¡Justicia para las víctimas!: Multinacional Chiquita Brands es declarada culpable por financiación del paramilitarismo

La multinacional estadounidense Chiquita Brands fue hallada culpable por la justicia de EE. UU. de financiar el paramilitarismo en Colombia, tras seis semanas de juicio.

La multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands ha sido hallada culpable de financiar el paramilitarismo en Colombia. Esta decisión fue tomada por la justicia de Estados Unidos tras seis semanas de juicio.

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La empresa ya se había declarado culpable de entregar dinero a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), luego de una investigación del Departamento de Justicia estadounidense.

Según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Chiquita Brands efectuó 100 pagos por más de 1,7 millones de dólares a tres bloques de las AUC: el Norte, el Bananero y el Élmer Cárdenas, entre 1997 y 2004. Estos pagos se realizaron con el objetivo de obtener «seguridad privada» de los paramilitares.

Durante los juicios, la multinacional argumentó que los pagos a las AUC, lideradas por la Casa Castaño, fueron necesarios para proteger a sus trabajadores de las extorsiones y amenazas de los paramilitares. Sin embargo, el abogado de las víctimas, Jack Scarola, afirmó que Chiquita Brands había firmado un «pacto con el diablo», consciente de los crímenes cometidos por los paramilitares, y no podía ser exonerada de responsabilidad pese a las intimidaciones recibidas.

El veredicto de los 10 jueces que escucharon los argumentos declaró culpable a Chiquita Brands. Marco Simons, asesor general de la organización no gubernamental EarthRights International, señaló que este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune.

La organización, que defiende los derechos humanos emprendiendo acciones legales contra poderosas corporaciones, inició este proceso en 2007 con una demanda colectiva federal en nombre de las víctimas de las AUC en Colombia.

Los pagos realizados por Chiquita Brands permitieron que las operaciones delictivas de las AUC continuaran en varias regiones bananeras de Colombia. Exdirectivos, expresidentes y exconsejeros generales de la empresa fueron señalados por las víctimas como parte de este entramado. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mientras la empresa financiaba a los paramilitares, se registraron 97 masacres en la región del Urabá, con un saldo de 607 víctimas entre 1991 y 2011.

Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), recordó que los paramilitares dejaron más de 4.000 víctimas en el Urabá. Señaló que la justicia norteamericana impuso una multa de 25 millones de dólares a Chiquita Brands, pero ese dinero quedó en Estados Unidos, mientras que las víctimas están en Colombia. Vega destacó que ni la justicia ordinaria, ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni Justicia y Paz han impartido justicia con respecto a las acciones delictivas de la multinacional en el país. El 30 de abril de 2024, cuando comenzaron los juicios contra Chiquita Brands en Estados Unidos, Vega expresó su esperanza de que la justicia colombiana pronto decida sobre estos temas, ubique responsabilidades e imponga las sanciones necesarias.

Según fuentes consultadas por El Tiempo, aunque fue la justicia estadounidense la que halló culpable a la compañía, se aplicará el Código Civil colombiano, y las víctimas tendrán que ser indemnizadas en consecuencia.

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