César Munir Cárdenas Kandanami no consiguió que la justicia obligara a Paula Beatriu a retractarse, rectificar o eliminar sus publicaciones en redes sociales. El Juzgado 56 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá confirmó la improcedencia de la tutela presentada contra la creadora de contenido, ratificando la decisión que había adoptado otro despacho judicial.
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El doble revés judicial representa un resultado favorable para Paula Beatriu, quien denunció públicamente que Cárdenas pretendía silenciar sus cuestionamientos mediante acciones legales. El accionante había exigido retractaciones en Instagram, Facebook y TikTok, además de retirar contenidos relacionados con señalamientos de presunto acoso sexual. Ninguna de esas órdenes fue concedida mediante la tutela que promovió.
La controversia comenzó el 3 de septiembre de 2026, cuando Beatriu publicó un video en el que cuestionaba la presencia de Cárdenas como analista en espacios vinculados al periodista Daniel Coronell. La comunicadora hizo referencia a publicaciones de terceros sobre presuntos hechos de acoso y abuso sexual relacionados con el entorno de la Universidad de los Andes.
Cárdenas respondió mediante una solicitud formal de retractación y rectificación pública, fechada el 7 de septiembre. En el documento exigió que Beatriu difundiera aclaraciones en las mismas tres plataformas y alcanzara una visibilidad equivalente a sus publicaciones originales. También le concedió cinco días hábiles para responder y advirtió sobre posibles acciones judiciales, incluidas las relacionadas con injuria y calumnia.
La creadora de contenido rechazó la exigencia mediante una respuesta del 11 de septiembre. Explicó que no era autora de los señalamientos originales y que había hecho referencia a publicaciones difundidas desde 2023 por una cuenta denominada FueraMunirAcosador. También sostuvo que informar sobre la existencia de señalamientos públicos no equivalía a declarar judicialmente responsable a la persona mencionada.
En su respuesta, Beatriu defendió la libertad de expresión y la posibilidad de discutir públicamente denuncias relacionadas con violencia basada en género. Asimismo, señaló que la inexistencia de un proceso vigente no demuestra automáticamente que nunca hayan existido manifestaciones o señalamientos anteriores. No obstante, manifestó disposición a examinar información verificable y ofreció difundir la versión de Cárdenas.
El conflicto llegó a los tribunales el 21 de septiembre, cuando Cárdenas presentó una acción de tutela. La tutela solicitaba que la comunicadora publicara una rectificación en un plazo máximo de 48 horas y eliminara el contenido del 3 de septiembre. También planteaba actuaciones frente a Meta Platforms y TikTok, así como medidas relacionadas con la cuenta FueraMunirAcosador. El proceso involucró a distintas entidades, entre ellas la Universidad de los Andes y autoridades nacionales.
Bueno…. Creo que ya va siendo hora de revelarles esto con nombres y apellidos. | Te presento mi primer intento de censura por vías judiciales. https://t.co/QSupdixDpg
— Paula Beatriu (@OtraBeatriu) November 10, 2026
El 9 de octubre de 2026, el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá declaró improcedente la acción. Posteriormente, el 6 de noviembre, el Juzgado 56 Penal del Circuito confirmó esa determinación. El fallo de segunda instancia precisó que la improcedencia comprendía todos los derechos invocados y las pretensiones subsidiarias formuladas por el accionante.
La decisión también desvinculó del trámite a los ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Relaciones Exteriores, a Meta Colombia, Facebook Colombia, TikTok Colombia Tecnologías y a la Universidad de los Andes. El juzgado dispuso notificar a las partes y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Después de conocer el resultado, Beatriu publicó un video en el que cuestionó el uso de mecanismos judiciales para exigir retractaciones a jóvenes que participan en debates políticos. La comunicadora sostuvo que había enfrentado un intento de silenciamiento y manifestó que la justicia no la obligó a rectificar. Su interpretación del proceso debe distinguirse de las conclusiones expresas del fallo.
La creadora también vinculó su experiencia con sus críticas a Abelardo de la Espriella y a determinadas prácticas de litigio contra periodistas que han caracterizado a algunas personas vilculadas con la derecha colombiana. Buscan censurar amenazando con la justicia. El resultado es claro para esta controversia constitucional. Cárdenas no obtuvo las órdenes de retractación y eliminación que pretendía, y Paula Beatriu termina favorecida por las decisiones de primera y segunda instancia. La discusión sobre libertad de expresión y reputación continúa sometida a garantías.
