Cuatro mil seiscientos setenta y nueve millones de pesos en multa, una resolución contundente y un mensaje claro del Estado ponen contra las cuerdas a una de las mayores empresas de telecomunicaciones del país. Movistar fue sancionada mediante la Resolución 26355 del 15 de abril de 2026 por impedir que sus propios usuarios pudieran cambiarse de operador, una práctica que la Superintendencia de Industria y Comercio calificó como una vulneración directa a los derechos del consumidor.
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La cifra no es menor. $4.679.844.144 deberá pagar Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC, en un proceso que deja en evidencia cómo la compañía habría incumplido obligaciones esenciales del sistema de portabilidad numérica. Según el documento oficial, la empresa no entregó de forma oportuna, y en algunos casos ni siquiera entregó, los códigos NIP solicitados por los usuarios para cambiar de operador, afectando el desarrollo normal del trámite.
El NIP es la llave del sistema. Es el código que permite que el usuario inicie y formalice el proceso de cambio entre operadores. Sin ese número, simplemente no hay portabilidad. La Superintendencia fue clara al señalar que la entrega de este código dentro de los tiempos establecidos es fundamental para garantizar el derecho de elección. Cuando se bloquea ese paso, se bloquea al usuario.
#ElCalentao ☀️| La @sicsuper anunció una multa contra la empresa Movistar por obstaculizar el derecho que tienen los consumidores de cambiarse de operador.
— Señal Colombia (@SenalColombia) April 30, 2026
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Pero las irregularidades no se detuvieron ahí. La investigación también evidenció que Movistar adelantó prácticas de retención durante el proceso, enviando mensajes con ofertas comerciales antes de entregar el NIP. Es decir, intentaba persuadir al usuario en medio del trámite, alterando un proceso que por norma debe ser neutral. Esta conducta fue denunciada incluso por otros operadores del sector.
El origen de la sanción no fue casual. Se acumuló una serie de denuncias que alertaron a la autoridad sobre estas prácticas. La Superintendencia, en una fase inicial, incluso impartió una orden administrativa para que la empresa corrigiera su comportamiento y evitara la reincidencia. Sin embargo, según la resolución, Movistar no presentó evidencia de haber cumplido con esa instrucción, lo que agravó su situación.
El golpe no es solo económico. Es institucional. La Superintendencia de Industria y Comercio, bajo el enfoque del Gobierno nacional, ha fortalecido su papel como autoridad de control, enviando un mensaje contundente a las grandes empresas. Las reglas del mercado no pueden imponerse por encima de los derechos de los ciudadanos.
#Atención 🚨#LaSICDelCambio sanciona a Movistar con $4.679 millones por obstaculizar la portabilidad numérica: no entregó NIP a tiempo y envió ofertas antes del proceso, vulnerando el derecho de los usuarios a cambiar de operador libremente. pic.twitter.com/qp7WaA9EEX
— Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) April 30, 2026
Y este no es un caso aislado. Paralelamente, Movistar enfrenta otra investigación por cobros no autorizados en servicios fijos. Según la Resolución 21211 del 26 de marzo de 2026, la empresa habría facturado equipos repetidores de WiFi conocidos como Baseport sin el consentimiento previo de los usuarios, afectando a consumidores entre agosto de 2020 y mayo de 2024. Las multas en este proceso podrían alcanzar hasta 15.000 salarios mínimos por cada infracción.
Se observa un patrón de conducta por parte de la empresa, problemas en la portabilidad, cobros inesperados, fallas en la información contractual. Todo esto pone en cuestión la forma en que una de las empresas más grandes del sector ha venido operando frente a sus usuarios.
Desde el Gobierno, la defensa del consumidor no es negociable, la Superintendencia ha reiterado que continuará vigilando el sector telecomunicaciones para evitar abusos y garantizar que los usuarios puedan ejercer sus derechos sin obstáculos.
La decisión aún puede ser apelada. Movistar tiene la posibilidad de presentar recursos de reposición y apelación. Sin embargo, el precedente ya está marcado. La autoridad encontró pruebas suficientes para imponer una de las sanciones más significativas en este tipo de casos.
