Iris Marín puso un límite al Gobierno de Abelardo de la Espriella. La defensora del Pueblo cuestionó la exhibición de cadáveres, recordó que incluso la guerra tiene reglas y advirtió que el Estado pierde legitimidad cuando convierte la muerte, la humillación y el miedo en instrumentos de poder político.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, lanzó una de las advertencias institucionales más contundentes contra la manera como Abelardo de la Espriella viene comunicando sus operaciones militares. Su mensaje golpeó directamente la espectacularización de las bajas, “El Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel” le recordó a De la Espriella.

Marín habló después de las imágenes de la Operación Azarías, ejecutada el 30 de agosto en Miraflores, Guaviare, contra estructuras vinculadas a alias Iván Mordisco. El balance oficial presentado por el Gobierno fue de 23 muertos y seis capturados, además de dos menores recuperados. “El Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar su fortaleza” reiteró Marín en su pronunciamiento. 

Y es que fue la escenografía utilizada para comunicar esos resultados la que produjo la reacción de la defensora. Abelardo de la Espriella apareció caminando entre bolsas que contenían los cuerpos de personas muertas durante la operación. Para Iris Marín, combatir a los grupos armados es una obligación constitucional, pero convertir los cadáveres en parte del mensaje presidencial cruza un límite que el Estado debería preservar.

“Nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada. Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, manifestó la defensora. Su cuestionamiento no fue contra la existencia de operaciones militares, sino contra una lógica comunicativa que puede transformar el número de muertos en una especie de marcador de éxito gubernamental.

Y la advertencia adquiere todavía mayor peso cuando se observa la radiografía que la propia Defensoría entregó al Gobierno. Actualmente permanecen vigentes 120 Alertas Tempranas territoriales que abarcan 396 municipios y 15 territorios indígenas de los 32 departamentos. Es decir, el verdadero problema de seguridad nacional está muy lejos de poder resumirse en fotografías de cadáveres o cifras de abatidos.

Las cifras son escalofriantes. Entre enero y mayo de 2026, la Defensoría registró 121 ataques con drones que dejaron 21 muertos y 145 heridos. Además, entre 2019 y el 18 de julio de 2026 fueron documentadas 651 masacres con 2.380 víctimas. Ese es el panorama que Iris Marín está reclamando enfrentar con protección efectiva, inteligencia estatal y prevención, no solamente con demostraciones de fuerza.

El desplazamiento también muestra la dimensión de la tragedia. Entre 2017 y lo corrido de 2026 fueron contabilizados 1.002 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 394.839 personas, de las cuales, en promedio, el 35,73 por ciento pertenecía a pueblos étnicos. Solo entre enero y abril de este año, 8.249 personas resultaron afectadas por 46 desplazamientos masivos.

Precisamente por esas cifras, Marín pidió cambiar la vara con la que se mide el éxito de la seguridad. La defensora planteó que deberían privilegiarse indicadores relacionados con vidas salvadas y derechos protegidos, una advertencia especialmente sensible en Colombia después de la tragedia de las ejecuciones extrajudiciales. “Colombia conoce demasiado bien esta historia”, recordó al señalar los peligros de deshumanizar al adversario.

La discusión escaló cuando el ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió que era una “triste equivocación” plantear una posible competencia en crueldad entre el Estado y organizaciones narcoterroristas. Lara defendió el deber constitucional de combatirlas y pidió que la Defensoría acompañara al Gobierno frente al reclutamiento de menores, ataques con drones y estructuras que mantienen sometidas a comunidades enteras.

Iris Marín no reculó. Este lunes respondió al ministro y sostuvo que confía en que el presidente y el Gobierno “puedan reflexionar sobre la forma en que comunican los resultados operacionales”. Al mismo tiempo, extendió la mano para trabajar conjuntamente en Alertas Tempranas, reclutamiento, drones, expansión de estructuras armadas, desplazamiento, confinamiento y vulneraciones sistemáticas del derecho internacional humanitario.

La posición de la defensora resulta especialmente importante porque evita una falsa discusión. Iris Marín no está proponiendo que el Estado renuncie a combatir a organizaciones responsables de homicidios, secuestros, desplazamientos o reclutamiento. Lo que está diciendo es mucho más elemental. Una democracia puede usar legítimamente la fuerza, pero precisamente por ser Estado está sometida a límites que una estructura criminal deliberadamente desconoce.

Por eso su frase final resulta demoledora frente a la política del espectáculo militar. “El Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar su fortaleza”. La autoridad, explicó Marín, se sostiene cuando protege a la población y hace cumplir la ley conservando los límites de la Constitución y la humanidad. Es difícil imaginar una advertencia más necesaria cuando los muertos empiezan a convertirse en escenografía presidencial.

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