La decisión del alto tribunal confirma el fallo emitido por el Tribunal Superior de Antioquia en noviembre de 2025 y deja en firme la responsabilidad penal de Santiago Uribe por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, este último relacionado con el asesinato del conductor Camilo Barrientos Durán, ocurrido en febrero de 1994 en la vía entre Campamento y Yarumal.
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Durante años, el caso de Los 12 Apóstoles fue considerado uno de los expedientes más complejos de la justicia colombiana. Según la investigación judicial, esta estructura ilegal operó en el norte de Antioquia entre comienzos y mediados de la década de 1990 desarrollando un plan sistemático de asesinatos contra personas catalogadas como «indeseables», entre ellas supuestos delincuentes, consumidores de droga o presuntos colaboradores de grupos insurgentes.
Uno de los elementos que más peso tuvo en la decisión de la Corte fueron los testimonios recopilados durante años, entre ellos los del mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses, quien relató el funcionamiento de la organización y la coordinación que, según su versión, existía entre integrantes del grupo armado y algunos miembros de organismos de seguridad. La Sala Penal concluyó que las pruebas habían sido correctamente valoradas y descartó los argumentos de la defensa sobre una supuesta conspiración judicial.
Condena a Santiago. Mi familia está muy abatida, yo creo con todo el respeto que es muy injusto. pic.twitter.com/vipdSWec5N
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 5, 2026
El fallo, de acuerdo con lo divulgado por distintos medios, sostiene que Santiago Uribe no solo tuvo relación con la estructura, sino que desempeñó un papel de liderazgo en la conformación y funcionamiento de Los 12 Apóstoles. La Corte consideró probado que la organización actuaba de manera coordinada y que las decisiones sobre sus víctimas hacían parte de una estrategia previamente definida.
La noticia fue confirmada públicamente por el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien escribió en su cuenta de X que su abogado, Jaime Granados, le había informado sobre la decisión y calificó el hecho como «un tema devastador para mi familia». Ese mensaje rápidamente se convirtió en tendencia nacional y abrió un nuevo ciclo de discusión sobre uno de los capítulos más controvertidos de la historia reciente del país.
Más allá del drama familiar que representa una condena de esta magnitud, el fallo tiene una enorme carga simbólica para Colombia. No se trata de una investigación cualquiera. Se trata de una decisión adoptada por la máxima instancia penal del país después de más de dos décadas de investigaciones, testimonios, recursos y debates jurídicos. La Corte Suprema revisó la impugnación presentada por la defensa y decidió mantener intacta la sentencia.
🔴ÚLTIMA HORA | La Corte Suprema dictamina que Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue el jefe de la estructura paramilitar Los 12 apóstoles, que en los años noventa ejecutó un plan de asesinatos en connivencia con agentes del Estado https://t.co/KvIlVZ6Kj0 pic.twitter.com/JJKiqnK6TZ
— EL PAÍS América Colombia (@ElPaisAmericaCo) June 4, 2026
Diversas organizaciones de derechos humanos han señalado durante años que el caso de Los 12 Apóstoles representa uno de los expedientes más importantes para comprender el fenómeno del paramilitarismo en Antioquia y las relaciones que, según múltiples investigaciones, existieron entre actores armados ilegales y sectores de poder regional. La confirmación de la condena vuelve a poner sobre la mesa esa discusión histórica que el país todavía no termina de resolver.
El impacto político tampoco ha pasado desapercibido. En plena campaña presidencial, la ratificación de esta condena revive el debate sobre el legado del uribismo y sobre su respaldo a la campaña de Abelardo De la Espriella, que hoy reivindican esa tradición política como una de sus principales banderas. Para numerosos analistas y ciudadanos, resulta inevitable señalar qué mensaje recibe el país cuando una campaña busca el respaldo de dirigentes y estructuras asociadas a un movimiento político que vuelve a quedar golpeado por una decisión judicial de semejante magnitud.
⚖️📑 ¿Qué sigue en el proceso penal del jefe paramilitar Santiago Uribe Vélez? Aquí dos puntos: 1) no procede el recurso extraordinario de casación ante la Sala de Casación Penal de la @CorteSupremaJ —órgano de cierre— porque ya se decidió la impugnación especial de la doble… pic.twitter.com/9WMu6Efgp8
— Sergio Mesa ⚖️ (@sermeca) June 5, 2026
Quienes han cuestionado esa cercanía sostienen que la discusión no se limita a una responsabilidad individual, pues la sentencia vuelve a recordar uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano. A su juicio, una democracia que intenta cerrar las heridas de la violencia no puede ignorar las decisiones de la justicia ni minimizar el significado histórico de una condena por hechos relacionados con el paramilitarismo.
La responsabilidad penal es estrictamente personal y la decisión judicial recae únicamente sobre Santiago Uribe Vélez. Sin embargo, el debate político que produce una sentencia de esta naturaleza es inevitable. Cuando una campaña política como la de De la Espriella sigue reivindicando figuras, discursos y liderazgos vinculados al mismo entorno, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse cuál es la distancia real que existe entre ese pasado y el proyecto que hoy se presenta como alternativa de poder.
La ratificación de la condena no solo cierra un largo capítulo judicial. También reabre la discusión ética y política sobre la memoria, la verdad y las responsabilidades históricas. En un momento en el que Colombia decide su futuro en las urnas, el fallo de la Corte Suprema recuerda que las heridas del conflicto siguen presentes y que las decisiones de la justicia alcanzan incluso los escenarios de la actual campaña presidencial.
