¡Senador Kevin Gómez destapó lo que firmaron Abelardo y Marco Rubio! EE. UU. recibiría información anticipada sobre minerales estratégicos y habría prioridades para impulsar proyectos mineros en Colombia

Un documento firmado con Estados Unidos desató cuestionamientos sobre el futuro de los minerales colombianos. El senador Kevin Gómez reveló cláusulas sobre notificación previa de inversiones, agilización de permisos y cartografía geológica. El Gobierno de Abelardo enfrenta preguntas sobre la soberanía nacional y los beneficios reales del memorando.

Estados Unidos recibiría información anticipada sobre oportunidades de inversión en minerales estratégicos colombianos. Esa es una de las disposiciones del memorando firmado el 8 de septiembre en Barranquilla que encendió las alarmas de los congresistas del Pacto Histórico. El Senador Kevin Gómez divulgó el documento y cuestionó a Abelardo de la Espriella por las condiciones ofrecidas a Washington.

La controversia gira alrededor de tres disposiciones que podrían tener consecuencias para el futuro minero del país. El documento contempla notificaciones previas sobre activos estratégicos, cooperación para elaborar mapas geológicos y agilización de permisos. Gómez señala que estas condiciones evidentemente favorecen los intereses estadounidenses. Su denuncia obliga a De la Espriella a explicar los riesgos para Colombia al suscribir el memorando.

El senador del Pacto Histórico Kevin Gómez Paz publicó el documento el sábado 24 de octubre y lanzó una acusación en contra De la Espriella. «Tengo en mi poder las pruebas de que Abelardo no firmó ningún “acuerdo estratégico” con Marco Rubio», escribió. En su declaración calificó el entendimiento como una capitulación ante los intereses mineros estadounidenses y cuestionó su divulgación tardía.

El memorando fue suscrito el 8 de septiembre de 2026 en Barranquilla durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Según la información oficial, los firmantes fueron Rubio y el entonces canciller Omar Bula Escobar, con Abelardo de la Espriella como testigo de honor. El documento establece un marco de cooperación sobre minerales críticos y tierras raras.

La cláusula más controvertida aparece bajo la denominación inglesa First Look, traducida como Primera Opción de Revisión. Allí se establece que se espera que Colombia proporcione a Estados Unidos una notificación previa sobre oportunidades de inversión en activos de minerales críticos que puedan venderse en el país. La disposición está condicionada expresamente al cumplimiento de las leyes internas colombianas.

Para Gómez, esa notificación anticipada abre la puerta a una influencia indebida de Washington sobre decisiones estratégicas nacionales. El congresista sostuvo que Estados Unidos podría terminar determinando quién explota esos recursos. El senador cuestionó que las referencias a la legislación interna sean suficientes para proteger la soberanía. Según ha explicado, Estados Unidos tendría una posición privilegiada frente a la información y las oportunidades de inversión. Gómez advirtió que no permitirá que De la Espriella comprometa la autonomía del Estado para satisfacer intereses extranjeros.

Otro apartado que genera inquietud corresponde al mapeo geológico. El numeral ocho de la primera sección contempla cooperación para identificar recursos minerales en Colombia, Estados Unidos y otros lugares acordados conjuntamente. Gómez considera que esta disposición podría facilitar el acceso estadounidense a información estratégica del subsuelo nacional, especialmente relevante para industrias tecnológicas, energéticas y de defensa.

La tercera preocupación está relacionada con los permisos. El numeral tres plantea acelerar, simplificar o desregular los procedimientos necesarios para desarrollar proyectos de minería, separación y procesamiento de minerales críticos. Para el senador, esta orientación podría debilitar controles ambientales y favorecer a grandes compañías. 

Las disposiciones financieras también merecen atención. El memorando contempla garantías, préstamos, inversiones de capital, seguros y acuerdos de compra anticipada para respaldar proyectos mineros. Además, señala que durante los seis meses posteriores a la firma los participantes tienen la intención de adoptar medidas de financiación. Esto sitúa a marzo de 2027 como referencia para evaluar los primeros avances.

La discusión adquiere mayor relevancia por el interés estadounidense en asegurar minerales necesarios para fabricar tecnologías avanzadas y equipos de defensa. El propio documento menciona las necesidades industriales y militares de ambos países. También propone utilizar herramientas de demanda y almacenamiento estratégico estadounidenses junto con las reservas colombianas, una orientación que exige claridad sobre los beneficios y compromisos nacionales.

La segunda sección contiene una precisión fundamental. El memorando declara expresamente su naturaleza no vinculante y establece que no crea obligaciones legales exigibles para ninguno de los participantes. También permite terminar la participación mediante una notificación escrita con treinta días de anticipación. 

Pese a esa condición, la denuncia de Kevin Gómez plantea preguntas políticas legítimas sobre transparencia, prioridades económicas y protección ambiental. Un instrumento no vinculante puede orientar futuras decisiones de inversión y cooperación. Corresponde al Gobierno explicar por qué Estados Unidos recibiría información anticipada, qué datos geológicos se compartirían y cómo se garantizaría que la agilización de permisos respete los controles existentes. La soberanía nacional es la que está en el escenario.

La controversia también coincide con los anuncios del vicepresidente José Manuel Restrepo sobre la promoción de proyectos mineros del Tolima ante inversionistas extranjeros durante la denominada Milagro Week, en Nueva York. Ambas iniciativas refuerzan la necesidad de discutir públicamente el modelo extractivo que pretende impulsar Abelardo en detrimento de los recursos nacionales y la soberanía de los colombianos.

Kevin Gómez puso sobre la mesa un documento cuyas implicaciones merecen vigilancia del Congreso y de la ciudadanía. La administración de De la Espriella debe precisar qué compromisos políticos asumió, qué proyectos pretende impulsar y cuáles serán las garantías ambientales. La cooperación internacional puede ofrecer oportunidades, pero sus condiciones deben conocerse y debatirse antes de convertirse en decisiones sobre el subsuelo colombiano.

ee. uu. tendría prioridad sobre negocios con minerales estratégicos y facilidades para explotarlos

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