Abelardo de la Espriella puso a las universidades públicas y a las comunidades educativas en el centro de su discurso de violencia. Anunció en la alocución del pasado 13 de septiembre que la Policía podrá ingresar a los campus y lanzó una frase que encendió las alarmas entre estudiantes y académicos. “Voy a ir por ustedes”, advirtió ante el país. En redes, sectores políticos y sociales están criticando fuertemente esta nueva amenaza y estigmatización contra la población universitaria.
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La expresión completa fue todavía más fuerte. “La autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”, aseguró De la Espriella. El anuncio encendió una discusión que en Colombia carga décadas de sangre, persecución y señalamientos. La Comisión de la Verdad documentó 588 estudiantes asesinados entre 1962 y 2011, un promedio de 12,2 cada año. Además, señaló a agentes estatales como responsables del 36,6 por ciento de asesinatos y desapariciones forzadas de estudiantes en ese periodo.
De la Espriella anunció que su Gobierno creará un protocolo nacional para definir cuándo la Policía podrá intervenir dentro de universidades. Según explicó, se buscará diferenciar la protesta legítima de situaciones de “violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público”. Sin embargo, hasta ahora no se conocen los criterios detallados, los mecanismos de supervisión ni los controles que impedirían excesos de la Fuerza Pública.
El mandatario afirmó que la Policía Nacional será la primera autoridad operativa en esos escenarios y defendió que la autonomía universitaria no puede impedir la aplicación de la ley. También insistió en que protegerá la protesta pacífica, pero advirtió que las universidades no podrán convertirse en “santuarios de la violencia”. El problema está en quién trazará la frontera entre protesta, confrontación y supuesto terrorismo.
RECHAZO LA VIOLACIÓN DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) September 14, 2026
Como lo ha solicitado el expresidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico hará uso de su respuesta a la alocución hecha en la noche de ayer, por Abelardo De la Espriella.
Por mi parte, me referiré a algunos temas abordados en…
Las palabras presidenciales no cayeron sobre un terreno cualquiera. La historia colombiana demuestra que la estigmatización del movimiento estudiantil ha tenido consecuencias mortales. La Comisión de la Verdad documentó 588 estudiantes asesinados entre 1962 y 2011, un promedio de 12,2 cada año. Además, señaló a agentes estatales como responsables del 36,6 por ciento de asesinatos y desapariciones forzadas de estudiantes en ese periodo.
Ese antecedente vuelve especialmente delicado que desde la Presidencia se utilicen expresiones que pueden presentar a los campus como lugares donde se esconden delincuentes. La Comisión de la Verdad advirtió precisamente que la estigmatización y el tratamiento militar de la protesta estudiantil fueron factores que alimentaron durante décadas la violencia contra las comunidades universitarias, especialmente en instituciones públicas.
Las cifras son estremecedoras. Antioquia registró 150 estudiantes asesinados, Cundinamarca 95, Santander 72 y Valle del Cauca 57 entre 1962 y 2011. También hubo víctimas en Atlántico, Córdoba, Norte de Santander, Meta, Tolima y Cesar. La investigación de la Comisión señala que, salvo en 1968, durante todos esos años hubo asesinatos o desapariciones forzadas de estudiantes en Colombia.
Por eso el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica advirtió sobre las graves consecuencias que históricamente han tenido la militarización y la represión en las universidades públicas. La institución recordó que la autonomía universitaria no es un privilegio caprichoso, sino una garantía constitucional asociada a la libertad de pensamiento, investigación, producción de conocimiento, creación artística, deliberación política y protección del debate crítico.
