Con una votación que dejó sin palabras incluso a sus críticos, la Cámara de Representantes aprobó de manera unánime una reforma largamente esperada que busca ponerle freno al desangre financiero de las universidades públicas y corregir una injusticia histórica que las tuvo al borde del colapso durante décadas. Fueron 107 votos a favor y ninguno en contra para modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, un cambio estructural que hoy se concreta bajo el gobierno de Gustavo Petro y que marca un antes y un después para la educación superior estatal.
Le puede interesar: Petro lo dijo sin miedo: “Jamás le daré la mano a un nazi”. El duro mensaje tras la llegada de la extrema derecha al poder en Chile
Le puede interesar: Laura Restrepo se rebela y cancela su presentación en el Hay Festival por darle tribuna a las peticiones intervencionistas y guerreristas de María Corina Machado
La decisión rompe con el viejo esquema que condenaba a las universidades a sobrevivir con incrementos presupuestales atados únicamente a la inflación. A partir de ahora, el aumento anual de los recursos dejará de calcularse con el IPC y pasará a basarse en el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices) del Dane, un indicador que refleja los gastos reales que enfrentan estas instituciones. Una vez se surta la conciliación con el Senado y el presidente Gustavo Petro sancione la ley, el nuevo modelo empezará a regir desde el Presupuesto General de la Nación de 2027.
La reforma responde a un reclamo que durante años encendió las calles, paralizó universidades y evidenció el abandono estructural al que fue sometida la educación pública. Rectores y estudiantes venían advirtiendo que mientras los costos crecían muy por encima de la inflación, el presupuesto seguía atado a una fórmula que no correspondía a la realidad. Las cifras son demoledoras: mientras el IPC de 2024 fue del 5,2 %, el Ices alcanzó variaciones del 18,32 % en el primer semestre y del 9,58 % en el segundo, una brecha que explica por qué el déficit acumulado hoy ronda los 17 billones de pesos.
El Congreso aprobó una una reforma histórica propuesta por el #GobiernoDelCambio que reivindica la lucha estudiantil, aumentando de forma permanente la plata para las universidades públicas.
— MinEducación (@Mineducacion) December 16, 2025
Venga le contamos por qué esto es tan importante.#MasPlataParaLaU pic.twitter.com/d03H3Qt0Gr
Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal, fue claro al dimensionar el problema que el actual gobierno decidió enfrentar de raíz. “Estamos hablando de 17 billones de pesos que se desprenden de lo que las universidades han dejado de recibir debido a que los incrementos presupuestales se hacían con el IPC. Sin embargo, los costos reales de operar, medidos por el Ices del Dane, son mucho más altos”, afirmó. Y agregó una frase que desnuda el abandono heredado: “En 1993 las universidades se financiaban casi en su totalidad con recursos del Gobierno. Hoy, la Nación y las entidades territoriales aportan apenas el 55,25 %, mientras que el 44,75 % lo deben generar las propias instituciones a través de la venta de servicios”.
Desde el Gobierno celebraron la aprobación como una victoria histórica. El ministro de Educación no ocultó el alcance político y social de la decisión y aseguró: “Se aprobó en último debate la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para empezar a cerrar una desfinanciación de más de 20 billones de pesos. La educación superior pública deja de depender de la voluntad política y queda garantizada en la ley. Avanzamos, por fin, hacia la educación como un derecho”.
“Se aprobó en último debate la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para empezar a cerrar una desfinanciación de más de 20 billones de pesos. La educación superior pública deja de depender de la voluntad política y queda garantizada en la ley. Avanzamos, por fin,… pic.twitter.com/Du8dZt5Ffq
— MinEducación (@Mineducacion) December 16, 2025
Aunque algunos sectores intentaron sembrar dudas sobre el impacto fiscal, incluso desde la oposición reconocieron la urgencia del cambio. El representante del Centro Democrático Óscar Darío Pérez dejó constancia de sus reparos, pero terminó votando a favor: “Apoyamos que haya recursos para la educación superior pública, y por eso votamos a favor. Pero el aval fiscal es ambiguo y no se midió con precisión la sostenibilidad de este nuevo cálculo”.
La realidad que empujó esta reforma es inocultable. Universidades como la de Antioquia han tenido que vender predios, recortar drásticamente su planta docente y advertir posibles retrasos en pagos de nómina. La Universidad Nacional enfrenta un grave deterioro de su infraestructura y las alarmas de la Contraloría ya se encendieron por el estado fiscal y pensional de las principales instituciones públicas, que acumulan pasivos por más de 8 billones de pesos. Y eso sin contar que en Colombia existen 34 universidades públicas y 30 instituciones técnicas y tecnológicas que operan en condiciones aún más precarias.
Los economistas miden las cosas a través de precios constantes y no corrientes, para no medir la inflación, sino el crecimiento o no, real de las cosas.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025
Estos son los presupuestos reales para educación pública en Colombia en los últimos gobiernos medida en pesos colombianos… pic.twitter.com/NsdYjYB9H9
En ese escenario, la aprobación de esta reforma no solo es una victoria legislativa, sino una señal política contundente: por primera vez en años, el Estado decide enfrentar el problema de fondo y no seguir pateando la crisis. Bajo el gobierno de Gustavo Petro, la educación superior pública deja de ser una promesa y empieza a convertirse en una prioridad respaldada por la ley.
