Un contrato de $51.628 millones, una evaluación que cambió después de corregir una supuesta “columna oculta” en Excel y una cadena de relaciones que conduce hasta personas vinculadas con uno de los mayores escándalos de contratación de Colombia. La investigación del congresista Hernán Muriel sobre la malla vial de Medellín pone a la alcaldía de Federico Gutiérrez frente a preguntas demasiado graves para despacharlas como una simple controversia política.
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El multimillonario negocio fue adjudicado al Consorcio INFRADETEL para intervenir la malla vial de Medellín. Según los documentos examinados por la investigación, el consorcio está compuesto por Infraestructuras de Colombia S.A.S., INFRACO, con el 90 % de participación, e Ingeniería Telecomunicaciones de Antioquia S.A.S., EDETEL, con el 10 %. Son $51.628 millones de recursos públicos que obligan a revisar con lupa quiénes terminaron contratando con la administración distrital.
Aquí aparece un nombre fundamental. Juan Gonzalo Molina Ayarza, conocido como “El Fantasma”, figura como representante legal del consorcio. La investigación del congresista reconstruye relaciones familiares y empresariales alrededor de Molina que conducen hacia protagonistas del escándalo de Centros Poblados. La investigación configura una cadena de conexiones que exige explicaciones institucionales.
🚨 ¡QUÉ PASARÁ CON ESTOS 51 MIL MILLONES! Ay, Medellín… Hay que querer muy poquito a la ciudad para permitir que un corrupto como Emilio Tapia llegue a adjudicarse un contrato de $51 mil millones para arreglar las carreteras.
— Hernán Muriel (@Hernan_MurielP) September 8, 2026
😡 ¿Cómo así que una “columna oculta” en un archivo… pic.twitter.com/HTCo9btgXg
Entre esas conexiones aparece Juan José Laverde Martínez, condenado por su participación en Centros Poblados. Laverde aceptó mediante preacuerdo responsabilidad por falsedad en documento privado y fraude procesal y recibió una condena de cuatro años. Además, se comprometió a colaborar como testigo en procesos contra Emilio Tapia y Luis Fernando Duque. La investigación de Muriel sostiene que Laverde está casado con una hija de Juan Gonzalo Molina.
Y el nombre de Emilio Tapia no representa una asociación menor. La Superintendencia de Sociedades determinó oficialmente en 2023 que Tapia era controlante de ICM Ingenieros y Omega Buildings Constructora, compañías integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados. Incluso lo sancionó con $232 millones por no revelar esa condición en el registro mercantil. Es un antecedente oficial que dimensiona la gravedad de cualquier conexión empresarial que deba esclarecerse.
Pero el asunto que podría resultar más explosivo está dentro del propio procedimiento de selección. De acuerdo con la investigación del representante a la Cámara Hernán Muriel, otro proponente aparecía inicialmente por delante en la evaluación. Después vino la corrección relacionada con una supuesta “columna oculta” de un archivo de Excel y el orden cambió. El beneficiado finalmente fue INFRADETEL. ¿Qué contenía exactamente esa columna y por qué alteró el resultado?
La expresión “columna oculta” podría parecer una anécdota informática si detrás no hubiera 51.628 millones de pesos públicos. Precisamente por eso resulta indispensable que la Alcaldía de Federico Gutiérrez publique y explique la trazabilidad completa del archivo, sus versiones, fórmulas, metadatos y modificaciones. Con la documentación disponible, no parece razonable pedirle a la ciudadanía que simplemente ignore semejante cambio.
🚨Urgente: Alcaldía de Fico adjudicó malla vial por $51.628 millones a un consorcio presuntamente ligado al entorno de Emilio Tapia, denunció Hernán Muriel https://t.co/U4qK1T2REG
— Alejo Vergel (@YoAlejoV) September 8, 2026
Hay otro capítulo que multiplica las dudas. Según la documentación mercantil recopilada en la investigación, EDETEL tuvo anteriormente el nombre Dozza Clothing y una actividad relacionada con el comercio de prendas de vestir antes de modificar su denominación y objeto. Su participación en INFRADETEL es apenas del 10 %, pero surge una pregunta elemental sobre un contrato vial de semejante dimensión. ¿Qué experiencia acreditó exactamente y mediante cuáles contratos?
INFRACO, la empresa que aporta el 90 % del consorcio, tampoco aparece en esta historia sin antecedentes contractuales relevantes. La investigación recuerda su participación en otro negocio relacionado con la malla vial de Medellín, adjudicado en 2023 por más de $65.000 millones, cuyo acto de adjudicación terminó declarado nulo judicialmente. Ese episodio vuelve todavía más exigible una revisión rigurosa de los antecedentes.
Por eso el cuestionamiento político alcanza directamente a Federico Gutiérrez. No porque los documentos presentados demuestren que el alcalde haya pactado personalmente con Emilio Tapia, sino porque es su administración la que debe responder por un proceso contractual de más de $51.000 millones. Convertir las preguntas en ataques políticos sería una salida demasiado cómoda frente a la magnitud del dinero comprometido.
La investigación del congresista resulta especialmente relevante porque separa una acusación fácil de aquello que documentalmente puede sostenerse. Lo que aparece es una cadena de relaciones familiares, profesionales y empresariales alrededor de Emilio Tapia y de personas conectadas con protagonistas de Centros Poblados.
Centros Poblados dejó precisamente una advertencia sobre la necesidad de mirar detrás de las sociedades y no solamente sus nombres registrados. La Superintendencia terminó declarando a Emilio Tapia controlante de dos sociedades del entramado y lo multó por no haber revelado esa condición. En ese escándalo, Juan José Laverde terminó condenado y admitió delitos relacionados con documentos utilizados dentro de la contratación.
¿Emilio tapia vuelve? 🚨pero esta vez sería de la mano de Fico Gutiérrez… vayan a ver este escándalo y la presunta traición descarada a Medellín. https://t.co/UeP9EOrfDT
— LoreMezza (@lore_mezza) September 8, 2026
Ahora la responsabilidad está en manos de la Alcaldía de Medellín y de los organismos de control. La administración de Federico Gutiérrez debería explicar cómo verificó los antecedentes de los integrantes de INFRADETEL, qué ocurrió exactamente con la “columna oculta”, cómo se produjo la modificación de la evaluación y qué experiencia acreditó EDETEL. No hacerlo dejaría creciendo una sombra alrededor de $51.628 millones que pertenecen a los ciudadanos.
La investigación de Hernán Muriel no necesita afirmar que Emilio Tapia recibió el contrato para encender todas las alarmas. Basta con lo que plantea y documenta para exigir respuestas. $51.628 millones, un resultado alterado después de corregir un Excel, antecedentes contractuales cuestionados y conexiones con personas relacionadas con Centros Poblados. Fico Gutiérrez tiene ahora una tarea sencilla de formular y enorme de cumplir. Explicarlo todo.
