Frenar en los tribunales la fumigación aérea que Abelardo De La Espriella pretendía llevar al Putumayo tuvo un costo aterrador para Jhonatan Enrique Meneses Valencia. Horas después de conocerse la decisión judicial que suspendió provisionalmente las aspersiones con glufosinato de amonio, el joven denunció mensajes intimidatorios en los que lo señalan de narcotraficante, guerrillero y terrorista e incluso hablan de buscarlo y asesinarlo.
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Los pantallazos conocidos muestran el nivel de agresividad que comenzó a rodear al joven. “Ese es un Narco disfrazado de civil”, escribió una cuenta. Otra lanzó la acusación “¿Aliados a la guerrilla? Su fundación estará en el ojo del huracán”. En otro comentario se pregunta si “la ONG de este pelao la financia la narcoguerrilla”, sin aportar prueba alguna. Un cuarto usuario publicó insultos y expresó su deseo de que fuera golpeado.
Meneses no guardó silencio. En un video divulgado en redes sociales puso públicamente la situación en conocimiento del presidente Abelardo De La Espriella, las autoridades del Putumayo y Puerto Asís. “Muy grave. Nos han escrito por internos que somos terroristas, que somos narcotraficantes, que nos van a buscar, que nos van a asesinar”, denunció. Su advertencia pone en alerta la situación, ¿quién protege ahora al joven que acudió legalmente a un juez?
El origen de semejante tormenta está en la acción de tutela radicada bajo el número 2026-00189 por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social. Meneses actuó en representación de esa organización contra la Presidencia y otras entidades. El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís admitió el recurso y suspendió provisionalmente cualquier aspersión aérea con glufosinato de amonio dentro del territorio del Putumayo.
La decisión judicial no significa que la fumigación haya quedado prohibida definitivamente ni constituye todavía un fallo de fondo contra el Gobierno. Se trata de una medida preventiva mientras el despacho obtiene información y estudia los argumentos presentados. La tutela plantea posibles riesgos para derechos relacionados con la salud, el agua y el ambiente sano, asuntos especialmente delicados en un departamento que forma parte de la Amazonía colombiana.
El calendario aumentaba todavía más la tensión. El piloto estaba previsto para comenzar el 15 de septiembre y contemplaba aproximadamente 1.000 hectáreas durante un máximo de siete días. La Resolución 007 del 18 de agosto de 2026 había autorizado una fase experimental con glufosinato. El Gobierno pretendía recopilar evidencia sobre eficacia, precisión, deriva y eventuales impactos sanitarios y ambientales antes de decidir si avanzaba hacia una operación de mayor escala.
Meneses insiste, además, en algo que contradice directamente los señalamientos que circulan contra él. Según sus declaraciones, no se opone a erradicar los cultivos de coca ni se declara enemigo del Gobierno. “Nosotros no estamos en contra de su gobierno, no estamos en contra de sus políticas, lo respetamos”, manifestó al dirigirse a De La Espriella. Lo que reclama es diálogo directo con las comunidades campesinas antes de lanzar químicos desde aeronaves.
#Primicia | @CaracolRadio conoció que el juez tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís (Putumayo), le ordenó al Gobierno de Abelardo de la Espriella suspender la aspersión aérea con glufosinato de amonio hasta tanto se recaude la información requerida y se adopte la decisión… pic.twitter.com/9al6Hwg91x
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 11, 2026
Su propuesta apunta hacia otra dirección. Meneses sostiene que los campesinos necesitan capital semilla, créditos, proyectos productivos y alternativas económicas que permitan una sustitución efectiva. También pidió que De La Espriella viaje al Putumayo y escuche directamente a quienes viven en los territorios donde pretende ejecutarse su política antidrogas. La discusión, entonces, no sería coca sí o coca no, sino cómo combatirla sin convertir al campesinado en daño colateral.
La controversia científica tampoco es menor. Javier Flórez, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz y exdirector de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, ha advertido que el glufosinato ya fue evaluado anteriormente como alternativa al glifosato y cuestionó su eficacia. Según explicó, el producto no tiene las mismas características para provocar una degradación de la planta de coca desde la raíz.
Precisamente por esas incertidumbres, la decisión del juez adquiere una dimensión que supera la historia individual de Meneses. El despacho recordó jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con la fumigación aérea, incluidas las sentencias T-236 de 2017 y T-413 de 2021, y consideró necesario aplicar una protección provisional mientras analiza el expediente. El joven no detuvo personalmente las avionetas. Activó un mecanismo constitucional y un juez tomó la decisión.
Ese detalle vuelve especialmente preocupantes los mensajes divulgados. Criticar una tutela, defender la aspersión o respaldar la política antidrogas de De La Espriella hace parte del debate democrático. Acusar públicamente a una persona de pertenecer o estar financiada por organizaciones criminales sin presentar pruebas es algo distinto. Y cuando alrededor de esas acusaciones aparecen expresiones sobre golpear, buscar o matar al accionante, la discusión política entra en un terreno mucho más peligroso.
Un juez de la República acaba de suspender el piloto de fumigación aérea que este ilegítimo gobierno pretende hacer sobre mil hectáreas en Putumayo.
— Isabel Zuleta (@ISAZULETA) September 12, 2026
El experimento consiste en esparcir un veneno cuyos efectos son desconocidos, durante una semana sobre sobre el territorio, para…
Por eso Meneses lanzó una frase especialmente grave al pedir protección institucional. “Si algo nos llega a pasar, es culpa del Estado colombiano, señor presidente de la República”, afirmó. También solicitó atención de la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación del Putumayo y la Alcaldía de Puerto Asís. Después de haber conseguido que la justicia escuchara sus argumentos ambientales y constitucionales, ahora exige algo mucho más elemental, garantías para seguir vivo.
El episodio deja además una responsabilidad política sobre la Casa de Nariño. De La Espriella puede defender su estrategia antidrogas y controvertir judicialmente la tutela, pero las instituciones tienen el deber de garantizar que quienes utilizan mecanismos constitucionales puedan hacerlo sin convertirse en blancos. Meneses ya consiguió que el Estado detuviera provisionalmente las avionetas. Ahora el mismo Estado enfrenta otra prueba urgente, impedir que defender derechos termine convertido en una sentencia de muerte.
