Un contrato de 38.000 millones de pesos, vigilancia armada en puntos sensibles de la ciudad y una empresa bajo investigación por la pérdida de armas de fuego configuran un escenario que hoy sacude nuevamente la confianza en la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. La firma Águila de Oro de Colombia Ltda., incluida en el listado de compañías con licencia suspendida por la Superintendencia de Vigilancia, sigue operando en Bogotá como parte de un contrato activo con la Secretaría de Movilidad, en medio de cuestionamientos por presuntos vínculos criminales y fallas graves en el manejo de armamento.
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La empresa hace parte de las 31 compañías cuya licencia fue suspendida el pasado 14 de abril, luego de que se destapara un escándalo por el robo de armas bajo su custodia, un hecho que abrió la puerta a sospechas de infiltración criminal dentro del sector de la seguridad privada. A pesar de esto, la firma continúa prestando servicios de vigilancia en instalaciones clave del Distrito, incluyendo patios donde se almacenan vehículos inmovilizados, zonas que requieren altos estándares de control.
El contrato en cuestión, identificado como el 2995 de 2025, fue suscrito a través de la Unión Temporal AHM Seguridad 2025, integrada por Águila de Oro y Helam Seguridad Ltda. El contrato incluye vigilancia fija, móvil, con y sin armas, además del uso de medios tecnológicos para garantizar la seguridad en distintas sedes de la Secretaría de Movilidad.
En Bogotá el 62,2% de los homicidios se cometen con armas de fuego. Esto no es delito común, es crimen organizado con control territorial. #NoMásCésarRestrepo
— Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) April 27, 2026
La empresa, además, tiene a su cargo la custodia de los patios donde se guardan vehículos que han sido inmovilizados por la entidad distrital, lo cual preocupa por el manejo que se pueda estar dando de los mismos en relación con la consecución delitos en la ciudad. La vigencia del contrato se extiende hasta diciembre de 2027, lo que significa que, de mantenerse las condiciones actuales, la empresa seguiría operando durante varios años más.
El origen del escándalo está directamente relacionado con el hurto de armamento. Investigaciones preliminares apuntan a que un exfuncionario identificado como Elkin David Polanco Pérez, quien durante más de 14 años tuvo a su cargo el control de las armas, habría sido clave en la desaparición del material. Este hecho no solo destapó fallas internas en los controles de la empresa, sino que también encendió las alarmas sobre la posibilidad de que ese armamento haya terminado en manos de estructuras ilegales.
Las cifras ya tenían en alerta a la ciudad. Mientras algunos informes hablan de hasta 393 armas desaparecidas por parte de las empresas de seguridad en el marco de este escándalo, la empresa que tiene el contrato vigente con Movilidad sostiene que, tras su verificación interna, el número sería de 275. El hecho central del caso es que se trata de un volumen significativo de armas que hoy no tienen un paradero claro, lo que representa un riesgo potencial para la seguridad ciudadana.
¿Sabían que muchas de las armas con las que hoy atracan y matan en Bogotá salieron del mercado legal? Sí. De inventarios de empresas de seguridad privada que luego aparecen “extraviadas”, “fundidas” o perdidas en los sistemas del control estatal. Así funciona la fuga de armas… https://t.co/8Z4bIDdNqZ
— David Rozo (@DonIzquierdo_) March 6, 2026
Frente a las críticas, la empresa ha defendido su posición argumentando que la suspensión de su licencia no está en firme. Según su representante legal, Sergio Alberto Casas Ortiz, la decisión fue apelada y actualmente se encuentra en trámite, lo que le permite seguir operando bajo el principio de presunción de legalidad. “No hay cargos en nuestra contra y estamos ejerciendo nuestro derecho al debido proceso”, ha señalado, insistiendo en que el contrato puede continuar ejecutándose.
Sin embargo, este argumento no ha logrado disipar las dudas. El hecho de que una empresa señalada en un proceso de esta magnitud mantenga un contrato activo con el Estado genera un choque evidente entre lo legal y lo ético. La pregunta que se repite en distintos sectores es cómo una firma en estas condiciones sigue a cargo de la seguridad de infraestructuras clave.
El caso también pone en evidencia posibles vacíos en los mecanismos de supervisión. La Superintendencia de Vigilancia inició un proceso sancionatorio, pero la coincidencia entre la apertura de la investigación y la suspensión de la licencia ha sido cuestionada por la empresa, que asegura no haber sido escuchada previamente. Aun así, la gravedad de los hechos mantiene la presión sobre las autoridades para que actúen con rapidez y claridad.
#BOGOTÁ| La Policía Nacional (@PoliciaColombia) capturó a dos ciudadanos extranjeros señalados de intentar robar a una mujer en la localidad de Puente Aranda. Los hombres habrían disparado contra un vehículo, al notar la presencia de la policía huyeron y posteriormente fueron… pic.twitter.com/JnpjDrN5sE
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 26, 2026
Mientras tanto, el contrato sigue en ejecución. Los pagos se realizan mes vencido, tras la verificación del servicio, lo que significa que los recursos públicos continúan fluyendo hacia una empresa que está en el centro de un escándalo. La posibilidad de una eventual cesión del contrato a otro operador aparece como una opción, pero hasta ahora no se ha materializado.
El impacto del caso trasciende lo administrativo. No se trata solo de un contrato, sino de la seguridad de espacios estratégicos en una ciudad como Bogotá. Cada arma perdida, cada falla en los controles y cada decisión que permitió que este contrato avanzara bajo estas condiciones, alimenta una preocupación mayor.
