Nuevo golpe para el uribismo: Corte Constitucional frenó en seco la aspiración de Felipe Córdoba a la Procuraduría

La Corte Constitucional cierra la puerta a la homologación de experiencia para el cargo de Procurador General, frenando la postulación de Felipe Córdoba.

La Corte Constitucional ha publicado la sentencia de constitucionalidad de la reforma a la ley estatutaria de administración de justicia. Esta decisión llega en un momento crucial, luego de que se especulara sobre los movimientos políticos para posicionar al excontralor Felipe Córdoba como nuevo Procurador General de la Nación, en sustitución de Margarita Cabello, cuyo mandato finalizará en 2025.

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La Corte Constitucional, en su sentencia del 29 de mayo, ha declarado la inexequibilidad del segundo parágrafo del artículo 128 de la ley, el cual permitía que candidatos al cargo de Procurador General homologaran su experiencia en profesiones afines para cumplir con los años requeridos. Este fallo impacta directamente las aspiraciones de Felipe Córdoba, quien buscaba consolidar su experiencia de 10 años combinando sus títulos en derecho y otras disciplinas.

Previamente, la Corte Suprema de Justicia había solicitado al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que consultara al Consejo de Estado sobre el perfil adecuado para el cargo de procurador general. Esta consulta pretendía esclarecer si la experiencia profesional en áreas relacionadas al derecho podría ser válida para candidatos al puesto. Sin embargo, la reciente sentencia de la Corte Constitucional ha cerrado esta posibilidad, subrayando que las competencias jurídicas específicas son esenciales para estos cargos.

La sentencia reitera que los jueces y magistrados deben tener una formación y experiencia exclusivamente en derecho para asegurar la calidad de sus decisiones judiciales. La Sala Plena de la Corte Constitucional enfatizó que las calificaciones en otras áreas profesionales no pueden reemplazar la experiencia jurídica necesaria.

El debate sobre los requisitos para el cargo de Procurador General se intensifica con una demanda presentada por el abogado Joel David Gaona. Esta demanda busca que la Corte Constitucional aclare que la homologación de experiencias, permitida por la Ley 2039 de 2020, no es aplicable al cargo de procurador general. Función Pública, en un concepto emitido recientemente, respalda esta postura, afirmando que dicha ley se refiere únicamente a empleos públicos de carrera administrativa obtenidos mediante concurso de méritos, lo cual no incluye al procurador general, quien es nombrado por el Senado de la República a partir de una terna propuesta por el presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

La decisión de la Corte Constitucional también ha resaltado la necesidad de que el Congreso regule claramente los requisitos para el cargo de procurador general, ya que desde el año 2000, con la derogación de la ley que establecía estos requisitos, ha habido un vacío normativo.

En los próximos meses, se espera que diversas entidades, incluyendo la Presidencia, el Ministerio de Justicia y expertos académicos, presenten sus opiniones a la Corte Constitucional sobre este tema. Mientras tanto, la sentencia reciente ha establecido un precedente significativo, reafirmando la importancia de la experiencia jurídica específica para los altos cargos judiciales en Colombia.

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