Burlarse del rostro de una mujer o convertir su apariencia física en un espectáculo de humillación pública puede constituir violencia de género digital. Así lo estableció la Corte Constitucional en una decisión que terminó con órdenes concretas contra el creador de contenido Cristian Camilo Paredes Forero que utilizó Facebook para atacar a una gestora social de Arauca.
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La sentencia representa un golpe contra quienes pretenden esconder agresiones machistas detrás de la libertad de expresión. El alto tribunal ordenó retirar publicaciones, presentar disculpas públicas y recibir capacitación sobre violencia de género. El mensaje judicial es contundente contra este tipo de violencia que se ha normalizado. Tener miles de espectadores en redes sociales no puede ser la puerta para que algunos creadores de contenido usen la humillación del cuerpo femenino como crítica política. La sentencia le pone freno a los violentadores digitales.
La decisión quedó consignada en la Sentencia T-348 de 2026, divulgada mediante el Boletín 190 del 9 de noviembre. La Sala Cuarta de Revisión, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, estudió una tutela presentada por una mujer que denunciaba publicaciones relacionadas con su cuerpo, apariencia física, intimidad y funciones de proyección pública.
La accionante es Stephany Dayana Ortiz Tafur, gestora social de Arauca y esposa del alcalde Juan Qüenza. La demanda fue presentada mediante su apoderado, Daniel Alfonso Linares González, contra el creador de contenido Cristian Camilo Paredes Forero, a quien se atribuyeron publicaciones reiteradas en Facebook que la afectada consideró hostigantes y discriminatorias.
Una de las expresiones examinadas por el medio muestra el carácter personal de los cuestionamientos. “¿Qué opinan ustedes? ¿Mal procedimiento, mala calidad del bótox o fue un golpe en la cara?”, preguntó el creador digital en una publicación. El comentario trasladaba la atención desde cualquier asunto relacionado con la gestión pública hacia la apariencia física de la mujer.
La Corte examinó cuidadosamente esa diferencia. Reconoció que una persona con visibilidad pública puede recibir cuestionamientos sobre sus actuaciones, decisiones y responsabilidades. Esas expresiones están protegidas constitucionalmente, incluso cuando resultan incómodas. Sin embargo, la protección no significa que cualquier publicación pueda utilizar estereotipos de género para desacreditar a una mujer mediante ataques contra su cuerpo o intimidad.
En su comunicado oficial, el tribunal señaló que varias publicaciones “sexualizaban, cosificaban, instrumentalizaban, minimizaban, desacreditaban o descalificaban” a la accionante. La conclusión resulta especialmente relevante porque identifica una forma de violencia que suele presentarse como entretenimiento, humor o confrontación política, aunque su efecto consiste en reducir a una mujer a sus características físicas y personales.
El fallo también advierte que las consecuencias pueden extenderse mucho más allá de la víctima directamente afectada. Cuando las mujeres observan que participar en asuntos públicos puede desencadenar ataques contra su cuerpo, su sexualidad o su vida privada, pueden encontrar mayores obstáculos para intervenir. La Corte identificó riesgos de autocensura, exclusión y creación de escenarios políticos hostiles.
Por estas razones, la Sala Cuarta de Revisión protegió los derechos de Ortiz Tafur a una vida libre de violencias, la igualdad y la no discriminación, la imagen, la integridad, la dignidad humana y la intimidad personal y familiar. El reconocimiento judicial establece que las agresiones digitales pueden afectar garantías fundamentales y no deben minimizarse por ocurrir en plataformas virtuales.
Las órdenes judiciales tampoco quedaron reducidas a una declaración simbólica. El creador de contenido deberá retirar de Facebook las publicaciones identificadas como violencia de género digital, abstenerse de difundir nuevas expresiones sexualizadas, estereotipadas o degradantes contra la accionante, presentar disculpas públicas, realizar una capacitación sobre igualdad de género y divulgar la sentencia emitida por el tribunal.
La decisión también constituye un llamado al Congreso de la República. La Corte reiteró un exhorto para que el Legislativo atienda las recomendaciones de organismos internacionales sobre prevención, protección, reparación, prohibición y penalización de la violencia de género digital. El pronunciamiento evidencia la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales frente a agresiones que pueden reproducirse y amplificarse rápidamente.
El alcance de la sentencia no significa que esté prohibido cuestionar a las mujeres con responsabilidades públicas ni que cualquier comentario sobre la apariencia constituya automáticamente violencia. La clave está en el contexto, los estereotipos y el carácter degradante de las expresiones. Con esta decisión, la Corte respalda la participación de las mujeres y recuerda que la crítica política no necesita convertirse en humillación machista.
