Una reciente denuncia ha puesto en el centro de la controversia a la empresa Air-e, uno de los principales distribuidores de energía en la costa Caribe de Colombia. La compañía, bajo el control del empresario Alberto Ríos Velilla, esposo de Darcy Quinn, ha sido acusada de presuntas prácticas anticompetitivas que podrían afectar a casi dos millones y medio de usuarios en los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena.
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Según un informe revelado por CAMBIO, Air-e habría adquirido energía de una empresa dentro del mismo conglomerado, Air-e Generador, a un precio significativamente mayor al del mercado. Este movimiento, que se concretó mediante una licitación pública donde solo participó su filial, resultó en la compra de energía a 689 pesos por kilovatio hora, cuando el precio promedio era de 311 pesos por kilovatio hora. Esta operación ha suscitado una investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Servicios Públicos, debido a la posible violación de las normas de competencia.
¿Entonces el esposo de Darcy Quinn, Alberto Rios, presuntamente se habría comprado energía a su misma empresa pero al doble del precio del mercado, para venderla a precios exhorbitantes?
— Juliana Beltrán 🪐 (@julibmoya) June 9, 2024
Y ¿qué ha dicho la ultra mega buena periodista sobre esto? 🤔Es que me tiene bloqueada 👉🏽👈🏽
El impacto de estas acciones es considerable. La energía comprada a este precio más alto podría trasladarse a las facturas de los usuarios, afectando a 600,000 personas en 2024, 1.5 millones en 2025, y 2.5 millones en 2026. La preocupación es mayor dado que esta región ya enfrenta altos costos de energía debido a su densidad poblacional y condiciones climáticas, factores que incrementan el consumo energético.
El Gobierno ha intervenido, anunciando la asunción de 2.7 billones de pesos de la deuda acumulada por el congelamiento de tarifas decretado durante la pandemia. No obstante, Air-e ha presionado para que no solo se cubra esta deuda, sino que se reestructure la regulación para que tanto las empresas generadoras como los usuarios de todo el país asuman las pérdidas, en lugar de solo los usuarios de la costa Caribe.
Cumpliendo el mandato popular de reducir las altas tarifas de energía en el país, les comparto las medidas con las que los hogares más vulnerables se verán beneficiados en el precio de sus próximas facturas.
— Andrés Camacho M. (@andrescamachom_) June 7, 2024
Aquí les cuento: pic.twitter.com/arZDtcXQdO
La denuncia también sugiere que Air-e ha implementado requisitos excesivamente estrictos en sus licitaciones, dificultando la participación de otros proveedores y asegurando que solo su filial pudiera cumplir con los términos establecidos. Esto ha generado críticas sobre la falta de transparencia y competencia en el proceso.
A pesar de estas acusaciones, Air-e ha defendido sus acciones, afirmando que las condiciones de sus convocatorias fueron transparentes y que no hubo limitación de la competencia. Además, han declarado que el precio de la energía adquirida no se trasladará completamente a los usuarios finales y que el problema radica en que no se les vende energía a los mercados de población vulnerable.
La situación ha llevado a un llamado para una revisión urgente de las prácticas de licitación y adquisición de energía en el sector, así como de las políticas de regulación y subsidios que afectan a las regiones más vulnerables del país. Mientras tanto, la resolución de esta controversia dependerá de las investigaciones en curso por parte de las autoridades competentes, quienes determinarán si las acciones de Air-e constituyen una violación a las normas de competencia y transparencia en el mercado energético colombiano.