Para un gobierno que sataniza y criminaliza la protesta, esta orden es un cheque en blanco para reprimir al movimiento estudiantil. Bajo la excusa de “combatir el vandalismo”, se abre la puerta a que la fuerza pública entre a las universidades y persiga a quienes se organizan y… pic.twitter.com/d09u2NDdIc
— Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) September 14, 2026
La representante Isabel Vera cuestionó con dureza la propuesta y preguntó si lo que se pretende es que vuelva el paramilitarismo a las universidades. Ana Erazo, también representante, calificó el anuncio como una amenaza directa contra los jóvenes y advirtió que podría convertirse en una retaliación contra un movimiento estudiantil que históricamente ha tenido una fuerte capacidad de organización y movilización.
Nadie discute que una persona que cometa delitos debe responder ante la justicia. La alarma aparece cuando desde el poder se empieza a dibujar una equivalencia peligrosa entre movimiento universitario, protesta y criminalidad. En Colombia esa narrativa no es nueva y los archivos de la violencia demuestran que sus consecuencias pueden superar ampliamente cualquier discusión coyuntural.
La Comisión de la Verdad estableció incluso que los departamentos más afectados concentraron más del 80 por ciento de los casos estudiados y que la persecución a estudiantes estuvo fuertemente relacionada con su asociación, muchas veces indiscriminada, con movimientos insurgentes. Esa doctrina del enemigo interno convirtió durante décadas el pensamiento crítico, la militancia o simplemente la protesta universitaria en factores de riesgo para centenares de jóvenes.
El asunto tampoco puede reducirse a decir que cualquier ingreso policial sería automáticamente ilegal. Existen circunstancias excepcionales de flagrancia y protección de la vida en las que las autoridades pueden actuar. La controversia está en el lenguaje utilizado por el jefe de Estado y en la amplitud del protocolo anunciado, porque una herramienta sin controles claros podría abrir la puerta a intervenciones desproporcionadas contra protestas legítimas.
Incluso en Blu Radio lo reconocen:
— Isabel Vera (@IsabelVeraPacto) September 14, 2026
1. Proponer que se viole la constitución para darle entrada a la fuerza pública a las universidades se trata de un SHOW provocador.
2. Se le declara la guerra a las universidades en general, no sólo a las públicas.
3. Meter fuerza bruta a una… pic.twitter.com/l1jaiEqVDR
“No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, dijo De la Espriella. La afirmación instala además una sospecha general sobre instituciones que reúnen a cientos de miles de estudiantes, docentes, trabajadores y funcionarios. La pregunta es inevitable. ¿Se combate a quienes cometen delitos o se construye políticamente la idea de que las universidades representan un problema de seguridad?
La frase “voy a ir por ustedes” profundiza esa preocupación porque no fue pronunciada por un candidato en campaña ni por un comentarista de redes sociales. Provino del presidente de la República, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y cuando quien controla el aparato estatal habla de entrar a universidades para “sacar” personas y “hacerlas pagar”, cada palabra adquiere consecuencias institucionales.
Colombia ya sabe cuánto puede costar convertir a estudiantes en enemigos internos. Entre asesinatos, desapariciones, torturas, amenazas, desplazamientos y exilios, las comunidades universitarias cargan una historia demasiado dolorosa para tratar este debate como una simple demostración de autoridad. La seguridad debe perseguir delitos comprobados, pero la democracia también exige proteger las aulas de la estigmatización y el miedo.
Era obvio, va a acabar la autonomía universitaria, y empezar a perseguir a líderes estudiantiles.
— ALLIGATOR RIICK 🐊 (@Riicaardoo4) September 14, 2026
Las universidades públicas son la mayor piedra en el zapato de un gobierno con tintes autoritario. https://t.co/Mq9JLBhmqb
Si llegara a hacerse real el protocolo que advirtió De la Espriella, debería conocerse quién autoriza un ingreso, qué pruebas se requerirán, qué papel tendrán los rectores, cómo se garantizará la proporcionalidad y quién vigilará eventuales abusos. Porque perseguir delincuentes es obligación del Estado. Convertir las universidades en escenarios de confrontación política y policial sería repetir una historia que Colombia ya pagó con demasiadas vidas.
