Treinta y ocho integrantes de la Fuerza Pública asesinados y 213 heridos. Ese es el balance de los primeros 90 días de la administración de Abelardo de la Espriella, según cifras del Ministerio de Defensa. Frente al mismo período del expresidente Gustavo Petro, los asesinatos aumentaron 58 % y los lesionados 72 %, pese a la ofensiva militar anunciada por De la Espriella.
Le puede interesar: ¡Las hijas de Petro rompen el silencio! Lanzan contundente mensaje por las denuncias contra su padre y reciben apoyo masivo
Le puede interesar: ¡Japón le dijo NO a la fundación de la Primera Dama! Donó millonada a las víctimas del terremoto, pero dejó su administración en manos de organismos internacionales
Los soldados están pagando una parte especialmente alta de esta escalada violenta. En el Ejército, los asesinatos pasaron de ocho a 21, un incremento del 163 %, y los heridos aumentaron de 36 a 131, equivalente al 264 %. Detrás de las cifras hay familias humildes y trabajadoras que enfrentan pérdidas y lesiones permanentes, mientras crecen los cuestionamientos sobre la protección de las tropas.
El balance divulgado corresponde al período comprendido entre el 7 de agosto y el 7 de noviembre de 2026. Inicialmente, el Ministerio de Defensa registró 35 uniformados asesinados y 197 heridos, con corte al 5 de noviembre. Sin embargo, un ataque ocurrido dos días después en Santa Rosa del Sur, Bolívar, elevó las cifras a 38 fallecidos y 213 lesionados.
¡La vida de nuestros soldados y policías no es un espectáculo! Abelardo de la Espriella, que nunca prestó servicio militar, aparece disfrazado de soldado en Tibú, posando de comandante y jugando a la guerra. Mientras monta su show, en apenas tres meses de gobierno los uniformados asesinados aumentaron un 58 % y los heridos un 72 %. ¡Mucho uniforme para las cámaras y ninguna respuesta ante la sangre de quienes sí arriesgan la vida por Colombia! #ElMilagroNoLlego
— Gabriel Becerra – Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) November 10, 2026
La comparación con 2022 muestra diferencias importantes entre las instituciones. En la Policía Nacional fueron asesinados 16 uniformados durante ambos períodos, mientras los heridos disminuyeron de 86 a 78. En la Armada Nacional se registró un fallecido y cuatro lesionados, frente a ningún asesinato y dos heridos en el período equivalente del Gobierno anterior.
El Ejército concentra el incremento más pronunciado. Sus 21 integrantes asesinados representan más de la mitad de las muertes registradas en toda la Fuerza Pública durante el período analizado. Los 131 militares heridos también superan ampliamente los registros de las otras instituciones. Estas cifras plantean interrogantes sobre la capacidad de prevención y respuesta frente a ataques contra instalaciones militares.
La dimensión social de estas pérdidas merece especial atención. Históricamente, buena parte de los jóvenes que prestan servicio militar en Colombia procede de hogares populares, barrios de bajos ingresos y comunidades campesinas. Un informe de la Defensoría del Pueblo sobre reclutamiento entre 2008 y 2012 registró que aproximadamente el 82 % de los incorporados pertenecía a los estratos cero, uno y dos.
Esos antecedentes permiten entender por qué la violencia contra los soldados también golpea a sectores sociales con menores recursos económicos. Sin embargo, el balance de 2026 aun no identifica el origen socioeconómico de los 21 militares asesinados. Entre los episodios más graves figura el ataque del 4 de septiembre contra el cantón militar Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander. Integrantes del ELN utilizaron drones cargados de explosivos y asesinaron a tres militares, además de herir a otros cuatro.
El 7 de noviembre, Santa Rosa del Sur sufrió otra ofensiva con drones explosivos. Tres militares murieron y 16 resultaron heridos, de acuerdo con el consolidado publicado por diferentes medios. Fuentes militares consultadas por los medios aseguraron que los atacantes realizaron sobrevuelos de reconocimiento durante tres días, antes de lanzar explosivos contra diferentes sectores del cantón.
Uno de los testimonios describió la presencia de cinco aeronaves, una utilizada para reconocimiento y cuatro destinadas al ataque. El sistema antidrones habría conseguido neutralizar temporalmente la primera, pero no impidió la incursión posterior. El relato plantea preguntas sobre las alertas previas, la capacidad de respuesta y las medidas de protección disponibles para los uniformados.
El balance atribuye al ELN doce asesinatos y 76 heridos, mientras relaciona a las disidencias de las antiguas Farc con diez fallecidos y 52 lesionados. Otros 16 homicidios y 82 heridos permanecen registrados sin responsables establecidos. También aparecen tres lesionados atribuidos al Clan del Golfo y a la delincuencia común, según las categorías del informe.
Las cifras dejan una exigencia concreta para el Ministerio de Defensa y los mandos militares. Además de perseguir a los responsables de los ataques, deben explicar cómo fortalecerán la inteligencia, los sistemas antidrones y la seguridad de las unidades. La discusión también debe reconocer a las familias de los soldados, especialmente a quienes provienen de sectores populares y afrontan las consecuencias de la guerra.
